La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la misma pena de cárcel para su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en el caso Kitchen, además de 33 años de inhabilitación absoluta por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación en la pieza del caso Villarejo en la que se investiga el supuesto espionaje desplegado desde la ex cúpula de la Policía Nacional al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, al margen de la Justicia que ya investigaba el caso Gürtel supuestamente para evitar que información comprometedora para altos cargos del Partido Popular salieran a la luz y llegaran a manos del juez Pablo Ruz, primer investigador de la financiación irregular de la formación política.

Los fiscales solicitan entre 12 y 19 años de prisión para los miembros de la ex cúpula de la Policía Nacional a quienes el juez Manuel García-Castellón procesó por su participación en el operativo. La pena máxima es la solicitada para el comisario José Manuel Villarejo Pérez, a quien además de los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, Anticorrupción suma la petición de que la Sala de lo Penal le castigue por cohecho impropio. La pena más baja se solicita para el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, para quien solicitan 2 años de prisión.

"Acuerdo pleno"

En el escrito de acusación presentado este viernes, que firman los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, éstos ven claro que la operación para sustraer documentos a Bárcenas fue ideada desde la cúpula del Ministerio del Interior "con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al meritado procedimiento judicial que se seguía" en la Audiencia Nacional.

Igual que el juez, los fiscales establecen la responsabilidad política de la trama en los dos máximos mandos de Interior y en el ex Director Adjunto Operativo (DAO) o número dos de la Policía, Eugenio Pino.

Para Anticorrupción, Fernández Díaz y Martínez tuvieron "acuerdo pleno" en que la operación la desarrollase Pino. Para ello acordaron contactar con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, "quien no solo tenía un gran conocimiento" de los movimientos y actividades de la familia Bárcenas, "sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada, hacía gestiones privadas propias".

La Fiscalía señala que tanto Fernández Díaz como Martínez, así como Pino, acordaron pagar al chófer de Bárcenas 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y abril de 2015, sumando 44.000 euros en total.

Ninguno de ellos, como máximos responsables del Ministerio del Interior de la época, comunicó la "operación policial de inteligencia" que pusieron en marcha a los investigadores del caso Gürtel, según Anticorrupción. Desde la Dirección Adjunta Operativa, según los acusadores, también se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre Bárcenas y su espora, Rosalía Iglesias. Estos seguimientos fueron realizados, según la Fiscalía, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI). Al frente de este departamento estaba el comisario Marcelino Martín Blas, que ordenó a sus subordinados que controlasen al matrimonio, "con conocimiento" de que el material conseguido no se adjuntaba "en ninguna investigación oficial". Para este mando se piden dos años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por delito de encubrimiento.

Malversación agravada

Después de la reforma del delito de malversación en el Código Penal impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los fiscales solicitan que se condene a los acusados por la modalidad agravada de dicho delito, la que contempla que haya un lucro personal en el desvío de fondos públicos, a pesar de que en Anticorrupción hubo dudas al respecto cuando se conoció la reforma.

La solicitud de penas para la denominada policía patriótica que puso en marcha el dispositivo en el que llegaron a intervenir 70 agentes, entre ellos 55 policías, es la siguiente:

  • Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior: 15 años de prisión y 33 de inhabilitación absoluta por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad
  • Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad: 15 años de prisión y 33 de inhabilitación absoluta por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad
  • Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional: 15 años de prisión y 33 de inhabilitación absoluta por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad
  • Marcelino Martín Blas, ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía: 2 años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación por encubrimiento
  • José Manuel Villarejo, excomisario: 19 años de prisión, 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial por malversación, encubrimiento, contra la intimidad y cohecho pasivo propio
  • Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCAO) de la Policía: 12 años de prisión y seis meses de prisión y 28 de inhabilitación absoluta por malversación, encubrimiento y contra la intimidad
  • Andrés Gómez Gordo, inspector y hombre de confianza de María Dolores de Cospedal: 15 años de prisión y 48 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad
  • Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas y Policía: 12 años y 5 meses de prisión y 9 meses de inhabilitación por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad

"Férreo control a Bárcenas"

Bárcenas entró en prisión provisional el 27 de junio de 2013 y salió en enero de 2015. Durante todo ese tiempo, prosigue la Fiscalía, el operativo siguió en marcha. Su chófer continuó facilitando a Villarejo, a Andrés Gómez Gordo y a Enrique García Castaño (todos ellos comisarios) información sobre el ex tesorero del PP y su mujer. Esta información venía referida "a episodios sucedidos en el interior de la prisión en los que intervino Luis Bárcenas" y las visitas que recibía. Sobre Rosalía Iglesias informaba de los lugares a los que acudía y con quien se relacionaba.

"Durante todo ese periodo los Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez, Eugenio Pino Sánchez, José Manuel Villarejo Pérez, Enrique García Castaño y Andrés Manuel Gómez Gordo sometieron a un férreo control a Luis Bárcenas con la finalidad de continuar obteniendo información y documentación relevante para evitar que dirigentes del Partido Popular se vieran afectados por el procedimiento judicial que se estaba instruyendo sobre el llamado caso Gürtel", dicen los fiscales.

La Fiscalía señala que tanto Villarejo como García Castaño se quedaron copias de la documentación obtenida de la familia Bárcenas. Según el Ministerio Público, lo hicieron "para presionar con su utilización a los mandos del Ministerio del Interior en las decisiones ejecutivas que tenían que tomar y, además, garantizarse también su impunidad con relación a la presunta comisión de otros delitos".

Los fiscales apuntan a que Villarejo, de manera paralela, pretendía usar el Grupo Cenyt -un "entramado societario" del que era propietario- para anular todas las actuaciones judiciales en el caso Gürtel. A ese trabajo le puso precio: 15 millones de euros, más otros cinco variables "según los niveles" de éxito conseguido.

Testigos Cosidó y Olivera

Los fiscales insisten en que el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, comparezca como testigo en el juicio, así como el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Luis Olivera. No insisten, en cambio, en que comparezca la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a quien solicitaron citar como invetigada durante la instrucción.

La Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa para los procesados Olivera, el adjunto a la DAO, Bonifacio Díez Sevillano y el inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago.