Las asociaciones contra la violencia de género y las violencias sexuales, que dan apoyo a las víctimas de estos delitos, reciben las últimas semanas numerosas llamadas y consultas para saber si las rebajas de penas provocadas por la 'Ley del sólo sí es sí' o Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual puede llevar a que sus agresores vean reducida su condena o queden en libertad.

Todos los días se conocen resoluciones de tribunales de toda España que aplican rebajas puesto que la horquilla de las penas para las agresiones sexuales ha descendido al haberse unificado los delitos de abuso y agresión. El Ministerio de Justicia reconoce el error de la norma que impulsó el Ministerio de Igualdad y el PSOE ha redactado una reforma para volver a las penas anteriores del Código Penal pero, cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley, los socios de Gobierno no se ponen de acuerdo para modificarla. Aunque lo hicieran, los efectos de la ley seguirán teniendo consecuencias durante años porque será aplicable, por ser más favorable al reo, a los casos que estén en fase de investigación, pendientes de sentencia, de recurso de casación o de revisión.

"Las víctimas tienen miedo y, sobre todo, sienten frustración. Se preguntan de qué ha servido todo su sufrimiento. Nos dejan de llamarnos para ver si al suyo también le van a rebajar la condena. Les decimos que deben consultarlo con el abogado que les lleva el caso y, si es necesario, les ponemos en contacto con nuestros asesores jurídicos. Por supuesto, si hay posibilidades de que se rebaje la pena les decimos la verdad", explica a El Independiente Gregorio Gómez Mata, cofundador de la Asociación Alma contra la violencia de género, que en 2022 atendió a más de 500 mujeres necesitadas de recursos contra la violencia machista.

Él, como las representantes de otras asociaciones, no entiende por qué el Gobierno no ha rectificado aún, aunque "el daño ya esté hecho". "Lo más grave es que la ley haya salido adelante por el ego político. Hay más de 4.000 penados que tendrán la oportunidad de beneficiarse", lamenta.

Las críticas hacia la norma, que ha provocado más de 500 rebajas de penas y casi 60 excarcelaciones -aunque los datos manejados por fuentes judiciales apuntan a muchas más puesto que no ha habido un recuento oficial en todas las audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia- cuentan con duras críticas entre las asociaciones que ayudan a las víctimas de violencia machista y sexual.

En medio de esta alarma social reforman el Código Penal para los delitos de sedición y malversación pero no una ley que pone en riesgo a las mujeres

Este 14 de febrero, la Asociación Mujeres en Igualdad también criticó duramente al Gobierno: "Lamentamos que después de comprobar las consecuencias tan desastrosas de la ley para las mujeres no hayan corregido de urgencia, que en medio de esta alarma social reformen el Código Penal para los delitos de sedición y malversación pero no una ley que pone en riesgo a las mujeres. Como asociación a la que nos duelen las víctimas denunciamos la falta de sensibilidad y empatía del Gobierno con las víctimas. Un gobierno que se ha llamado feminista pero al que no le duele que cientos de mujeres sufran una nueva victimización al ver cómo cada día sus agresores salen de las cárceles, como hoy el violador del portal de Lugo, como antes otros depredadores sexuales están saliendo de las cárceles y reduciendo condenas".

Piden a Sánchez el cese de Montero y Rodríguez Pam

La asociación reclamó al presidente Pedro Sánchez que el Gobierno pida perdón a las víctimas y el cese de la ministra Irene Montero y de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez Pam. "O las cesa o demuestra que para Sánchez es más importante mantener la coalición de gobierno para asegurarse unos meses más en Moncloa que la seguridad y la protección de las víctimas", exigieron.

Las conversaciones entre Justicia e Igualdad para reformar la ley comenzaron en diciembre, dos meses después de la entrada en vigor de la ley y al comprobar cómo los tribunales están interpretando, en muchos casos, que las norma recoge penas menores de las que existían antes para los mismos delitos, por lo que respondiendo al principio de la ley más beneficiosa para el reo están revisando condenas a la baja.

Desde entonces, las ministras de Justicia e Igualdad Pilar Llop ye Irene Montero no han conseguido llegar a un acuerdo para reformar la ley. La primera dice que recuperar las penas anteriores supone "volver al Código Penal de 'La Manada', someter a las víctimas a un calvario probatorio y sacar el consentimiento del centro de la norma" y la segunda lo niega. Sostiene que la única manera de solucionar el problema es penar más duramente las agresiones sexuales cuando concurra violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, lo que no saca el consentimiento del centro porque siempre lo ha estado, en la actual redacción del Código Penal y en la anterior.

"Recibieron treinta y tantos informes de asociaciones, del Consejo General del Poder Judicial, instituciones como el Instituto de la Mujer…e hicieron caso omiso. Es una guerra de egos y, lamentándolo mucho, se ponen la bandera de movimiento feminista pero de feminismo tienen más bien poco o nada. No piensan en las víctimas", lamenta Gregorio Gómez Mata.