Expulsar a los okupas que generan problemas de convivencia. Siempre que se trate de propiedades de grandes tenedores -más de diez viviendas- y con el objetivo de expropiar esas viviendas durante siete años a favor del ayuntamiento correspondiente. Es la propuesta aprobada este miércoles por el Parlament a instancias de Junts para dar "herramientas a los ayuntamientos para luchar contra las okupaciones conflictivas".

Una propuesta que ha servido, de rebote, para constatar que la política de bloques ha acabado en Cataluña y abrir la puerta a la geometría variable en el Parlament. La ley se ha aprobado con dos transacciones, una pactada con PSC y ERC, la segunda con socialistas y Cs.

La nueva ley habilita a los Ayuntamientos a instar ante la justicia el desahucio de viviendas okupadas cuando se produzca una "alteración importante de la convivencia". Siempre que se trate de propiedades de grandes tenedores que se niegan a actuar contra esa ocupación, con el objetivo de proteger la convivencia.

La transacción pactada con ERC elimina la opción de que sean las comunidades de vecinos las que puedan acudir directamente a la justicia -algo que ahora solo puede hacer el propietario- y obliga a la expropiación durante siete años para dedicar la propiedad a vivienda social.

Con Cs, Junts ha pactado cuestiones de procedimiento, en concreto las vías de notificación al propietario previas al recurso ante los tribunales. Pero la ley, que reforma artículos del Código Civil catalán para habilitar a los ayuntamientos a actuar en nombre de los propietarios, mantiene la expropiación que rechaza Cs.

Síndrome Trias de JxCat

"Esta ley no va a servir de gran cosa", ha advertido la diputada naranja Anna Grau. "Pero si sirve para cambiar el marco mental y que empiecen a reconocer que la okupación es delito y no soluciona ningún problema habremos avanzado". Grau ha dado la bienvenida al giro de JxCat en este terreno, a los que ha advertido de que "les ha entrado el síndrome maricomplejines de Trias, señor de Barcelona de día, okupa de Can Vies de noche".

Grau ha recriminado además a los Comunes su identificación de Cs con el Ibex35. "Ustedes son los candidatos de la PAH" ha respondido, que "en manos de Ada Colau se ha convertido en una maquinaria con prácticas pseudo mafiosas". La diputada de Cs ha recriminado a los morados los casos de sin techo que han muerto en las calles de Barcelona en los últimos días por las bajas temperaturas "y en cambio han convertido Barcelona en el paraíso de los okupas profesionales".

Alcaldes hartos

"Los alcaldes estamos hartos de no poder actuar ante estas situaciones" de "okupaciones delincuenciales" ha denunciado la diputada de JxCat y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas. Un hartazgo que comparten los alcaldes del PSC, principal sostén del proyecto. "Esta ley no va contra los okupas, va contra los grandes tenedores" ha argumentado Madrenas señalando la expropiación de las viviendas para afear a Comunes y CUP su rechazo al texto.

En situaciones en las que los okupas hacen imposible la convivencia a los vecinos "dotamos de herramientas" a los ayuntamientos para que puedan sustituir a los grandes tenedores que se despreocupan de sus propiedades, explican desde Junts.

Los republicanos han defendido, por su parte que se han negociado la ley para "evitar el mal mayor" que ha su juicio suponía la habilitación de las comunidades de vecinos para instar desahucios, y que ahora solo podrán presentar una queja ante su ayuntamiento.

ERC intenta dejar claro también que el objetivo de la ley son los grandes tenedores, y no los okupas. Por ello, argumenta que esta ley permite actuar a los ayuntamientos "ante la dejadez de grandes tenedores que han acumulado vivienda indebidamente".

Este es el punto que explica el rechazo de PP y Vox, que recriminan a los impulsores de la ley limitar la opción de instar al desalojo a las viviendas de grandes tenedores. "Todo lo que no sea desalojo en 24 horas de okupas ilegales no es suficiente" ha advertido el diputado del PP Daniel Serrano.