La licitación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) cerró en enero el periodo de presentación de ofertas y ya se encuentra en fase de evaluación.

Se trata de un contrato con un valor de 47 millones de euros, el doble que el anterior, y que tendrá una duración de dos años. El objetivo es que en el mes de mayo se produzca el relevo en la empresa adjudicataria.

Para las empresas que optan a la licitación del servicio, aspectos indicados en los pliegos como la renovación de la flota de ambulancias, la subrogación de la plantilla existente y el compromiso de un incremento del 16% del sueldo de los trabajadores han sido determinantes para hacer sus ofertas. Para el SCS, el reto está en definir cuál de las opciones es la óptima para acabar con las críticas y dar un servicio de calidad en un aspecto imprescindible en la atención a la población.

En los últimos años, el servicio de transporte sanitario en Cantabria ha ido a cargo de Ambuibérica, que forma parte de HTGroup. Ha gestionado el servicio de transporte sanitario cántabro desde 2012, aunque los trabajadores llegaron a manifestarse en varias ocasiones e incluso amenazaron con ir a los tribunales si el SCS no cubría los impagos por parte de la empresa. Además, la sección sindical de UGT denunció el estado y "los fallos constantes" de los monitores desfibriladores de las ambulancias SVA (Soporte Vital Avanzado).

SCS se planteó la posibilidad remunicipalizar la gestión del servicio, opción que hizo que Ambuibérica reprochara públicamente la actitud de la Consejería de Sanidad y el SCS. El grupo se vuelve a postular para gestionar el transporte sanitario pero dejando de lado el lote vinculado al transporte programado, para centrar esfuerzos en el de urgencia, si bien no se presenta como Ambuibérica, sino con otra de las empresas del grupo HTGroup, la filial histórica en León, Autransa.

Otro de los candidatos que se han presentado para la gestión del transporte sanitario urgente de la región (que supone 33,7 millones de euros) es la empresa vasca Ambulancias Maiz. La empresa de Guipúzcoa centra su experiencia en el País Vasco y Aragón.

Para gestionar el transporte sanitario aragonés, en 2020 Ambulancias Maiz creó una UTE con la empresa catalana Ambulancias Egara. El ‘caso DYA’ hizo que aparecieran en algunos medios, ya que uno de los imputados, Fernando Izagirre, era representante de la empresa vasca en esta UTE. En esta ocasión, según consta en las actas del proceso de licitación, la compañía vasca va de la mano de la empresa Blue Mobility & Healthcare Services, SL, vinculada a Ambulancias Lafuente. Esta empresa de transporte sanitario con origen en Rubí (Barcelona) fue adquirida en 2018 por uno de los gigantes del transporte por carretera de Cataluña, el grupo Sagalés, cuya actividad principal se centra en el transporte de pasajeros por carretera.

La licitación proponía otro lote, aparte del servicio de urgencias, para el transporte sanitario programado. Dos empresas se presentaron a la totalidad del concurso, pero una de ellas, la valenciana Diavida, se retiró al no presentar toda la documentación solicitada para que su oferta pasara a consideración del órgano decisor.

Por ello, solo una empresa opta al contrato completo, la andaluza SSG (Servicios Sociosanitarios Generales), implantada en el territorio nacional con más de 20 delegaciones en España y una plantilla de 2.300 profesionales que gestionan el servicio de ambulancias en la mayoría de las provincias de Andalucía y de Castilla-La Mancha, si bien en septiembre de 2022 el sindicato UGT en Córdoba exigió una reunión con la empresa por las deficiencias que denciaba en el traspaso del servicio en esta región y para garantizar la aplicación del convenio de los trabajadores que se habían quejado de varias incidencias en el proceso con su entrada en el servicio.

En Sevilla SSG ganó el concurso en primera instancia, pero su principal competidor en la zona, Ambulancias Tenorio, impugnó el concurso elevándolo al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARJA), que lo declaró desierto. En este momento siguen las negociaciones para intentar desencallar esta situación sin que sea necesaria una nueva licitación.

El concurso de ambulancias en Cantabria, que se abrió a principios de enero, cerró este martes el plazo para presentar ofertas, tras ampliarse en una semana más por las múltiples consultas realizadas por parte de las empresas concurrentes y se espera que haya una resolución en los próximos días.