El callejón sin salida en el que se hallan sumidas las relaciones comerciales entre España y Argelia ha llevado a algunos empresarios españoles con negocios en el país árabe a explorar todas las vías a su alcance. Según avanza en exclusiva El Independiente, parte de las firmas afectadas por el bloqueo de las operaciones de comercio exterior con España preparan ya una reclamación patrimonial contra el Estado español.

El mecanismo está consensuado por cerca de una veintena de empresas con sede social en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas con elevada exposición al mercado argelino. Alegan que el giro copernicano del Gobierno español en el contencioso del Sáhara Occidental, tras 47 años de neutralidad activa, les ha provocado unas pérdidas económicas que crecen a diario, una panorama inasumible a medio y largo plazo y que está poniendo en jaque la viabilidad de algunas de las compañías.

El objetivo es lograr una indemnización por las lesiones que han sufrido las empresas como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Uno de los requisitos es que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Se estima que las pérdidas de todas las empresas españolas con transacciones en Argelia superan ya los 600 millones de euros.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -al frente del que continúa Reyes Maroto, candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid- ha sido hasta ahora el interlocutor con los empresarios afectados. Desde el Gobierno el mensaje que se ha trasladado es, que pese a reconocer que no midieron las consecuencias del volantazo en el Sáhara, se ha optado por Marruecos frente a Argelia como mercado en el que favorecer la inversión patria. Altos cargos del ministerio han llegado incluso a sugerir a los empresarios que “cambien de país” y amonestarles por "haber colocado todos los huevos en la misma cesta".

Criticas a la gestión del ministerio de Maroto

La principal reclamación era que el ministerio estableciera una partida para abonar “compensaciones económicas en concepto de daños y perjuicios y asegurar así la continuidad durante el periodo que dure este bloqueo”, señalan a este diario fuentes empresariales. El departamento de Maroto ha descartado tal escenario y ofrece, en fase aún embrionaria, compensaciones por contenedor perjudicado, tanto enviado como perdido o no cobrado. Una opción que no convence a los afectados. “Hacer una tabula rasa de indemnizaciones por contenedor es una limosna que no se ajusta a la justicia, al montante de los perjuicios y a nuestras necesidades”, detallan.

“No veo ningún interés por resolver esto. De ahí la reclamación patrimonial”, esbozan desde los empresarios, que han establecido la asociación de empresas afectadas por la crisis de Argelia y hacen un llamamiento a otras compañías en situación similar a sumarse a la iniciativa.

“Es la única alternativa que nos han dejado”, lamentan. El plazo de presentación de la reclamación expira el próximo junio, cuando se cumple un año de la decisión de la patronal bancaria argelina de suspender las transferencias desde y hacia España con el trasfondo de la crisis diplomática que desencadenó el apoyo de Pedro Sánchez al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

En 2021 las exportaciones desde España hacia Argelia supusieron 2.700 millones de euros, frente a los cerca de 9.500 millones de euros de las exportaciones con Marruecos como destino. Las empresas afectadas por el cierre del mercado argelino y participantes en la reclamación patrimonial tienen una facturación que oscila entre los 2 y 12 millones de euros y se enfrentan, además, a la rescisión de contratos si la crisis diplomática no se reconduce pronto.

La lista de demandas

Las compañías han elaborado un listado de cinco demandas dirigidas al Estado. Entre las medidas exigidas, figuran "indemnizaciones, acordes a los contratos firmados y soportados por las empresas y en vigor a la fecha de la incidencia y no realizables sus suministros en el ejercicio de 2022" así como "ayudas directas y continuas en el tiempo para hacer frente a los coste fijos y de estructura de cada empresa en función de su afectación e incidencia de la perdida de mercado".

También han pedido "compensaciones y medios de financiación para soportar los aprovisionamientos y almacenaje de los componentes o productos realizados y específicos para el cumplimiento de los contratos firmados en 2022". Para las empresas implantadas directa o indirectamente con cuota en el mercado, reclaman compensación de los costes. Las compañías exigen "soporte legal e institucional por los daños y perjuicios causados a nuestra imagen y confianza por los clientes en el mercado argelino, así como la bajada de nuestros rating de riesgo con aseguradoras y bancos". Sin respuesta, de momento, del Ejecutivo.