La polémica en torno a la ley del solo sí es sí, que tiene abierto en canal al Gobierno de coalición, ha venido acompañada de conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a modo de "casco azul" para intentar reconstruir la convivencia interna en el Ejecutivo. Esos contactos, según ha podido conocer El Independiente, se produjeron, al menos, hasta este lunes en que el Grupo Socialista presentó de forma unilateral una proposición de ley con la que intentar poner fin al goteo de rebajas de penas y de excarcelaciones que pueden alcanzar los 900 casos, según reveló este medio.
Llamamiento de la vicepresidenta segunda a la calma y a la "discreción"
Díaz no se cansa de hacer llamamientos a la calma y a la tranquilidad para remansar las aguas de Gobierno que pasa por el peor de sus momentos. Este jueves, desde los pasillos del Congreso reiteraba la importancia de "cuidar la coalición" y daba carta de naturaleza a los intentos por buscar una salida que satisfaga a todos. "Entiendo el interés, pero pido que no hagamos en abierto las negociaciones. Las formas muchas veces son muy importantes. No necesitamos contar todo lo que hacemos", dijo a los periodistas que la rodeaban al tiempo que insistía en la "discreción".
Precisamente, pocas horas antes, desde los micrófonos de la SER, la ministra de Igualdad, Irene Montero, lamentaba la falta de interlocución con el Ministerio de Justicia desde que Pilar Llop, en esa misma cadena, arguyera el martes que era fácil demostrar la violencia y la falta de consentimiento "con una herida", palabras que no sólo soliviantaron a Unidas Podemos sino que tampoco gustaron en el PSOE.
Montero aseguró que ella, por su parte, "no me he levantado de la mesa". "Llevamos meses hablando e intercambiando propuestas por escrito porque para nosotras es fundamental dar una respuesta unitaria como gobierno. La línea roja estaba en no volver al Código Penal de La Manada", insistía como un mantra, la ministra de Igualdad. Asimismo revelaba que, en privado, la vicepresidenta segunda "me ha transmitido todo su apoyo y que el consentimiento tiene que estar en el centro".
El cierre de filas en torno a Irene Montero incluye a formaciones como ERC y Bildu
No siempre sintió Podemos el aliento y ánimo de Díaz, aseguran. Mientras la titular de Igualdad insistía en que su ley no tenía ninguna falla, la vicepresidenta y su entorno se abrían a la tesis respecto de incorporar cambios en el cuadro penológico para no rebajar las condenas con respecto al Código Penal anterior, y lo hacía apoyada por Izquierda Unida y los comunes de Ada Colau.
Pero los acontecimientos de esta semana, con la presentación unilateral de la proposición de ley por parte del Grupo Socialista —con un texto elaborado por Justicia que no gusta a Igualdad por entender que queda "tocado" el consentimiento— y las palabras de Llop, provocaron un cierre de filas en Unidas Podemos, que descartan de pleno una ruptura de la disciplina de voto dentro del grupo confederal. Asimismo, otras formaciones como ERC y Bildu se han alineado al sector morado del Gobierno.
Precisamente, Díaz ha venido actuando como un puente de comunicación entre Moncloa e Igualdad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también se ha implicado en las negociaciones, que pasan en estos momentos por un impasse. No parece que todos los intentos de la líder de Sumar por encauzar la situación hayan servido de mucho, aunque aún queda un mes de trámite parlamentario para intentar un esfuerzo final antes de la votación.
Sin asunción de responsabilidades políticas ni ceses
De momento, Sánchez ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa, aunque ello no implique la asunción de responsabilidades políticas o ceses por parte de nadie. "Había que resolver el problema", explicó esta semana a sus parlamentarios en una reunión en el Congreso. Resulta "evidente", agregó, que una de las leyes estrella de Irene Montero ha tenido "efectos indeseados... Y me quedo corto", agregó ante los suyos.
Desde el lunes, el inquilino de la Moncloa insiste en transmitir el mensaje de que el Gobierno, al menos el sector mayoritario del mismo, se ha movido, frente a la posición numantina de los morados. Era la única manera de intentar exorcizar el daño político y electoral que les infligen las consecuencias de esta ley, con los barones socialistas en estado de alarma.
Pero el PSOE no tiene hoy por hoy los votos necesarios para sacar adelante su texto salvo que el PP salga en su auxilio. Alberto Núñez Feijóo abre las puertas a un apoyo a pesar del rechazo socialista a negociar con ellos, que ya no a "hablar". Pero aún queda tiempo para eso. Los populares esperan que las relaciones internas en el Gobierno de coalición se deterioren aún más, si es que es posible.
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