Es un goteo que inquieta en la Administración vasca. Desde hace meses los tribunales vascos han dictado sentencias en las que se cuestiona la intensidad de la política lingüística aplicada en el acceso a los empleos públicos. Unas resoluciones que tildan de abusivas y discriminatorias el número de plazas con exigencias de acreditaciones de perfiles de euskera a los candidatos a empleos de la Administración. Resoluciones que podrían obligar a la función pública vasca a reajustar su marco normativo de cara a los numerosos procesos de OPE que tiene en marcha y que ya ha anunciado que analizará con detenimiento.

Los jueces han tumbado procesos llevados a cabo en la Academia de la Ertzaintza, en el Ayuntamiento de Irún, en una fundación de la Diputación de Gipuzkoa y en el consistorio de Llodio (Álava) y no se espera que pueda haber nuevos casos. En todos ellos se cuestiona que se establezcan perfiles de euskera para la mayoría de las plazas. Se apunta que supone limitar el acceso a quienes no hablen euskera y por tanto una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución en el que se reconoce la igualdad de acceso de todos los ciudadanos “a las funciones y cargos públicos”.

Desde el Ejecutivo de Iñligo Urkullu, pese a rechazar los pronunciamientos de los jueces, ya se ha avanzado que se tendrá que llevar a cabo “un análisis jurídico profundo” para resolver el posible conflicto generado entre los dos derechos a preservar: el derecho a relacionarse en euskera con la Administración que tienen los ciudadanos vascos y el derecho al acceso a la función pública de la ciudadanía.

Tanto desde el Gobierno vasco como desde otros ámbitos culturales y sindicales se ha arremetido contra los jueces por lo que consideran un ataque al euskera y una limitación de los derechos lingüísticos de los euskaldunes. El propio lehendakari se mostró "preocupado" y "disgustado" por estos pronunciamientos y recordó a los jueces que el euskera es una de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma vasca. Es precisamente la baja euskaldunización de la Administración dependiente del Estado, en particular el de la Justicia, uno de los reproches más repetidos desde los sectores de apoyo al euskera.

Cerca de un 90% de suspensos

En el año 1982 en Euskadi se aprobó la Ley de Normalización del Uso del Euskera que debía garantizar el acceso en ambas lenguas oficiales a todos los servicios de la Administración. Sucesivos decretos han ido estableciendo los procedimientos que se debían seguir en la convocatoria de plazas en cada institución y que, básicamente, se debían adecuar a la realidad sociolingüística de cada territorio. En este tiempo a la mayoría de las plazas públicas convocadas se les han asignado la necesidad de acreditar un perfil de euskera en un periodo determinado, en una ‘fecha de preceptividad’. Existen cuatro niveles, el PL1 (equivalente a un B1), el PL2 (b2), el PL3 (C1) y el PL4 (C2).

Miles de trabajadores que ocupan hoy una plaza de modo interino en la red pública continúan enfrentándose al reto de acreditar el perfil de euskera asignado a su plaza. Periódicamente se celebran exámenes para lograr la acreditación, si bien en la mayoría de los casos no se logra superar la prueba. El 3 de junio del año pasado el instituto de Evaluación e Investigación Educativa (IVEI) llevó a cabo una de estas pruebas a la que se presentaron 3.471 personas, de los que sólo 151 lograron acreditar el perfil al que optaban. Un informe de este instituto de 2019 reveló que nueve de cada diez examinados en sus pruebas no lograba aprobarlas.

Una realidad que contrasta con la escolarización en euskera, en el llamado modelo D, que es mayoritaria en el sistema educativo vasco pero que no logra la capacitación suficiente para acreditar estos perfiles.

La última sentencia conocida la semana pasada, relacionada con la Fundación Ulilazpi, vinculada a la diputación de Gipuzkoa, concluía que se había excluido a los aspirante castellanohablantes de la OPE al reservarles sólo 2 de las 34 plazas convocadas. En una sentencia anterior de la Justicia, referida a un concurso en la Policía Municipal de Irún, se consideró discriminatorio fijar como requisito obligatorio el conocimiento de euskera. La sentencia señalaba que para asegurar el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera no es necesario que todas las plazas sean bilingües. En enero de este año el Juzgado Contencioso-administrativo de Vitoria también ordenó admitir a los aspirantes a policía y a los que se había excluido por no acreditar el nivel B2 de euskera, “supone un trato discriminatorio”, señalaba la sentencia.

Uno de los idiomas "más difíciles del mundo"

En febrero del año pasado una jueza de la capital alavesa fue más allá al ordenar la readmisión de una trabajadora interina expulsada por no acreditar el nivel de euskera. En la sentencia apuntaba que la demandante había realizado hasta ocho cursos de euskera, invirtiendo 1.295 horas de estudio, y tan sólo había obtenido el nivel más bajo del idioma, el nivel 1 frente al nivel 3 exigido: “La Administración parece olvidar que el euskera ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo (en algunas listas aparece incluso el primero)”, aseguraba en la sentencia.

Desde hace años las inversiones en formación lingüística del personal público son millonarias. El Ejecutivo y los distintos niveles de la Administración facilitar el estudio mediante liberaciones y financiación de academias a sus trabajadores. Sin embargo, los bajos índices de uso del euskera en el seno de las unidades de trabajo y en muchos núcleos urbanos llevó al Gobierno a abrir un periodo de reflexión para flexibilizar su política en torno al euskera. Además de facilitar convalidaciones lingüísticas, se han incorporado mecanismos que faciliten la acreditación de los perfiles. Las ingentes cantidades invertidas apenas han logrado que un 33% de la población se declare vascoparlante.   

El abogado Francisco López Lera está detrás de varias de estos recursos que finalmente han sido aceptados por la Justicia. Asegura que en las últimas semanas ha aumentado de modo significativo las consultas a su despacho relacionadas con procesos similares. En su opinión, con estas sentencias no se está vulnerando ningún derecho lingüístico de los euskaldunes. Recuerda que lo que obliga a la administración es a prestar un servicio bilingüe a la ciudadanía pero no a que todo su personal lo sea: “¿Ese derecho supone que todo el mundo que quiera ser funcionario tenga que saber euskera? Creo que no. Si alguien va a un mostrador y quiere hablar en euskera basta con que se le garantice el servicio, que alguien que tenga perfil de euskera le pueda atender”.

Una oferta de 8.700 plazas

López Lera es partidario de que “se elija a los mejores” pero considera que el euskera debería ser un mérito más que una exigencia, “de este modo quien lo tenga ya sale con ventaja en un proceso”, señala. Un mérito que en muchos casos tiene un peso muy significativo, como sucede en procesos de profesionales sanitarios en los que algunos perfiles de euskera aportan más puntuación que un doctorado y un grado.

Ante la posibilidad de que las sentencias sean ratificadas en los recursos que ya se anuncian, el abogado confía en que así sea y se de un paso más hacia la consolidación de cierta jurisprudencia al respecto: “La jurisprudencia sólo la crea el Tribunal Supremo con varias sentencias, pero al menos que en las instancias inferiores se pueda afianzar lo que llamamos una jurisprudencia menor que permita modificar esta situación”.  

Actualmente la Administración vasca está inmersa en un ambicioso proceso de OPE que afecta a distintas áreas. En total se van a ofrecer 8.764 plazas en oferta pública de empleo en el seno de la Administración General y sus organismos autónomos. Sólo en Educación superarán las 3.000, en Sanidad alcanzarán las 3.700 y en la Ertzaintza serán 315.