Quizá sólo les delate un ligero acento, su nombre o su apellido. Es posible que ni siquiera eso. Están dispersos por todas las comunidades autónomas, muchos en el sur, en el levante. En la mayoría de los casos sin contar por qué residen allí, sin revelar que un día la amenaza, el miedo y la coacción terrorista les llevó a abandonar su tierra y buscar cobijo lejos de ella. Oficialmente no son víctimas. No son nada más allá de un 'daño colateral' sin reconocimiento oficial. El diccionario sí guarda para ellos un término poco recordado en tiempos de relatos y memorias: Transterrados. Son las víctimas del terror de ETA de las que nadie habla, nadie recuerda y nadie se ha molestado si quiera en contabilizar. Menos aún de reparar tras el final del terrorismo.

Ahora se ha propuesto hacerlo la Audiencia Nacional a instancia de una denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia relativa al asesinato de Juan María Pedrosa, el concejal de Durango que días antes de ser asesinado aseguró que “si debía ir al cielo o al infierno lo haría desde Durango”. ETA había intentado expulsarlo, forzar su salida. No lo logró y lo mató, en su pueblo, en Durango, el 4 de junio de 2000.

Fueron muchos los que resistieron la coacción, la presión irrespirable de ver cómo mataban a quienes se negaban a ser unos transterrados, a ser ‘expulsados’ de su tierra por razones políticas. Aún más numerosos los que no lo soportaron y decidieron marcharse junto a sus familias a un lugar donde nadie les amenazara de muerte, no se les mirara con desprecio y pudieran respirar con mayor libertad.

Ha pasado más de una década desde que ETA anunció el cese de su actividad criminal. En este tiempo han cambiado muchas cosas. Además de la desaparición de los atentados, secuestros y coacciones, en el País Vasco se ha iniciado un tiempo de reparación de heridas, de convivencia social y de construcción de memoria sobre lo ocurrido. Los escoltas han desaparecido, las dianas ya no decoran paredes y las placas comienzan a recordar a las víctimas en las principales ciudades vascas. Ha habido homenajes sanadores hacia colectivos de empresarios, de policías, jueces, periodistas... pero ni uno sólo para los transterrados.

Un colectivo 'fantasma' e indefinido

Incluso en el colectivo de presos de la banda y su entorno las cosas han cambiado. El final de la dispersión de los internos de la organización terrorista está a punto de completarse. Ellos han vuelto al País Vasco a cumplir sus condenas. Incluso muchos de los históricos miembros de ETA que un día fueron deportados o huyeron al extranjero han regresado en este tiempo a Euskadi, ‘etxera’ (a casa).

En estos once años transcurridos desde el comunicado de capuchas blancas de ETA nadie se ha acordado de los miles de ciudadanos vascos que un día lo dejaron todo y rehicieron sus vidas lejos del País Vasco. Cambiaron de hogar, de colegios, de trabajos... No han merecido ni homenajes, ni placas ni recordatorios. A ellos en Málaga, Sevilla, Alicante o Madrid no les esperaban ‘Ongi etorris’ oficiales.

Hoy la inmensa mayoría sigue fuera de Euskadi. En realidad, es un colectivo ‘fantasma’. Ni siquiera se ha cuantificado. Ninguna de las cifras dadas responde a la verdad sino a la simple especulación. Sólo se conoce que es amplio, variopinto e integrado, fundamentalmente, por perfiles ideológicamente afines al constitucionalismo, como intelectuales o políticos, o pertenecientes al ámbito empresarial. Hasta ahí.

El punto de partida de la investigación que quiere impulsar la Audiencia Nacional sólo tiene un referente, el estudio elaborado en 2011 por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV. Lo hizo a instancia del Gobierno vasco que presidió Patxi López que pretendió diseñar un programa de “reparación” para este colectivo y que finalmente no fructificó. Aquel informe sigue siendo hoy el único que ha intentado conocer la población ‘transterrada’ a consecuencia de ETA. Ni siquiera entonces se logró determinarla con precisión, tan sólo una horquilla tan amplia como imprecisa: entre 60.000 y 200.000, apuntaba. El estudio, titulado ‘Retorno’, reconocía la complejidad de la cuestión. Desde la dificultad para definir el perfil y razones y circunstancias que permitían identificar como víctima a una persona, hasta la configuración de las razones de retorno que se deberían respaldar y por tanto ayudar con medidas públicas o las vías adecuadas para ayudarle a recuperar su vida en Euskadi.

Informes policiales

El proyecto ‘Retorno’ sí arrojó luz sobre la diversidad de razones de posible regreso manifestado por las víctimas; desde simplemente contar su historia y dar testimonio documentado de ella en las aulas, a ser recibida en su municipio o pasear sin miedo a ser atacada o insultada. En una de sus conclusiones, ‘Retorno’ instaba a investigar y reflexionar las causas que provocaron esta situación y documentar “qué se hizo socialmente mal para que se tuvieran que ir”. Añadía que a pesar de que abandonar el País Vasco fue una decisión individual de quienes lo hicieron “no debe considerarse como una carga individual, sino fundamentalmente como un problema público de derechos humanos básicos y de convivencia democrática”.

“Lo que queremos es que se vea que esa política de persecución existió y que nadie ha documentado judicialmente”, asegura a El Independiente, Daniel Portero, impulsor de la denuncia ante la Audiencia Nacional que va a conllevar el inicio de una nueva investigación sobre esta cuestión. Por el momento ya se han solicitado informes al respecto tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional y es muy probable que también se solicite a la Ertzaintza.

Portero afirma que el caso de Jesús María Pedrosa es una plataforma perfecta no sólo para resolver este crimen sin culpables, sino para que se arroje luz sobre los transterrados vascos. Recuerda que a este concejal del PP lo habían amenazado una y otra vez para que abandonara Euskadi y se resistió. “Con su asesinato pretendieron generar miedo en otros que también se resistían a abandonar el País Vasco. Fue un asesinato instrumental en ese intento de expulsión de la población que llevó a cabo ETA contra colectivos determinados, todo fruto de la socialización del sufrimiento de la ponencia Oldartzen”. En el proceso se implica a una decena de jefes de ETA a los que también se acusa de haber promovido esta política de acoso que provocó la salida de miles de ciudadanos, familias, vascas.

Ayudas puntuales y poco más

Además de la labor de instrucción de la Audiencia Nacional, desde Dignidad y Justicia se han propuesto recabar información, testimonios y documentación que permita acreditar el impacto de la amenaza que llevó a decenas de miles de personas a dejar el País Vasco: “Va a ser muy importante, creo que todo esto puede ayudar a reactivar esta cuestión y a que se repare esta cuestión que sigue pendiente”.

Jesús Loza fue Comisionado para la Convivencia y Memoria del Gobierno vasco. Recuerda cómo en previsión del final de ETA, el Gobierno de Patxi López intentó documentar esta cuestión. “Queríamos saber cuántas personas realmente eran, qué perfiles, en qué situación se encontraban, etc. El estudio que se hizo en realidad no permitió ir muy allá, simplemente constatar que se trataba de un colectivo muy variopinto y que era difícil localizar”.

Loza apunta que sí se comprobó que la mayoría había rehecho su vida y no se planteaba regresar. “Y en 2011 ocurrió otro hecho que complicó aún más su posible vuelta, la victoria de EH Bildu en Gipuzkoa y San Sebastián. Muchos veían que las cosas en realidad no habían cambiado con el final de ETA, que eran los mismos, sin pistolas, pero los mismos, y que el ambiente seguía sin estar normalizado”. En muchos casos, las reclamaciones de las víctimas estaban orientadas más a su reconocimiento como tales en la legislación. Esta cuestión sigue sin contemplarse.

El Ejecutivo vasco intentó elaborar un decreto que incluyera ayudas y medidas de apoyo para facilitar su regreso: “La idea inicial era facilitarle el acceso a la vivienda, la escolarización de los hijos y medidas de ese tipo. Finalmente se ayudó, pero a personas puntuales que lo solicitaron, no de forma mayoritaria”.

El 'resultado perfecto' de ETA

Antonio Rivera conoce bien la realidad de los transterrados. Es una cuestión que el Instituto Valentín de Foronda que dirige ha abordado y que define como “el resultado más perfecto de ETA”: “Conseguir que ciudadanos anónimos, de modo silencioso, sin hacer ruido ni dar un portazo, se marchen tras ser amenazados diría que es el mayor logro de una organización de estas características que aspira a definir, esculpir cuál es la ciudadanía que puede pertenecer a su comunidad, es el objetivo de un nacionalismo terrorista”.

Rivera destaca la particularidad de este colectivo de víctimas que en muchos casos ni siquiera tiene relación con ninguna asociación ni está agrupada, “ni siquiera hay vínculos entre ellas ni se identifican como víctimas”. En los últimos años no se ha llevado a cabo por parte del Gobierno vasco o el español ningún trabajo que documente esta situación: “Creo que ahora se debería hacer un esfuerzo para llevar adelante una labor precisa. Del mismo modo que las instituciones han hecho reconocimientos a otros colectivos de víctimas se debería hacer lo mismo con estas”.

Lamenta que aún primen visiones en los que la política sigue pesando. Así, subraya cómo desde el Ejecutivo vasco anualmente se reconoce a la ‘diáspora’ vasca dispersa por el mundo no se hace lo mismo con los vascos que se vieron forzados a salir por la presión etarra: “También está esa ‘diáspora’, la forzada, de la que no se acuerda nadie mientras no se olvida al pastor que emigró a finales del siglo XIX a Idaho”.