Los agentes de Mossos d'Esquadra que tengan reconocida una incapacidad permanente tendrán que optar a partir de ahora entre seguir cobrando la pensión que esta conlleva -un 55% del sueldo- o seguir trabajando en el cuerpo en tareas no operativas. Es el resultado de la modificación del Decreto de segunda ocupación de los Mossos, que busca limitar el acceso a la "segunda ocupación" -popularmente conocida como trabajo de despacho- por la falta de plazas disponibles en el cuerpo.

El sueldo base de un agente de los Mossos es de 38.019 euros brutos anuales para un agente de base, según la tabla retributiva de 2023. Por tanto, el 55% del sueldo supone un total de 20.910 euros anuales suplementarios para ese agente. Los siguientes en el escalafón son los caporales, con 44.333 euros de sueldo base. Un sargento de base cobra 46.941 euros y en su escalafón máximo el caporal llega a los 54.908 euros brutos anuales.

El Govern argumenta que la regulación actual creaba "factores de discriminación". La portavoz del Govern, Patricia Plaja, argumentaba este martes tras la reunión de Govern que con el decreto ahora modificado "perdían la condición de policía, algo que para un policía es muy importante. Ahora harán funciones de segunda actividad reguladas, pero seguirán siendo policías".

El nuevo decreto prevé "los ajustes necesarios cuando se produce una disminución de las aptitudes psicofísicas, poniendo el foco en la tipología de funciones que se pueden llevar a cabo" dentro del cuerpo, argumenta el Govern. La modificación responde a "una demanda de los sindicatos y el cuerpo", aseguraba Plaja.

El héroe de Cambrils

Los sindicatos, sin embargo, lo niegan rotundamente. Todos los sindicatos se han opuesto a la medida, afirman desde SAP-Fepol, y USPAC denuncia que el nuevo decreto obliga a escoger entre cobrar la pensión y seguir trabajando en el cuerpo en tareas no policiales, la salida preferida por los agentes de base que sufren una incapacidad permanente.

La portavoz de SAP, Inma Vidues, señala que es una decisión "unilateral" a la que se han opuesto frontalmente, y advierte que el Departamento de Interior debe abrir una mesa de negociación para "compensar" esta modificación, que supone una pérdida de derechos laborales para los agentes.

Albert Palacio, portavoz de Uspac, pone como ejemplo al conocido como el "héroe de Cambrils". El agente que en la madrugada del 18 de agosto de 2017 abatió a cuatro terroristas en Cambrils (Tarragona) cuando se disponían a repetir la masacre provocada por su compañero en La Rambla de Barcelona unas horas antes.

"El caso más flagrante que se encontrará ahora es el llamado héroe de Cambrils" señala Palacio, "que tendrá que escoger entre pasar a segunda actividad o cobrar la pensión y desde el Govern se les llenaba la boca diciendo que había salvado tantas vidas". Una pensión, asegura el portavoz sindical, que en muchos casos sirve "para pagar medicación y tratamientos".

Faltan plazas

El motivo real del cambio, apuntan desde el sindicato, es la falta de plazas para segunda actividad en una plantilla de mossos progresivamente envejecida. Especialmente, añade Palacio, porque al contrario de lo que sucede en la Ertzaintza, la escala ejecutiva y superior de los Mossos d'Esquadra sí puede optar a plazas de segunda actividad.

En la policía vasca, los mandos solo pueden acogerse a la pre-jubilación, recuerda Palacio, lo que evita la ocupación de plazas de segunda actividad con sueldos que en la policía catalana se mueven entre los 72.280 euros brutos de un comisario y los 94.003 del jefe del cuerpo. Para un mando de este nivel, la pre-jubilación supone pasar de un sueldo por encima de los 5.000 euros brutos mensuales a la pensión de entre 2.500 y 3.000 euros.

"Pasan a segunda actividad quitando la segunda actividad a gente que lleva 30 años en la calle" se lamenta. Hasta ahora, al mosso al que la Seguridad Social le reconocía la calificación de técnico de apoyo se le recoloca haciendo tareas no policiales, que permiten el cobro complementario de la pensión.

El Govern reconoce que la nueva ordenación quiere resolver la "imposibilidad material de identificar más puestos de trabajo con estas funciones genéricas de apoyo no policiales".