En una semana copada por la confrontación interna entre los socios de Gobierno a consecuencia del deseo del PSOE de modificar la Ley Integral de Garantía Sexual, coloquialmente denominada como del 'sólo sí es sí', la ministra de Justicia ha sido la primera persona del Ejecutivo en asumir responsabilidades por la legislación de la norma. Pilar Llop ha hecho referencia a los "efectos indeseados" generados por la ley, que ha beneficiado ya a 401 condenados por delitos sexuales. Tanto vía rebajas de penas como de excarcelaciones, que ya superan la treintena.

En el turno de preguntas a la titular de Justicia, Llop ha afirmado que se siente "absolutamente responsable de esta reforma [del 'solo sí es sí'] y asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creemos que tenemos que actuar por las víctimas". Lo ha hecho después de que la presidenta del Partido Popular en Baleares y diputada, Marga Prohens, le instara a contestar a los motivos que llevaron al Gobierno a dar luz verde al proyecto de ley "sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales". A ello, tras asegurar que el marco de la ley es positivo, sigue la actuación de la ley contra la violencia de género y ha sido reconocida por sectores de la sociedad civil y en el entorno internacional, Llop ha añadido que reconoce "la gravedad de la situación". "Los casos me llegan al alma, son niños, mujeres... son agresores a los que he tenido que mirar", ha recordado la ministra en una mirada atrás de su etapa como magistrada. Por ello, ha insistido en que "tenemos que actuar".

Como respuesta, Prohens ha asegurado alegrarse por que el Gobierno asuma responsabilidades. Y ha recordado, como está haciendo el PP en los últimos días -Cuca Gamarra también, en su última comparecencia en rueda de prensa desde las Cortes- que esta ley es de todos los integrantes del Consejo de Ministros. "De Sánchez, de [Yolanda] Díaz, de Marlaska... y es la ley de Llop", se ha reafirmado la balear.

El PP señala abiertamente al PSOE

La parlamentaria popular no se ha limitado a responsabilizar a la cuota socialista del Gobierno de la aprobación de una de las leyes 'estrella', junto a otras como la Ley Trans, de Unidas Podemos. También ha acusado de manera directa a los principales barones del PSOE a nivel territorial. Esta norma "también es la ley de [Emiliano García] Page, de [Guillermo Fernández] Vara, y de [Francina] Armengol", la líder autonómica de su región; de las Islas Baleares. "Es la ley del PSOE", ha insistido. Prohens ha basado su argumento en que todos estos dirigentes socialistas "han optado por callar". Ello, a diferencia de los pronunciamientos de Vara o Page con la supresión de la sedición o la rebaja del delito por malversación consagrados en diciembre.

La ley es del PSOE. De Sánchez, de Díaz y de Marlaska; pero también de Page, de Vara y de Armengol"

Marga Prohens, diputada del PP

En ese sentido, la popular ha reprochado que el PSOE haya presentado una proposición de reforma de manera posterior a la anunciada por el PP. Entendiendo, además de tener dificultades de salir adelante por las diferencias con Unidas Podemos, que se trata de una "copia" de la impulsada por el segundo grupo de las Cortes.

Las palabras de Llop, que cuando se aprobó el proyecto en Consejo de Ministros no ostentaba aún la cartera -lo hacía Juan Carlos Campo- han generado malestar en las filas socialistas. Llegan tras la entrevista concedida ayer a la Cadena SER donde sembró dudas por la norma. "No es de recibo que con esta ley haya producido una bajada de penas; que en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia o intimidación, que robar", apuntaba Llop. Añadió que "un robo con violencia e intimidación está penado de dos a cinco años de prisión, mientras que la agresión sexual" bajo estas características "está castigada con una pena de uno a cuatro años" de cárcel.

El lunes, el Grupo Socialista, con el portavoz Patxi López y la diputada y secretaria de Igualdad del PSOE Andrea Fernández, registró una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley del 'sólo sí es sí' y cortar la rebaja de penas. Ello ha generado malestar entre los socios morados, que consideran que, tarde o temprano, el PSOE cederá a las condiciones exigidas para proteger el consentimiento -algo que los socialistas consideran asegurado- y no volver al estadio anterior de demostración de violencia por parte de la víctima. Los socios de investidura aguardan hasta comprobar si se desencalla el problema, pero, de no suceder, Sánchez tendrá que buscar una salida junto al PP, que no descarta ayudar "sin ideología" para resolver lo que considera un gran problema de desprotección.