La Audiencia Nacional ha vuelto a revocar el tercer grado concedido a un preso de ETA. Se trata de la miembro de la banda Ainhoa Barbarín Yurrebasi, condenada a 208 años de prisión por su participación en la colocación de un coche bomba en un hotel de Salou en agosto de 2001. Barbarín, natural de la localidad guipuzcoana de Urretxu, había obtenido en octubre del año pasado el tercer grado a propuesta de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Martutene, que fue apoyada por el departamento de Justicia del Gobierno vasco.

Ahora, y tras el recurso de la Fiscalía, la militante de la organización terrorista, que se encontraba en régimen de semilibertad desde hacía casi cinco meses, deberá volver a la cárcel guipuzcoana para terminar de cumplir su condena pero en régimen de segundo grado.

Esta decisión llega apenas una semana después de que la Audiencia Nacional también anulara la concesión del tercer grado al preso de ETA Asier Carrera, condenado por el asesinato mortal con coche bomba del consejero de Educación, Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez en el año 2000, hace hoy justo 23 años. En este caso la juez consideró "prematura" la concesión del grado de semilibertad" a Carrera al no existir informes suficientes que lo justificaran. De este modo, la magistrada determinó que debía volver a aplicarse en su caso el segundo grado penitenciario.

Se trata del noveno caso similar desde que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu asumió la competencia de prisiones en octubre de 2021. La Fiscalía y la Audiencia Nacional han cuestionado las concesiones de los terceros grados a los presos de ETA. Hasta ahora el Gobierno vasco ha otorgado alrededor de una treintena a miembros de la banda, muchos de ellos pendientes de recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

21 años de prisión

Entre las razones en las que se ha basado la Justicia para admitir el recurso del Ministerio Fiscal y revocar los terceros grados figuran no sólo no haber acreditado suficientemente la petición de perdón a las víctimas, sino aspectos como haber accedido al tercer grado sin antes haber superado el periodo de permisos periódicos con los que acreditar que el interno está preparado para dar el salto al régimen de semilibertad. Otro de los aspectos esgrimidos hace referencia al insuficiente compromiso o voluntad con el cumplimiento de las obligaciones de condena por responsabilidad civil impuesta a los reclusos. La Audiencia Nacional tiene recurridas más de una docena de casos pendientes de resolver.

Barbarin ha cumplido 21 años de prisión desde que fue condenada en 2010 por su participación, dentro del  'comando Behorburu', en la colocación de un coche explosivo en Hotel Cala Font de Salou, provocando heridas leves a 13 personas. Fue detenida el 31 de enero de 2006 en el sur de Francia junto a otros cinco miembros de la banda y entregada a España en marzo de ese año. Según ha informado la Asociación de Familiares de Presos, la etarra fue acercada de la prisión de Picassent a la cárcel de Martutene, en Gipuzkoa, en abril de 2021.

Desde el Gobierno vasco se ha defendido el modo en el que se están concediendo estos terceros grados señalando que se otorgan siguiendo criterios “técnicos y jurídicos” y con total “profesionalidad”. Precisamente la apuesta por acelerar y facilitar el acceso a fórmulas que reduzcan la privación de libertad en favor de vías de semilibertad es una de las señas de identidad que las autoridades vascas quieren imprimir a su política penitenciaria en aras a procedimientos que mejoren los niveles de reinserción y resocialización.