La cúpula de la Fiscalía abordará el próximo 16 de marzo las indicaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García, para tratar de frenar la imparable lista de rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí.

El pasado 21 de noviembre el máximo responsable del Ministerio Público ya emitió un decreto para "proporcionar una respuesta uniforme" a los fiscales ante las peticiones de revisiones de sentencia. Instaba a que se informara a favor de mantener la pena siempre que la horquilla penológica para cada uno de los delitos lo permitiera, aunque la nueva ley recogiera penas mínimas más bajas en cada uno de los tipos.

Tres meses después, con 721 condenas a delincuentes sexuales rebajadas y 74 excarcelaciones por haberse acortado las penas -según el último dato oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque los tribunales han emitido nuevas sentencias con penas a la baja- García ha remitido una Circular a todos los fiscales de Sala en la que amplía y refuerza los argumentos que ya se contenían en dicho decreto.

Recursos ante el Supremo

La Circular no supone ninguna novedad sustancial, pero emplaza a la Junta de Fiscales de Sala a abordar el asunto y abunda en que "no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal".

El fiscal general insiste en que "apoyar rebajas de penas debe ser algo muy excepcional" y que sólo se debe apoyar la rebaja cuando la pena de prisión que corresponda imponer por la reforma legal sea "indudablemente de duración inferior".

La Junta de Fiscales de Sala, presidida por el fiscal general, integrada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de Sala, en la que la fiscal jefe de la Secretaría Técnica actúa como secretaria, tiene entre sus funciones la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal.

De ahí que se espera que de dicha Junta de Fiscales de Sala salgan las indicaciones conjuntas para presentar un buen número de recursos ante el Tribunal Supremo contra rebajas acordadas por tribunales de toda España.