El Congreso de los Diputados ha rechazado en el pleno desarrollado este martes la toma en consideración de la propuesta no de ley del Grupo Vox para reformar la ley electoral y declarar inelegible a personas fugadas de la Justicia. Un claro movimiento de la formación que preside Santiago Abascal contra el expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, hoy eurodiputado no inscrito en el Parlamento Europeo. La iniciativa fue registrada el pasado mes de noviembre, y ha sido elaborada por el diputado Javier Ortega Smith, también vicepresidente del partido ultraconservador. La misma ha llegado a debate en un momento importante tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que mantiene la inhabilitación a Oriol Junqueras hasta 2031.

La votación se ha resuelto con el apoyo de 149 diputados conformados por los 52 parlamentarios de Vox, los 88 del PP y los nueve de Ciudadanos. El resto de la cámara ha votado en contra a excepción de dos abstenciones de los diputados María Pita, del grupo mixto, y Jon Iñarritu de EH Bildu, atribuidas a un error de acuerdo con la posición del resto de su grupo. Vox ha planteado la reforma del artículo 6.2 de la LOREG asegurando que "No hay nada menos democrático que el intentar concurrir en igualdad de condiciones con el resto de los posibles candidatos cuando está siendo prófugo de la Justicia; cuando estás despreciando la ley a la que tienes obligación de someterte". Para Ortega Smith no puede haber "márgenes y fisuras" legales.

Frente a la propuesta, partidos independentistas como ERC han tirado de ironía. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ha calificado este epígrafe del debate de "terapia de grupo" ante otra iniciativa de Vox a la que resta legitimidad. Ésta ofensiva contra el independentismo, especialmente el catalán, llega una semana después de que el Congreso, de igual manera, rechazase apoyar la ilegalización de los partidos ubicados ideológicamente en ese espectro. Rufián ha recordado la entrada ilegal de Ortega Smith a Gibraltar en el año 2014, en lo que considera "una frikada".

El exsecretario general de Vox tiene pendiente una orden de detención en el peñón, emitida en el mes de junio tras robar un bloque de hormigón en las aguas de la ciudad británica. Se enfrenta a una petición de diez años de cárcel. Y es que el dirigente de Vox la cogió de un arrecife artificial del entorno asegurando que impedía trabajar a los pescadores españoles. Hoy, ese pedrusco se encuentra en la sede de Vox como trofeo bélico. Cuatro años después, en 2018, Ortega Smith -esquivando cualquier detención-, junto a otros compañeros de partido, acudieron a Gibraltar a nado para colocar una amplia bandera española. "¿Cuándo deja su acta? Quebrantó la ley", le ha preguntado Rufián a Ortega Smith con sorna. "Tiene una infantería terrible, pero cada vez nos los tomamos menos enserio", ha añadido el líder de los republicanos en la cámara baja.

En esa línea, aunque sin elementos jocosos, se ha movido el PSOE en voz del diputado por La Coruña Diego Taibo. Éste ha destacado que resulta curioso que "un prófugo pida perseguir a otro prófugo" e intolerable y antidemocrático que se busque "prohibir que personas que no han sido juzgadas y condenadas puedan ser elegidas". Asimismo, el socialista ha denunciado que este hecho puede fomentar otros como la persecución más dura de rivales políticos o la limitación de derechos. "No se puede perseguir indicios, la presunción de inocencia debe estar presente", ha enfatizado Taibo, que ha resaltado reformas de la LOREG en positivo como la "eliminación del voto rogado".

En la línea crítica, los socios menores del Gobierno, Unidas Podemos, ha reprochado a Vox que no aborde cuestiones que "importan" a los españoles. Entre ellos, "el salario mínimo, los cambios del modelo productivo, fomentar la educación pública que iguala, o dar respuesta a los problemas de la sanidad madrileña", ha apuntado Joan Mena, diputado de los comunes. "Siguen con sus obsesiones: recortar, limitar, encarcelar o prohibir". Y "les sobra cualquier demócrata", ha añadido Mena, que ha resaltado que propuestas similares ya las llevaron a pleno el PP de Pablo Casado o el Ciudadanos de Albert Rivera. "Y miren dónde están", ha vuelto a enfatizar. Mena ha dicho que el punto seis de la LOREG ya recoge la incompatibilidad de la función pública con las cuentas pendientes con la Justicia.

"En Comú está en las antípodas con Puigdemont. Pero trabajamos para que esta democracia sea fuerte. Esta proposición no de ley es contra el diálogo. Dejen de instrumentalizar la ley para perseguir a sus adversarios y asuman que en España el diálogo ha venido para quedarse. Su odio no tiene cabida en una España diversa", ha solicitado Mena.

El PP centra el debate en el independentismo

La diputada Edurne Uriarte, portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso ha definido la propuesta de Vox como un método dirigido al "fortalecimiento del Estado de Derecho y del artículo seis". "Lo que no puede seguir pasando (...) es que políticos con cuentas pendientes con la Justicia que se han aprovechad de las lagunas de la Justicia Europea (...) quieran presentarse a las elecciones". Para Uriarte, los grupos nacionalistas "se han olvidado del Estado de Derecho" y "cometen delitos contra la democracia". En ese sentido ha asemejado el referéndum ilegal de 2017, las leyes de desconexión y la DUI con el asalto institucional de Estados Unidos en 2021 y de Brasil este año.

Por su parte, Ciudadanos tampoco ha entrado a confrontar con Vox y ha ensalzado su ya proposición en el pasado. José María Espejo-Saavedra ha expresado que el PSOE "compra el relato" de victimismo al independentismo y "les indulta, suprime la sedición y rebaja la malversación". Todo, cuando gobiernan en Cataluña o "tienen el doble de representación con menos votos que otras formaciones", en una clara referencia a su propio partido Ciudadanos.