Se cumple un año desde que el Congreso de los Diputados dio luz verde por unanimidad de los partidos a la toma en consideración de la proposición de ley para garantizar el derecho de una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) presentada por Ciudadanos. Un texto que desde entonces, lleva bloqueado en proceso de presentación de enmiendas, es decir, en plazo abierto para que el resto de grupos parlamentarios presenten propuestas de cambio parcial o total de la norma a la que se pretende dar salida. Para esas modificaciones, después de pasar por la Mesa, se da un plazo de quince días -de diez, de tramitarse por vía urgente-. Pero existe la posibilidad que, a petición de los grupos o por motivos puntuales, se permita extender ese margen. Y este martes, se ha sumado la prórroga número 38; la sexta en lo que llevamos de año.

Así lo volvía a denunciar horas después y en el último pleno parlamentario Ciudadanos en palabras de su portavoz de Derechos Sociales, Sara Giménez. "Es totalmente incomprensible (...) que se estén batiendo los record de decretos, legislando por vía de urgencia (...) y después de un año la ley siga en el cajón. ¿Son un Gobierno progresista o uno a quien le da igual la situación de familias y enfermos? Les están quitando el tiempo que no tienen", lamentaba la diputada mientras se dirigía a la bancada del Grupo Socialista.

Los liberales denuncian desde la cámara baja que los socios de Gobierno, cuyos grupos tienen una mayoría de seis de nueve representantes en la Mesa, lo que les permite controlar y coordinar el calendario legislativo y los tiempos, no "dan respuesta". Y las conclusiones que sacan los naranjas, en palabras de su portavoz adjunto Edmundo Bal en su última comparecencia en rueda de prensa, es que PSOE y Unidas Podemos "no quieren que Ciudadanos se ponga la medalla". "Es un fraude legislativo como la copa de un pino (...) frente a una posición mayoritaria a favor de la cámara", añadió.

Desde el mes de marzo de 2022, cuando se aprobó considerar la ley, el PSOE se adhirió a una tendencia nueva: emplear de manera sistemática las prórrogas de enmiendas como método de organización legislativo. Solo favoreció un aplazamiento en 2020 y ninguno al año siguiente, pero la cifra aumentó a 1.361 prórrogas en 2022. Por el momento, este año ya se superan las 240, haciendo un total de más de 1.600 dilataciones. La suma del resto de grupos supera ligeramente los 1.540 aplazamientos en conjunto, según fuentes parlamentarias. Ante ello, y para paliar este tipo de prácticas que, en última instancia sirven para dejar en el limbo cualquier norma polémica o que genere menor interés al Gobierno, Ciudadanos hace una propuesta: legislar que esto solo pueda hacerse "por causas tasadas" y justificadas.

En conversaciones con El Independiente, la presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA), Adriana Guevara, que está en contacto regular con Giménez, muestra su indignación y desesperanza por este retraso legislativo. "No podemos comprenderlo, es un juego político en el que no entran las personas. Lo que interesa se apoya y ya está, parece que los enfermos no interesan", considera Guevara. Que en todo caso, no cree que se deba a una cuestión económica. Y es que, según les traslada la Asociación Española de Neurología, "no hay un registro oficial". Se estima que haya "alrededor de 3.000 enfermos". "Tirando por lo bajo", el gasto anual de cada uno de los afectados es de 40.000 euros, ello destinado a tratamientos paliativos, logística para la movilidad, la comunicación tras la pérdida del habla, o la higiene. También para ayudas.

El corto margen de actividad parlamentaria previo a las generales y las malas estimaciones electorales de CS preocupa a familiares y enfermos de ELA

Eso supondría para las arcas públicas unos 120 millones de euros cada año, "algo mínimo para una economía como la nacional". Guevara determina que únicamente el 6% de los enfermos puede hacer frente a ese gasto, al pertenecer a economías altas. Y valora de "importantísimo" que se fomenten, como hará la Comunidad de Madrid, instalaciones de atención especializada para los enfermos. "Muchos de ellos no tienen familia o sus parejas les han abandonado", recalca.

La proposición de ley, que en un inicio era "general" y "mejoró bastante" por las propuestas de ADELA, recoge entre sus páginas aspectos como la concesión del grado mínimo de discapacidad para los pacientes desde que se les diagnostica la enfermedad; una atención preferente en la administración y la Sanidad, o la posibilidad de acogerse al bono eléctrico social en aquellos afectados que dependan de ventilación mecánica. Igualmente, un mejor acceso de pacientes y familiares a servicios suplementarios de transporte y alojamiento; atención domiciliaria de servicio de fisioterapia y especializada toda la jornada. Medidas, que también se contemplan extensibles a otros enfermos crónicos, con achaques neurogenerativos o autoinmunes.

Entre las preocupaciones que denota Guevara, que se asemeja con las expresadas por fuentes consultadas de Ciudadanos, es que la ley termine decayendo. Una previsión que se acentúa teniendo en cuenta que quedan aproximadamente siete meses de sesiones, salvando la pausa de verano y el margen de 54 días desde que se disuelven las Cortes y se convocan elecciones hasta que se abren las urnas, previstas para diciembre; y que la fuerza liberal, según las encuestas, tendría difícil resistir en la cámara baja. Como mucho, y en el mejor de los casos, aguantaría dentro del Grupo Mixto con un escaño de los nueve con los que cuenta en este momento. Una vez se disuelva el Congreso, toda ley no aprobada que esté bloqueada, en trámite de enmiendas o en comisión, decaerá. Y será el nuevo equilibro parlamentario quien decida qué se retoma y qué queda en papel mojado.

Con este tipo de 'banderas' concretas y "valientes", Ciudadanos persigue sobrevivir electoralmente y evitar el extraparlamentarismo. La propuesta que se ha trasladado desde la refundación de la marca, es la de querer ser influyentes desde nichos potentes y condicionar las políticas del centroderecha y el centroizquierda para restar protagonismo a los extremos. Otras 'balas' son la reclamación de reformar el sistema nacional de pensiones y el mercado laboral, así como regular el acceso a la vivienda.

Iniciativas en stand by parlamentario

Hay ejemplos de bloque previos a la ley de la ELA que alcanzaron casi un año en proceso de admisión de enmiendas. Es el caso de la Ley de Mecenazgo propuesta por el Grupo Plural, que estuvo en ese estado desde abril de 2021 a marzo del año pasado. Y no ha sido hasta el pasado mes de noviembre cuando se ha empezado a debatir. Aunque hay otros casos como la propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, planteada por el PNV en septiembre de 2020, que ya lleva cien prórrogas. Los nacionalistas vascos han sido los que más han insistido en la renovación de una norma que data de 1968, pero como ocurrió anteriormente con una PL similar entre 2016 y 2018, apunta a quedarse en el cajón. El Gobierno busca promover una propia, que aún está en proceso de anteproyecto de ley y no ha pasado por el Consejo de Ministros. Se inició a raíz del escándalo del espionaje con Pegasus, y tras dar cabida en la comisión parlamentaria que se ocupa de la información clasificada a ERC o EH Bildu.

Hay otras proposiciones de ley que también apuntan a decaer al término de la legislatura. Son la ley general de salud mental del Grupo Confederal de Unidas Podemos, que aglutina desde octubre de 2021 56 prórrogas. La izquierda confederal en el Senado envió una proposición de ley al Congreso en diciembre de 2021 para garantizar el servicio, el acceso universal a internet y una banda ancha de 100Mbps en las zonas rurales. Ésta va por medio centenar de aplazamientos.

Son un total de 62 iniciativas para las que semanalmente, y en última ocasión este martes, la Mesa del Congreso ha prolongado automáticamente el proceso de admisión de enmiendas. En detalle, se trata de dos iniciativas popular legislativa (IPL), once proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, nueve PL procedentes del Senado y seis de las comunidades autónomas, y 34 proyectos de ley. A las anteriormente mencionadas se unen otras llamativas como la PL del PSOE para catalogar como "agentes de la autoridad" a los funcionarios de instituciones penitenciarias o la suspensión de la obligatoriedad de acudir a un juicio oral por maternidad o paternidad a petición de EH Bildu y ERC [puede consultar el conjunto de iniciativas, aquí].

Pero a diferencia de la ley del ELA, hay otras iniciativas bloqueadas por PSOE y PP. Es el caso de la regulación de los grupos de interés o lobbies, la cual el portavoz socialista, Patxi López recuperaba -parada desde junio de 2021- en su discurso tras el estallido del caso Mediador como garantía de futuro para alejar a los diputados de las presiones empresariales. La propia de salud mental ya mencionada y la de injurias a la Corona y delitos religiosos; así como la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el término 'disminuido'.

La propuesta de Ciudadanos, de limitar los plazos para las enmiendas, también lo plantean otros miembros parlamentarios de distinto signo consultados por este medio. Cabe destacar que en la última legislatura de Mariano Rajoy 2016-2018), el PP y el partido naranja, con Albert Rivera a la cabeza, contaban con mayoría en la Mesa, y este tipo de prácticas también se aplicaron. Hubo una iniciativa en la cámara para limitar estos plazos como hoy se vuelve a sugerir. Conservadores, liberales y Foro la rechazaron, pero fue aprobada. Y, paradójicamente, la misma sucumbió a las prolongaciones que pretendía impedir. Tras la moción de censura de Pedro Sánchez y la convocatoria electoral posterior, decayó.