El 'sí es sí' y el posible desbloqueo de vivienda marcan el último tirón legislativo del Gobierno

Son ya 197 las leyes aprobadas en esta XIV Legislatura. Quedan iniciativas en camino o ya avanzadas en el Parlamento, pero el ritmo es seguro que bajará en este 2023. El tiempo de tramitación se va consumiendo —apenas quedan seis meses de periodos ordinarios de sesiones—, pero no es esa la única razón: Pedro Sánchez ya ordenó a finales del año pasado que se desbloqueasen en lo posible normas claves para la coalición, para afrontar un año electoral libre de cargas y de polémicas y centrarse en la gestión económica.

El objetivo se cumplió a medias, porque siguen pendientes la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que debería reemplazar a la llamada ley mordaza del PP, o la primera ley estatal de vivienda. La primera continúa atascada porque persisten cuatro discrepancias por ahora insalvables, la segunda sí está más cerca del desbloqueo. Otro texto importante y muy simbólico, el que supondría la modificación de la norma franquista de secretos oficiales, está aplazado y no ha pasado por el Consejo de Ministros aún para una segunda lectura y su envío al Congreso. La reforma de las pensiones, exigida por Bruselas para liberar el cuatro tramo de los fondos europeos, está sometida a debate con los agentes sociales y los grupos políticos, y por ahora no hay acuerdo. Pero a todas estas leyes se sobrepone políticamente el cambio de la ley del solo sí es sí, caballo de batalla entre PSOE y Podemos, la norma que ha abierto la mayor crisis dentro del Ejecutivo.

La Moncloa cree que el debate del 'sí es sí' está agotado políticamente, porque la decisión está tomada y solo hay una propuesta encima de la mesa: la del PSOE

La reforma no se debatirá por primera vez en pleno hasta el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer, salvo que hubiera un cambio de previsiones. Los socialistas pretenden aparcar hasta entonces la polémica, dar la vuelta a la agenda política y centrarse en la economía, en la defensa del Estado del bienestar —sanidad y educación públicas— frente al PP, en el aumento de las becas —este martes se aprueban 2.520 millones millones, récord histórico—. Quieren salir de la ratonera, escapar de un tema que en la Moncloa consideran ya agotado políticamente y que aunque está desgastando al Gobierno, sobre todo penaliza a Podemos por su cerrazón a cambiar a una norma que ya ha beneficiado a más de medio millar de delincuentes sexuales. Además, Sánchez ya ha dejado claro que la ley se reformará, aunque sea gracias a los votos del PP, y en compañía, al menos, de PNV y PDeCAT. El presidente retaba a Igualdad el pasado jueves, en una conversación con los periodistas que le acompañaban en su vuelo hacia Viena, a mostrar su propuesta alternativa de cambio de la norma. Ferraz y la Moncloa buscan resaltar que la suya, la elaborada por Justicia, es la única propuesta viable, que garantiza una subida de las penas a futuro sin que se toque el motor del texto, el consentimiento de la víctima.

Los morados, sin embargo, no borran de sus discursos e intervenciones la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Insisten en pedir una reunión con el ala socialista del Ejecutivo —y esta se niega porque el debate, esgrime, descansa ya en los grupos parlamentarios, y además Igualdad no se mueve de sus planteamientos— y rechazan mostrar su propuesta alternativa para modificar la norma. No quieren entrar en una "guerra pública" de documentos, reiteraba este domingo Pablo Echenique, portavoz parlamentario del grupo confederal, porque el único que hará público Igualdad es el que se pacte "en el seno del Gobierno". Así, los morados persiguen evitar ir al pleno del 7 de marzo en el Congreso en el que se apruebe el primer paso de tramitación de una ley "con los votos de PP y de Vox, que vuelva al Código Penal de La Manada".

Si la reforma comienza su andadura el 7 de marzo, no acabará su viaje en Congreso y Senado hasta, probablemente, mediados de abril, a un mes del arranque de la campaña electoral del 28 de mayo. Aunque finalmente no hay acuerdo entre los socios de la coalición, la tesis más plausible ahora mismo, el Gobierno no se romperá, según han venido insistiendo las dos partes. Incluido el propio presidente.

A falta del visto bueno de Calviño

PSOE y Podemos necesitan presentar ante los electores, como su mayor credencial, la gestión y la obra legislativa de estos más de tres años juntos. Y en ella aún no está la ley de vivienda. Pero los dos socios reconocen que podría ver pronto la luz. Ya sí hay un texto de consenso conjunto, del que no se han filtrado más detalles aparte de los ya conocidos —como el cambio de la definición de gran tenedor o la reducción de la moratoria para tener disponible el índice de precios al alquiler—.

"Los grupos están en la fase final de la negociación y se está ultimando el texto", indican fuentes de Transportes. Podemos agradecen el esfuerzo de la ministra Sánchez

Tras cerrarse el acuerdo entre Transportes y Derechos Sociales, el ministerio que dirige Ione Belarra, líder de Podemos, es ahora Economía, en manos de Nadia Calviño, quien está revisando la redacción. "Estamos todos en ello", señalan desde el equipo de la vicepresidenta primera. El siguiente paso sería cerrar todos los flecos con los socios de investidura. Transportes se había fijado marzo como fecha tope para sacar adelante la norma, expectativa que podría cumplirse. "Los grupos están en la fase final de la negociación y se está ultimando el texto", indican fuentes del departamento que capitanea Raquel Sánchez, a quien los morados reconocen sus esfuerzos para acercar posturas.

La derogación de la ley mordaza está, en cambio, atascada. El pasado 1 de febrero, el voto favorable de ERC permitió que se pudiera cerrar la ponencia y que el texto pasara a su debate en la Comisión de Interior del Congreso. Fue el mismo día en que los republicanos y el PSC cerraron su acuerdo presupuestario en Cataluña. No hay aún sesión fijada para el debate abierto en comisión, porque las discrepancias con los aliados de investidura —aquí PSOE y Unidas Podemos caminan juntos— persisten en cuatro artículos: la utilización de las pelotas de goma como material antidisturbios por parte de las Fuerzas de Seguridad (artículo 23); el castigo de la "desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes" (36.6); las sanciones por las faltas de respeto a los uniformados (37.4), y la disposición adicional que avala los rechazos en frontera (o sea, las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla).

Ahora mismo, la suerte de la norma depende, sobre todo, de los republicanos. Sus 13 votos son capitales. Y si viran, los de Bildu no serían ya necesarios. Pero estos, por sí mismos, son insuficientes. "Creemos que podemos llegar a un acuerdo si ERC quiere. Cuantos más grupos, mejor, pero es verdad que si ellos no entran, no hay nada que hacer", señalan desde el Grupo Socialista.

En 'mordaza', persisten cuatro discrepancias: pelotas de goma, faltas de respeto, desobediencia y devoluciones en caliente

"Es en el ámbito parlamentario donde tienen que dirimirse las diferencias que existan —indican por su parte desde la cúpula del Ministerio del Interior—, sin perjuicio de que cuando se nos pide opinión manifestamos lo que creemos desde el punto de vista técnico. Es decir, dejando de lado limitaciones de derechos que se introdujeron en la ley en la época del PP pero a la vez garantizando que nuestros agentes puedan actuar con plena seguridad jurídica". Y es que uno de los puntos de colisión, aunque no el único, es el uso de las pelotas de goma, que ERC y Bildu quieren eliminar, y a lo que el Gobierno se niega porque entiende que cercenaría la capacidad operativa de los cuerpos policiales.

Agilización por el 'caso Pegasus'

La nueva Ley de Información Clasificada estaba destinada a reemplazar a la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún vigente y que solo se retocó en 1968. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el pasado 1 de agosto, y aunque el borrador era un compromiso que venía arrastrándose toda la legislatura —y una petición reiterada del PNV desde hace años—, Sánchez lo relanzó como un gesto hacia ERC en plena crisis por el caso Pegasus (el espionaje de los móviles de decenas de dirigentes independentistas, entre ellos el president, Pere Aragonès, con el software israelí). Pero en cuanto el Ejecutivo presentó el anteproyecto llovieron las críticas: levantó el rechazo de Unidas Podemos, pero también de los demás socios de investidura y del PP. La iniciativa se quedaba sin camino parlamentario.

La nueva Ley de Información Clasificada está pendiente del dictamen del CGPJ y no tiene apoyos por ahora. En la Moncloa confían aún en poder sacarla, pero no será inminente

El Ministerio de la Presidencia, que lidera Félix Bolaños, mano derecha del presidente, está aún a la espera del dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial. Documento, sin embargo, que podría ser aprobado esta semana, señalan fuentes del órgano de gobierno de los jueces, informa Carmen Lucas-Torres. El Consejo de Estado sí que elaboró su informe. "Intentaremos sacar la ley. Dejemos avanzar y veremos. Pero no será inminente", apuntan en la Moncloa. Solo cuando estuviera listo el segundo borrador, podría aprobarse el proyecto de ley en Consejo de Ministros, para su remisión a las Cortes. El problema son los tiempos, a estas alturas de la legislatura. España va a ir entrando en el calor de la campaña y trenzar acuerdos será cada vez más complicado. Margen temporal lo hay, pero cada vez más pequeño.

Lo mismo ocurre con otras leyes pendientes, como la de familias (del ministerio de Belarra) o la de industria (en manos de la saliente titular del departamento, Reyes Maroto, candidata socialista a la alcaldía de Madrid), que tendrán que tramitarse con cierta agilidad si quieren estar listas antes de que se cierre la legislatura, ya que Congreso y Senado quedarán automáticamente disueltos, si no hay anticipo electoral, a mediados de octubre.

El Gobierno, sin embargo, está obligado a impulsar la última parte de la reforma de las pensiones, la más complicada. Lo exige Bruselas, que quiere garantizarse la sostenibilidad del sistema, razón que explica por qué el Ministerio de Inclusión propone subir cotizaciones o la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 30 años. José Luis Escrivá confiaba en cerrar este mes el texto, que está negociando a la vez con los agentes sociales, los grupos parlamentarios y la Comisión Europea.

Otras normas icónicas para la coalición, como la reforma del aborto o la Ley Trans, ya quedaron aprobadas definitivamente el pasado jueves por el Congreso y solo están pendientes de su publicación en el BOE. Y en el Senado está ya la ley de bienestar animal, después de que Unidas Podemos evitara dejarla caer al asumir la exclusión de los perros de caza, tal y como había exigido el socio mayoritario del Ejecutivo.

Otras normas icónicas para la coalición, como la reforma del aborto o la Ley Trans, ya están solo faltas de publicación en el BOE. Y la ley animal está ya en el Senado

Presidencia, como reflejó en su Plan Anual Normativo (PAN) para 2023, prevé aprobar este año 117 iniciativas: tres leyes orgánicas, 33 ordinarias y 81 reales decretos. Es menos de un tercio de las que estaban programadas para 2022 (368). Una disminución "lógica", razonaba Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 31 de enero, porque este es un año electoral y porque "la mayor parte de la transformación económica, del reforzamiento del Estado del bienestar en nuestro país ya se ha producido con las medidas que ya hemos adoptado en el Gobierno". De las 117 iniciativas, 23 están ligadas al plan de recuperación, a los compromisos de España con Bruselas; otro tercio responde a la trasposición de directivas europeas, y el resto, remachó, son normas ya aprobadas en primera lectura por el Ejecutivo o bien otros "ajustes". La cuenta legislativa de la coalición seguirá adelante, pues, pero con el freno de mano echado. Las urnas, las del 28-M y las generales, quedan demasiado cerca.