La Fiscalía pide siete años de prisión y una multa de 30.000 euros para el exresponsable de Economía de la Generalitat, Josep María Jové y seis años y multa de 24.000 euros para el exsecretario general de Hacienda, Lluis Salvadó, por su papel en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

El Ministerio Público, aplicando el mismo criterio que la Fiscalía del Tribunal Supremo y que la Sala Segunda del alto tribunal en el ajuste de penas para los líderes del procés, les acusa de malversación agravada en el juicio al que se enfrentan ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras la reforma de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El fiscal Pedro Ariche también pide que los dos políticos de ERC, de la máxima confianza del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, sean inhabilitados durante 32 y 24 años, respectivamente. En el escrito de acusación hecho público este viernes, consultado por El Independiente, se les acusa de delitos de malversación del artículo 432, el que prevé lucro personal en el uso de fondos públicos, además de prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.

La Fiscalía también pide que se juzgue a la exconsejera de Cultura catalana, Natàlia Garriga, por un delito de desobediencia grave, solicitando para ella una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación.

En su escrito, el fiscal expone que "los procesados Sres. Jové Lladó, Salvadó Tenesa y Garriga Ibáñez eran personas de la máxima confianza de su superior, el conseller Sr. Junqueras, y de larga trayectoria en la asunción de responsabilidades relevantes en el partido ERC, ostentando en aquellas fechas, y aún en la actualidad, el primero, el cargo de President del Consell Nacional, y habiendo ocupado el segundo el cargo de secretario general adjunto de la referida formación política desde el año 2011, siendo diputado autonómico por aquella en la legislatura anterior (X legislatura del Parlament de Catalunya) y la tercera el cargo de gerente del Institut Català d’Empreses Culturals entre los años 2007 a 2016. De tal modo los tres procesados se hallaban plenamente comprometidos con el programa electoral redactado por la coalición de partidos que formó gobierno".

A Jové la Fiscalía le atribuye haberse puesto en contacto con el resto de formaciones políticas para impulsar el proceso político de independencia y el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"Incumpliendo nuevamente las resoluciones suspensivas dictadas y notificadas por el Tribunal Constitucional a diferentes autoridades del Govern, y de las que tenían pleno y cabal conocimiento los tres procesados, en fecha 21 de abril de 2017 tuvo lugar un "acto de compromiso con el referéndum" en el que participaron la práctica totalidad de consellers y altos cargos de la Generalitat, el cual fue expresamente convocado desde la secretaría de Economía y Hacienda, dirigida en aquellas fechas por el procesado Sr. Jové Lladó, y en el que tanto este como los también procesados Sres. Salvadó Tenesa y Garriga Ibáñez, en cuanto secretario de Hacienda y Secretaria de Servicios respectivamente, tuvieron una activa participación", se lee en el escrito.