Por muy llamativas que sean las imágenes filtradas en torno a las fiestas nocturnas con prostitutas y cocaína del llamado caso "Tito Berni", que afecta al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, la estrategia de los populares pasa por poner el foco en la "trama criminal", tal y como lo define la juez de Tenerife que investiga el caso. Una trama que, supuestamente, amparaba una red que extorsionaba, a través de comisiones y mordidas, a empresarios ganaderos para que pudieran acceder a subvenciones, ayudas y fondos europeos.

En un año marcado por un intenso ciclo electoral, los populares han hecho del caso "Tito Berni" uno de los ejes de su estrategia para desgastar al PSOE y creen que quedan "muchas cosas por salir". Por ello han puesto a trabajar a sus parlamentarios de Congreso y Senado en el control y supervisión de los Ministerios a los que puede salpicar este asunto, así como a sus eurodiputados sobre los fondos europeos que, presuntamente, pudieron recibir algunos de los empresarios de la trama.

Las fotografías del llamado "mediador", Antonio Navarro, junto a Fuentes Curbelo, en una habitación de hotel "por mucho daño que hagan ante la opinión pública no dejan de ser un caricatura, algo caribeño, pero lo grave no está ahí", subrayan fuentes del Grupo Parlamentario Popular a El Independiente tras registrar en el Congreso la petición de una comisión de investigación. Y es que el PP no quiere apartar el foco de lo que suponen debía conocer el presidente canario, Ángel Víctor Torres, quien procedió a cesar a dos directores generales de su gobierno y a un miembro del cabildo tinerfeño -cuyos nombres salen en el sumario- tiempo antes de que el caso estallara públicamente "y quién le debió informar".

"Las prostitutas y las cocaína son una caricatura, algo caribeño. Pero, al final, lo que hay es una trama criminal", dicen en el PP

Los populares no dudan en apuntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la supuesta "fuente" que alertó a Torres de las ramificaciones del caso, "posiblemente con la idea de residenciar todo en Canarias, sin que saltase a la península", algo que ha negado el barón canario bajo el argumento de que hubiera acudido a la Justicia de haber tenido noticia previa. La intención del PP es "nacionalizar" el caso, darle una dimensión mayor habida cuenta de que, conforme se van conociendo detalles del mismo, parece que no se limitó solo a las islas.

"Las prostitutas y las cocaína son una caricatura, algo caribeño. Pero, al final, lo que hay es una trama criminal. Si nos fijamos sólo en las fiestas corremos el riesgo de no preguntarnos para qué se hacían y lo realmente importante es el delito", explican desde el Grupo Popular, que se abonan a la tesis de Génova respecto a cómo el Gobierno "ha intentado distraer la atención con el 'caso Kitchen' y con la implicación del general de Guardia Civil Francisco Espinosa Navas" en este caso, hoy por hoy el único que permanece detenido y que, según el "mediador", es otra rama del caso que no tiene que ver con la de Fuentes Curbelo.

A las sospechas del PP en torno a si fue el ministro del Interior el que alertó al presidente canario, se unen las generadas por el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. Entienden los populares que si "López no identifica a los diputados que cenaron con Curbelo alimenta la teoría de que hay algo", aunque él lo ha justificado en la necesidad de no señalarlos públicamente. "Una cosa es ir a una cena y otra corromperse", ha justificado el portavoz socialista.

Además, los populares han pedido la comparecencia de cuatro ministros y se reservan pedir la del propio Pedro Sánchez, tanto en el pleno del Congreso como en la comisión de investigación si se termina constituyendo. Del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quieren recabar, entre otros aspectos, si tuvo conocimiento de los hechos que investigaba la policía y si alertó al presidente canario.

La supuesta implicación de un general de la Guardia Civil con misiones en el Sahel y otros supuestos contratos de la trama es materia para la titular de Interior, Margarita Robles, también para el de Exteriores, José Manuel Albares. Y de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, recabar información respecto a si estos empresarios se vieron de algún modo beneficiados por fondos europeos además de la relación de la Fundación Internacional Iberoamericana de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) con el general Espinosa.

En cuanto a la comisión de investigación, quieren que ésta se constituya en breve y desarrolle sus trabajos en seis meses, siempre prorrogables, aunque la disolución de las Cámaras para la celebración de las elecciones generales a finales de año, la haría decaer si todavía estuviera abierta.