Cuando el Prestige se partió en dos frente a las costas de Galicia un mes de noviembre de 2002 el segundo gobierno de José María Aznar comenzó a dar signos de zozobra. Una enorme movilización ciudadana nucleada en torno al movimiento Nunca Máis se convirtió en el principal ariete contra el Ejecutivo, secundado por los partidos de la oposición ante el que fue uno de los mayores desastres medioambientales en España. Los populares quedaron muy tocados e iniciaron un descenso en las encuestas, lento pero paulatino, que la foto de las Azores y los atentados del 11-M terminaron por sentenciar.

En el cuartel general de los populares creen que el escándalo en torno a la aplicación de la ley de garantía sexual, salida a trompicones del Consejo de Ministros pero con un amplio apoyo parlamentario en el Congreso (205 votos a favor), "será el Prestige del PSOE", según lo describen de forma harto gráfica fuentes del PP.

Nunca una ley, -amparada por el clamor social tras la violación grupal de la Manada- ha hecho tanto daño al Ejecutivo de coalición. Ni otras decisiones tan arriesgadas como el indulto a los condenados por el proceso soberanista, ni la derogación del delito de sedición, ni la rebaja de la malversación -al menos, esta última, por el momento-, ni la reforma del TC, le han están pasando tanta factura.

Mientras tanto los populares miran los acontecimientos desde la barrera. "Hemos esperado cuatro meses a que reaccionaran ante las rebajas de penas y excarcelaciones" de delincuentes sexuales, "ahora que esperen ellos cuatro días", dicen en sentido figurado. Esta es la respuesta ante el interrogante sobre si el primer partido de la oposición apoyará la proposición de ley que el PSOE ha presentado de forma unilateral y que, a juicio de sus socios, es, precisamente, volver al Código Penal de La Manada.

El PP espera el desgaste de Sánchez con sus socios antes de auxiliarle

Destaca el primer partido de la oposición la paradoja de que sea el tema feminista "el que pasa factura" a una coalición gubernamental "que está en llamas". No tienen ninguna prisa en desvelar cuál será el sentido definitivo de su voto mientras socialistas y Unidas Podemos exteriorizan el espectáculo de su enfrentamiento. Haciendo suya la máxima napoleónica de no interrumpir al enemigo cuando se equivoca, los populares se toman su tiempo.

De momento, están analizando la proposición de ley del PSOE, no tanto el articulado, que es prácticamente mimético al del texto que ellos registraron en el Congreso el 20 de diciembre pasado, sino las disposiciones transitorias, ante el temor de que "vuelvan a hacer otra chapuza" que no solucione el problema de fondo. El objetivo, aseguran fuentes de la dirección nacional, es ver "si hay garantías para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido" con la rebajas de penas y las excarcelaciones.

Han escocido especialmente entre las filas populares las palabras del portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, cuando el pasado lunes, tras presentar el texto de la proposición con la que corregir una ley de su propio Gobierno, se abrió a negociar con todos los partidos representados en la Cámara a excepción del PP, que «no quiere la ley", dijo a modo de argumento. Sin embargo, dado el rechazo que han cosechado la proposición y las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, entre las fuerzas de la izquierda y soberanistas, resulta complicado hacerle ascos a los votos provenientes del PP.

"Sectarismo y soberbia de Patxi López"

Además de acusarle de "sectarismo" y "soberbia" recuerdan los populares que si hay un dirigente del PSOE "que no puede decir que no quiere nada de nosotros es él". Y es que López fue el primer presidente no independentista del ejecutivo vasco gracias al apoyo del PP, entre los años 2009 y 2012 y, más tarde, en 2016, presidente del Congreso de los Diputados, también con el respaldo de los populares.

"Si el texto da seguridad jurídica, seremos coherentes", señalan en el entorno del líder del PP respecto a si contribuirán con su voto en el Congreso a arreglar el doloroso desaguisado de la ley del "sólo sí es sí" y la necesidad de modificar al alza el cuadro penológico, aunque del mismo modo recuerdan que "también podríamos pedir que respaldaran nuestra proposición de ley".

El PP se revela contra el mensaje de los morados respecto a que se quiere someter de nuevo a las mujeres a un "calvario probatorio" en caso de ser víctimas de una agresión sexual. Arguyen que en derecho penal "hay que probar lo que se dice que se ha hecho. Menos mal. Imagínate condenar a la gente sin pruebas", poniendo un poco en solfa el concepto del "consentimiento", que ya existía en el Código Penal y que la nueva ley vino a reforzar.

Sentar las bases para una futura ruptura

En todo caso, no deja de planear por el cuartel general de los populares la sospecha de que todo esto no se trate de "un teatrillo para sus respectivas parroquias" de cara al escenario electoral que se avecina o una forma de ir creando el terreno "para romper la coalición cuando más les interese". Se trataría en todo caso de una estrategia arriesgada habida cuenta que el electorado castiga el conflicto interno, el ruido y la desunión por mucho que se trate de dos fuerzas políticas diferentes.