El PP intenta cerrar el debate del aborto: "El voto más conservador ya se fue a Vox"

Si bien con la sentencia del Tribunal Constitucional el PP creía más que cerrado el capítulo en torno a la ley del aborto que su partido recurrió en 2010, la bola de nieve no ha hecho más que crecer. Ahora se trata de dilucidar si el partido que tiene más papeletas para gobernar el país a partir de las próximas elecciones generales considera la interrupción del aborto un derecho de las mujeres o no, cuestión sobre la que los populares caminan por el alambre. Bien es cierto que desde Génova insisten en que los sectores más conservadores del partido, -representados en antiguos dirigentes como los ex ministros Jorge Fernández Díaz o Jaime Mayor Oreja- y los votantes más ultramontanos están en horas bajas "o se han ido a Vox" y han dejado de tener predicamento dentro del partido.

De hecho, destacan la paradoja de que Fernández Díaz fue ministro del Interior de un gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy "que sólo tocó de la ley lo de las niñas de 16 y 17 años" para que pudieran interrumpir su embarazo con conocimiento y/o consentimiento paterno, cuestión que Alberto Núñez Feijóo también rescatará de gobernar. Nada más. Distintas fuentes consultadas explican que el PP "ha evolucionado con la sociedad" desde su rechazo inicial a aceptar la ley de plazos de Bibiana Aído, que el líder del PP calificó de "correcta" y que además, recuerdan en Génova, "tiene ya el aval del Constitucional".

Génova no quiere verse arrastrada en una polémica que "nos distrae de la ley del sólo 'sí es sí'"

Feijóo hizo ayer el enésimo intento de cerrar este asunto que "nos distrae de la ley del sólo 'sí es sí'", donde los populares quieren poner el acento dada la lucha fratricida en el seno del Gobierno de coalición. «Hay un interés por desviar la atención de los problemas actuales», dijo en este sentido el líder del primer partido de la oposición. En resumidas cuentas, señaló que el aborto "no es un derecho fundamental", pero sí "una actuación de la mujer que se debe solo adoptar de acuerdo con la legislación", además de "un derecho sanitario".

A las críticas de la izquierda se une la estrategia de Vox de intentar forzar al PP a que se manifieste sobre esta cuestión en el Congreso a través de dos proposiciones de ley. La izquierda para arrumbar la imagen de moderación del dirigente gallego, los segundos para acusarle poco menos que de haberse vendido al socialismo. En el Grupo Popular todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto y minimizan el órdago de Santiago Abascal, inmerso en una estrategia electoral destinada a que no se le escape ningún voto hacia el PP. Lo más probable es que los populares se amparen en la abstención, al igual que con la moción de censura que nunca termina de concretarse.

La última vez que los populares debatieron sobre este asunto fue en el 18 congreso del PP, celebrado en febrero de 2017. Desde entonces han celebrado dos cónclaves -en julio de 2018 tras perder el poder por una moción de censura- y en abril de 2022, para sustituir a Pablo Casado en su batalla contra Isabel Díaz Ayuso. Por el carácter extraordinario de estos dos últimos cónclaves no se debatieron las habituales ponencias política, económica, social y de estatutos.

En la ponencia social de 2017, coordinada por el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, y en cuya redacción participaron Juan Manuel Moreno, José Antonio Monago, Isabel Bonig y Pedro Antonio Sánchez, indicaban que el PP "está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida", por eso "consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad".

El aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad", dijeron en 2017

Tras esta consideración apostaban por desarrollar "planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres. Estas medidas de ayuda se extienden a todos los ámbitos relacionados con la prevención, ayudas durante el embarazo, ayudas postparto, atención psicológica, seguimiento durante la maternidad, políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral, medidas de conciliación familiar, una mejor y mayor educación sexual y afectiva y ayudas económicas".

Además "queremos garantizar que todas las mujeres embarazadas en situación de dificultad conozcan de manera efectiva todas estas medidas para poder llevar a cabo su embarazo con seguridad, dignidad y apoyo social; así como la más completa información sobre los riesgos del aborto. Por otro lado, impulsaremos que la Inspección de Trabajo vele para que ninguna mujer sea objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad en el empleo vigente o en otro al que quiera optar".

Incluían un nuevo aspecto que Díaz Ayuso incorporó a su programa electoral de 2019, no sin polémica, en la que al concebido se le pasaba a considerar "como nacido y miembro de la unidad familiar a todos los efectos".