Con una política ya no líquida, sino gaseosa, pocos temas de actualidad resisten en primera línea de la parrilla informativa días, semanas. No está ocurriendo con la ley del solo sí es sí. Su reforma y el choque, sin visos de escapatoria, de los socios, colonizan la agenda política. La sesión de control al Congreso de este miércoles ratificó cómo el Gobierno sigue aprisionado en una rueda de hámster. Abrasándose cada día sin apenas poder colocar mensajes alternativos —2023, año electoral, estaba programado para vender gestión y mucha economía, según la Moncloa— y con la oposición martilleando por la "chapuza" de la norma. Los socialistas no niegan el desgaste, la erosión continua de una guerra interna con la que "solo gana la derecha".

"Esta es una batalla perdedora para la izquierda", indican con rotundidad desde el núcleo duro del presidente, Pedro Sánchez. La cúpula socialista está convencida de que el desgarro que está viviendo el Ejecutivo, la coalición, no beneficia a ninguno de los dos socios. Castiga a ambos. "También es una batalla perdedora para ellas", para la líder de Podemos, Ione Belarra, y para la ministra de Igualdad, Irene Montero, las dos dirigentes que están aguantando el pulso y que no piensan ceder y aceptar la proposición de reforma registrada por el PSOE porque supone "volver al Código Penal de La Manada", al situar de nuevo la violencia o la intimidación de la víctima de una agresión sexual como el elemento decisivo para graduar las penas.

Montero pide una reunión al PSOE y llegar a un acuerdo antes del pleno de toma de consideración, previsto para el 7 de marzo

Los morados, ayudados por ERC y Bildu —las tres formaciones han actuado alineadas—, lograron frenar el primer debate de la modificación del sí es sí, el de toma en consideración de la iniciativa. El PSOE quería que se celebrara el 21 de febrero, pero para cambiar el orden día del próximo pleno necesitaba la unanimidad de los grupos, pero no la recabó por el veto de los independentistas catalanes y vascos y la complicidad de Unidas Podemos. Así que el primer paso parlamentario se dará el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer. Los socialistas creen que hay que proceder a la reforma de la ley "cuanto antes", aunque no quieren tensionar más las costuras de la coalición, y subrayan que acercando el debate al 8-M no es buena estrategia. "No gana nadie", recalcan en las alturas del partido.

La batalla, pues, es "perdedora para toda la izquierda", porque al electorado le desmoviliza el conflicto entre los socios. Y "solo la derecha gana", observan, frotándose las manos por la guerra televisada y en directo entre los dos miembros de la coalición. Sin que la sangría pueda cortarse. Al menos por ahora. "Es que esto no es un pulso, aquí hay un problema muy grave. Esta batalla es de suma cero. No queremos que se hundan, pero esto hay que sacarlo cuanto antes", advierten desde el cuartel general socialista.

La causa feminista siempre ha sido clave para explicar los sucesivos choques dentro del Gobierno. Es más, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual puede verse como un trasunto de todos los dramas que ha atravesado la coalición desde el arranque de legislatura. Porque fue el primer motivo de discordia, hace justo tres años, y ha seguido siendo fuente de conflictos, en diversos momentos, desde entonces. Pero ahora la crisis es más grave. Los dos socios aseguran ser conscientes del riesgo de arribar al 8-M sin un acuerdo interno, pero ninguno se apea del tren. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, entretanto, prefiere ponerse de perfil, no mojarse.

La número dos del PSOE reprocha a Igualdad que priorice el relato a una propuesta que cumpla la condición de subir las penas

En el equipo de Irene Montero en Igualdad señalaban este miércoles que, precisamente para no comparecer divididos el Día de la Mujer, iban a afanarse en negociar con el PSOE y con Justicia. "Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate [de la reforma del sí es sí] llegue a este pleno", dijo la propia ministra en el Congreso, donde volvió a pedir una reunión al aliado mayoritario de la coalición. Igualdad defiende que el pasado fin de semana hicieron llegar su séptima propuesta para cambiar la ley, y que no ha tenido respuesta aún por parte del PSOE.

"Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar probablemente más para el relato que para realmente intentar solucionar el problema", respondió en los pasillos del Congreso la número dos de los socialistas y titular de Hacienda, María Jesús Montero —y negociadora con los morados, junto a su compañero Félix Bolaños—. "Si hay una discrepancia en el núcleo de lo que nos separa y eso es lo que no se toca, se podrán mandar tantas propuestas como cada uno quiera, pero no se avanza".

"Las propuestas no se miden al peso"

La dirección socialista apenas puede disimular su irritación con los socios del Ejecutivo. "Pueden presentar 20 propuestas, pero si inciden en lo mismo es que se está en el relato. Las propuestas no se miden al peso. Igualdad no se mueve, no va al corazón del problema, que es atajar las rebajas de condenas a agresores sexuales en el futuro, igual que nosotros no nos vamos a mover en esto", precisan desde Ferraz. Es decir, que el debate entre PSOE y Podemos continúa siendo "circular", porque para Sánchez es fundamental que se garantice el endurecimiento de penas, y la fórmula que planteó Justicia desde el principio, y que avala el partido, es crear un subtipo agravado. Es decir, que se apliquen penas más severas en las agresiones en las que concurre la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima.

Igualdad no está dispuesta a aceptar que la violencia sea un elemento decisivo. Solo admite que sea una circunstancia agravante. El PSOE no lo admite

Así, una agresión sin penetración y sin violencia se mantendría con el mismo castigo (uno a cuatro años de prisión), pero con violencia subiría (uno a cinco años), y una agresión con penetración y sin violencia se penalizaría igual (cuatro a 12 años de cárcel), pero si hubiera violencia se endurecería el castigo (seis a 12 años). El PSOE recupera el cuadro de penas anterior al sí es sí para los casos con violencia, el elemento que antes permitía distinguir un abuso de una agresión. La ley de Irene Montero unificó esos dos delitos en uno único, agresión, y estiró las horquillas. Es la bajada de algunas penas mínimas y máximas lo que ahora está provocando las reducciones de condenas: ya se contabilizan más de 510 beneficiados por la norma (y una cuarentena de ellos excarcelados).

Para los socialistas, Podemos simplemente "reenvía" una y otra vez su misma propuesta. Los morados aceptan que la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima aparezca como un agravante más en el artículo 180 del Código Penal. Este indica que cuando concurre alguna de las circunstancias citadas —que los hechos se cometan por dos o más personas, que la víctima esté enferma o sea vulnerable, que haya una relación de parentesco o de superioridad, que se utilice un arma o haya sumisión química—, las penas de cárcel serán de dos a ocho años en las agresiones sexuales sin penetración y de siete a 15 cuando la haya. Justicia se opone porque se dispararían las condenas, haciéndolas "desproporcionales", porque ya existe un agravante de "extrema gravedad" (que exige el Convenio de Estambul de 2011) y porque con esta fórmula se deja más margen de interpretación a los jueces, mientras que con la vía del subtipo hay más seguridad, esgrime, de que se aplicarán penas más altas porque el espacio de libertad para los tribunales se estrecha.

En Igualdad insisten en que no se niegan a que la violencia sea un criterio para graduar la gravedad de las penas, pero solo están dispuestos a incluirlo como agravante. Introducirlo como subtipo significaría que "para demostrar la agresión hay que probar la violencia y la intimidación", por lo que se desnaturalizaría el motor de la ley, el consentimiento, y se sometería a la víctima a un "calvario probatorio". Justicia siempre ha alegado que el consentimiento no desaparece, porque no se toca ninguno de los dos artículos del Código Penal en los que se formula —178.1 y 178.2— y porque la redacción de la ley vigente ya dice expresamente que si hay violencia se entiende que no ha habido consentimiento.

Las líneas rojas de los dos socios

"Si ellos plantean que la violencia figure como agravante, también habrá que demostrarla, ¿no? ¿Por qué entonces se niegan?", se preguntan en la dirección del PSOE, donde instan a Igualdad, una vez más, a "enseñar su propuesta". En el equipo de Montero se niegan: creen que ello dinamitaría la negociación y que se trata de alcanzar una "respuesta unitaria", que emane de la coalición en su conjunto. El equipo de la ministra reitera que Montero ya se ha movido en estos meses: que pese a creer que la ley del sí es sí está bien hecha y pese a que no considera necesario modificar las penas, ha accedido a su reforma y a subir las condenas, cuando es un marco punitivista en el que no cree. Pero no transigirá, advierten en su entorno, con su línea roja: la violencia no puede ser determinante para calibrar una agresión, ya que sería tanto como "volver al Código Penal de La Manada". A su juicio, que el PP apoye la propuesta socialista es la prueba fehaciente de que la Moncloa pretende volver al esquema penal anterior. Por eso Podemos habla de discrepancia "profunda" y "política".

Para Podemos, la prueba de que la iniciativa del PSOE vuelve al "Código Penal de La Manada" es que la apoya el PP

Ferraz, entretanto, ve diferencias meramente "técnicas", y continúa defendiendo que "solo con la fórmula planteada por Justicia" [aquí en PDF], que ha contado con el asesoramiento de sus penalistas, garantiza futuras rebajas de penas —no se podrá frenar, en ningún caso, las revisiones de casos cometidos hasta la entrada en vigor de la reforma, porque el reo siempre se beneficia de la ley más beneficiosa—. "Es la única manera que ven los expertos del ministerio, así que en esa parte técnica no hay margen, porque además no podemos consentir que se provoque una segunda revisión de condenas", subrayan. Es decir, el Gobierno no puede sumar un segundo fiasco.

Prácticamente la única vía posible que ven los socialistas es que alguno de los socios habituales presenten una propuesta alternativa que cumpla esas dos condiciones, endurecer las penas y no tocar el consentimiento. "Si la hay, la estudiaremos, pero hoy por hoy no se ha producido", dicen. En ningún caso la dirección de Sánchez está dispuesta a renunciar a su texto, así que no lo retirará del Congreso.

En el núcleo duro del presidente recalcan que han "callado" mucho en los tres meses en los que se ha prolongado la negociación interna. Tres meses que son "muchos cuando hay ruido fuera" y continúan las revisiones de penas. "Lo hemos llevado más tarde de lo que es razonable en términos políticos", remachan. De ahí que la determinación de Sánchez sea total. Él mismo, en sus últimas intervenciones —la de este mismo miércoles en el Congreso, frente al PP—, repite que su Ejecutivo está afanado en "resolver el problema".

La duda, ahora mismo, es si el PSOE sacará adelante su reforma con sus socios o bien con el PP, además de con el PNV y PDeCAT, que han brindado su apoyo. En Ferraz mantienen que la modificación legal se aprobará "con quien la vote", sin importar si es gracias a los populares: "Lo que nos preocupan son las mujeres, la alarma social". El PSOE acusa a Igualdad de seguir "en noviembre", de no haberse movido, y "si no se tiene claro el diagnóstico, es imposible poner solución". "No están entendiendo la realidad de lo que pasa", lamentan. Aunque en el conjunto del partido no se ponen pegas a un eventual apoyo de los conservadores, también hay dirigentes que alertan del peligro que comporta, porque el electorado progresista "no lo entendería", le generaría "desconcierto y desazón".

Ferraz sigue sin descartar el apoyo del PP a la vista de que Montero no se mueve: "No están entendiendo la realidad de lo que pasa"

Las conversaciones, pues, se alargarán como poco hasta el 7 de marzo. Los socialistas podrían pedir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, una sesión extraordinaria para el 23 de febrero, como este miércoles retaba el PP. Pero esa no es la vía elegida, precisamente para dar más margen al diálogo y bajar el suflé, con la esperanza de que Podemos transija. Con la alternativa del adelanto "descartada", persisten en la Moncloa, solo queda ir tachando días del calendario. Más de dos semanas y media de fuego cruzado. Con el interrogante de qué ocurrirá con la coalición si la reforma prospera con el PP.