Dos directores generales del Gobierno canario y un director insular del Cabildo de Tenerife que aparecen en el sumario de la trama de presuntos sobornos de empresarios al diputado nacional del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', dejaron sus cargos meses antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de la investigación seguida en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife.
Se trata de Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería hasta junio de 2022, cuando fue cesado por pérdida de confianza por el presidente canario, Ángel Víctor Torres; Conrado Domínguez Trujillo, director del Servicio Canario de Salud (SCS) hasta el 4 de noviembre de 2022, cuando también fue instado a renunciar por parte el consejero de salud, Blas Trujillo, y Ángel Pérez Peña, director de Deportes del Cabildo de Tenerife que fue el último en presentar su dimisión, el pasado 31 de enero. La noticia se hizo pública con una nota en la que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, le agradeció su dedicación hasta el momento.
Los tres altos cargos socialistas se han visto salpicados por la trama del caso Mediador que instruye la jueza María Ángeles Lorenzo Cáceres por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos desde enero de 2022, aunque durante meses se mantuvo secreta. Las menciones que los investigadores hacen de ellos no son circunstanciales.
Captación de un empresario con una sanción
Taishet Fuentes es uno de los investigados en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. Habría participado activamente en la trama para conseguir para sí mismo y para su tío, el diputado Fuentes Curbelo o 'Tito Berni' -de quien heredó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno canario- mordidas de empresarios que buscaban favores para impulsar proyectos. Estos pensaban que tanto Fuentes Curbelo como su sobrino y el general de la Guardia Civil y exjefe de la Comandancia de Las Palmas Francisco Espinosa Navas, también investigado, les podrían ayudar a que las Consejerías de Sanidad y Agricultura les redujeran sanciones por la actividad de sus compañías, les aseguraran ciertas adjudicaciones o les facilitaran entrar en el cupo de emprendedores con ventajas fiscales dentro del cumplimiento de ciertas exigencias europeas para Canarias. Para ello, accedieron a pagar miles de euros al mediador del caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte.
Basándose en la información de los dos teléfonos móviles requisados a este último, los investigadores atribuyen a Taishet Fuentes Gutiérrez la "captación" del empresario quesero Alberto Montesdeoca García. La Guardia Civil indica en uno de los informes del sumario de la causa consultado por El Independiente que el director general de Ganadería era "conocedor de un expediente sancionador del Servicio de Control de Financiaciones Europeas Agrícolas instruido al ganadero en el que se proponía el reintegro de subvenciones recibidas por Quesería Montesdeoca SL más el interés de demora devengado".
En noviembre de 2020, el empresario Montesdeoca, Tacoronte, Taishet Fuentes y el abogado Plácido Alonso tuvieron una reunión en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. Tras ésta, e intentando que le anularan la sanción que ascendía a 70.000 euros, el empresario ganadero "hizo una serie de pagos por esa mediación para rebajar la sanción muy grave a leve": 5.000 euros por transferencia bancaria a la Asociación Deportiva Vega de Tetir a través de la que 'Tito Berni' recibía los pagos, pues era el presidente; 3.000 euros por medio de bizum a nombre de la madre de Plácido Alonso; 1.500 euros por transferencia bancaria a la mujer del mediador Tacoronte y 10.000 euros a él; otros 2.300 euros en efectivo a 'Tito Beni' y unos 5.000 euros en efectivo a su sobrino, según repasa la Guardia Civil.
El mediador de la trama declaró ante los investigadores que "como prueba de estos pagos hay conversaciones por Whatsapp con el empresario Alberto Montesdeoca y grabaciones de alguna de esas reuniones", así como que "se le prometió rebajar la sanción. Se habló con el director del Servicio Canario de Salud Conrado Jesús Domínguez Trujillo, con Bernardo Fuentes Curbelo, con la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, el Jefe de Sección de Ganadería Cardona y otros cargos relacionados con el mencionado expediente y nadie hizo nada".
Billetes en la mesa tras reunirse con Domínguez Trujillo
En 17 de marzo de 2021, el empresario Montesdeoca presentó una solicitud ante la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, pidiendo una ampliación de plazo y designación de abogado. Se la remitió al mediador indicándole que le había enviado una copia a Taishet Gutiérrez.
Ese mismo día, el mediador envió al empresario una foto en un despacho junto a Domínguez Trujillo, que en ese momento era director general del Servicio Canario de Salud. El empresario remitió al mediador un documento con una resolución del Gobierno canario ampliando siete días el plazo, como había pedido. Seguidamente, como se recoge en el sumario, el mediador contesta con una serie de mensajes con imágenes de fajos de billetes de 50 y 20 euros. En la misma fecha, el mediador remitió al empresario pantallazos de distintos mensajes supuestamente intercambiados con Domínguez Trujillo en los que pedía que le favoreciera con el expediente.
El director del Sanidad canario dimitió el 4 de noviembre de 2022 porque figuraba como investigado en otra causa, la del caso Mascarillas de Canarias. El juez Francisco Javier García instruía la investigación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la compra de un millón de mascarillas por los que el Servicio Canario de Salud adelantó cuatro millones de euros a la empresa RR7, dedicada a la venta de automóviles. El juez consideró que quedaba fuera de las actividades justificadas para distribuir material sanitario. Cuando el instructor planteó citar a declarar como testigo al presidente canario, el director del servicio de Salud dimitió.
Denuncia la trama y el mediador le implica
El último alto cargo en presentar su dimisión, el pasado 31 de enero, fue quien hizo nacer la investigación judicial. Ángel Pérez Peña, director de Deportes del Cabildo de Tenerife, acudió a una comisaría de Santa Cruz de Tenerife en enero de 2022 para denunciar que le habían estafado 2.575 euros haciendo cobros a su cuenta bancaria a través de una tarjeta Revolut, de las que no dejan rastro del concepto de gastos. Lo hizo después de ir a pagar unas gafas en una óptica y comprobar que se había quedado en descubierto.
La Policía siguió los datos del titular de la tarjeta con la que se habían hecho dichos pagos y dio a parar con el mediador Navarro Tacoronte, que pronto declaró que no había incurrido en ninguna estafa digital y que se trataba de una denuncia falsa. Afirmó que conocía a Pérez Peña desde hacía tiempo y que quizá su declaración era fruto del nerviosismo porque su esposa no supiera que había gastado ese dinero en joyas que no eran para ella.
Navarro Tacoronte afirmó que el propio director de Deportes del Cabildo, desde ese momento investigado por denuncia falsa, le había recomendado esa tarjeta "como una manera de pasarle dinero", le había autorizado los cargos y tenía prueba de ello. El mediador declaró que se habían visto "20.000 veces más que las dichas por el denunciante en la Matanza de Acentejo", municipio en el que Pérez Peña había sido técnico deportivo externo desde 2016.
El Gobierno de Canarias pide personarse
El presidente del Gobierno canario, Ángel Victor Torres, sostiene que no sabía nada de la supuesta organización delictiva de los Fuentes, Tacoronte y el general Espinosa por la que habrían cobrado mordidas millonarias en efectivo y en especie, con noches de prostitución y drogas incluidas, a pesar de que el mediador asegura que el máximo responsable canario "sabía todo lo que hacía". El político anunció esta semana una querella contra el principal implicado en la trama que también está apuntando al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, en sus sucesivas apariciones en medios.
Este martes, durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, Torres afirmó que los comportamientos conocidos "nos repugnan y nos avergüenzan", así como que el PSOE canario se personará en la causa como acusación popular dado que los servicios jurídicos del Gobierno de las Islas han concluido que no se han producido daños para las arcas públicas y, por lo tanto, no pueden personarse como acusación particular.
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