La ley francesa de lucha contra el sistema prostitucional sanciona con multas económicas y cursos educativos a los consumidores de prostitución desde su entrada en vigor, en 2016. La norma, avalada por el Consejo Constitucional en 2019, también recoge una ruta para insertar a las mujeres que decidan abandonar la prostitución en la sociedad y el mercado laboral.

Frédéric Boisard y Rosen Hicher imparten cursos dirigidos a los clientes de prostitución en Francia como uno de los métodos previstos en la ley para concienciar a los hombres que consumen estos servicios contra la explotación sexual. En el país vecino, la contratación de servicios sexuales se sanciona desde 2016 con multas que van de los 1.500 euros a los 3.750. La Fiscalía decide si también se les obliga a cursar los talleres educativos.

Éstos existen desde que se implantó la ley cuyos cuatro pilares son: lucha contra el proxenetimo y la trata; descriminalización de las mujeres en situación de prostitución; responsabilización del cliente y educación.

En conversación con El Independiente, los dos activistas abolicionistas explican el funcionamiento y los efectos de la norma. Para descriminalizar la situación de las mujeres dedicadas a la prostitución, la norma contempla darles una vía de salida para que quienes lo deseen, sin obligarles, abandonen esta dedicación. Se le ayuda mediante un proceso de inserción laboral, de formación para que puedan acceder a un empleo y, en el caso de las extranjeras, de aprendizaje del idioma, acogida temporal hasta que tengan autonomía y permiso de residencia.

"En seis años 700 mujeres han pasado por este proceso y el 95% ha conseguido una integración con trabajo propio y residencia propia", explica Boisard, quien considera que la penalización del cliente, en lugar de la prostituta que ofrece sus servicios en la calle, como ocurría previamente, es clave. "Si los clientes no existieran, el sistema prostitucional no existiría. La multa tiene una parte pedagógica que no hacen todos los clientes sino quien el fiscal considere. Tiene el fin de que entiendan su responsabilidad en este acto y sepan la situación en la que están las mujeres".

Precisamente en ese punto es donde interviene Rosen Hicher, prostituta durante 22 años que ahora lucha por la abolición de la prostitución y los derechos de las mujeres. Contando su experiencia, ella trata de explicar a los clientes que lo que ellos ven como un servicio, ellas lo sufren como una agresión.

Denuncia de la policía

Ambos también dan mucha importancia al paso de la educación y la concienciación a los menores en los colegios e institutos "para hablarles de consentimiento, educación, deseo, que sepan lo que es una relación normal y no aprendida a través de la pornografía".

Los expedientes sancionadores contra los clientes de prostitución se inician en Francia a partir de una denuncia policial. Normalmente, los clientes son sancionados en el curso de dispositivos de desarticulación de grupos de trata de personas, en operaciones de detención de proxenetas. Cuando los gendarmes llegan al lugar donde se procede a la detención y allí hay clientes, se les interpela.

"A veces es el personal de los hoteles quien alerta de que allí se está consumiendo prostitución. De hecho, están obligados a avisar porque si no, se les puede tener como cómplices", explica Boisard. "En los hoteles suele haber tráfico continuo de chicas porque es donde se conciertan las citas y están todo el día en la habitación recibiendo a los clientes", añade Hicher.

Intentar pedir sus servicios en redes sociales, aunque no se consuman, está contemplado en la ley

Los dos activistas explican que en ocasiones la policía intercepta comunicaciones por redes sociales o páginas web y llama a la persona que iba a consumir la prostitución con las pruebas. "El simple hecho de intentar pedir sus servicios, aunque no consuman, está contemplado en la ley. Ya se le puede interpelar", apunta Boisard.

Que la prostituta esté embarazada, sea menor, una mujer con discapacidad, el cliente sea reincidente o haya hecho uso de las tecnologías para consumir la prostitución se consideran agravantes y, en esos casos, el fiscal elige la pena a imponer. Lo más común es que el curso sea una alternativa a la multa, pero si reinciden ya no es posible realizar un nuevo taller, sino que la sanción asciende a 3.750 euros y los antecedentes penales quedan en su historial.