La directriz de Pedro Sánchez, desde el primer momento, era inequívoca: había que "pasar página". Escapar de la reforma de la ley del sí es sí, la iniciativa legislativa que ha provocado la mayor crisis en el seno del Ejecutivo de toda la legislatura, y demostrar que la coalición, aunque muy agrietada, tiene aún vida. Gasolina para llegar a la meta de las generales. Leyes que culminen la acción normativa de estos más de tres años de convivencia. Y que permitan, claro está, huir del ruido y mitigar el fortísimo impacto del choque entre los socios a cuenta de la modificación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Desde la Moncloa reconocen que el plan inmediato, tras el áspero pleno del martes que tantas heridas dejó, por el severo cruce de reproches entre socialistas y morados, es rebajar el tono y también reactivar la agenda legislativa. Desbloquear las leyes estrella pendientes y que no pudieron salir antes de fin de año. Entre ellas, dos, la ley de vivienda, en la que el acuerdo sí se atisba más cercano, y la reforma de la ley de seguridad ciudadana, cuya viabilidad peligra.

En la primera, la intención de Transportes es cerrar un texto conjunto con Unidas Podemos y con los socios —ERC y Bildu, fuera queda en este caso el PNV— en los próximos días, con el fin de trasladar ese consenso al Congreso para que arranque la tramitación parlamentaria, primero en ponencia y comisión, y después en pleno y finalmente el Senado. En la segunda, el cambio de la ley mordaza, los socialistas fijaron este jueves la convocatoria de la Comisión de Interior de la Cámara baja para el próximo martes, para aprobar el dictamen. Aun a riesgo de que el texto caiga. Pero el objetivo es meter presión a los grupos, y que decidan "si prefieren que haya una nueva ley, con un contenido que comparten al 98%, o bien optan por hacerla decaer". Además, el pacto para acometer la última parte de la reforma de las pensiones, dirigida por José Luis Escrivá y comprometida con Bruselas, está ya al caer, muy maduro.

Los ministros de Sánchez subrayan que el Gobierno es "estable" y lo seguirá siendo en esta y en las siguientes legislaturas. También Subirats rebaja el tono

Al sí es sí le queda más de un mes de tramitación en Congreso y Senado. Pero, pasada la primera tempestad, la de la toma en consideración, el mensaje de los dos socios de la coalición es la de intentar rebajar la tensión, aunque las ministras Irene Montero y Ione Belarra mantienen su línea de crítica dura con los socialistas. Es un "Gobierno estable y lo seguirá siendo", en esta legislatura y en las futuras, aseguró desde Mérida el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa junto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. El ministro puso en valor la "hoja de servicios" de avance de derechos, libertades y transformación social y económica. "Tenemos un año de legislatura por delante y más legislaturas para seguir transformando la realidad económica y social", reiteró, en una señal clara de que la vocación de continuidad de la coalición es clara.

También Miquel Iceta, responsable de Cultura y Deporte y miembro del núcleo duro del presidente, apuntaló esa idea: los socialistas quieren agotar la legislatura con los morados "e, incluso, ir más allá", después de las próximas generales. Y María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y titular de Hacienda, continuó quitando hierro a las diferencias con Podemos: "No hay que reconducir lo que no se ha desviado".

200 leyes como mejor aval

La apuesta de Sánchez es nítida: mantener el Gobierno de coalición como mejor aval de cara a los siguientes procesos electorales. El presidente ha presumido de la "estabilidad" de su Ejecutivo, de cómo, pese a sus "diferencias", el bipartito ha logrado aprobar ya 200 leyes y superar crisis de envergadura, empezando por la pandemia y siguiendo por la guerra de Ucrania. Y ha insistido en que, tras las próximas urnas, el Gobierno será de coalición, o bien de la izquierda o bien de la derecha. Es decir, que su carta de presentación para los ciudadanos será el compendio de logros de su Gabinete compartido. Y aunque en el PSOE hay dirigentes que creen que la mejor salida, en este punto de la legislatura, sería echar a las ministras de Podemos, Sánchez y su núcleo duro descartan esa alternativa. Son conscientes de que dar ese paso sería "victimizarlas", y no quieren dar esa baza a los morados.

PSOE y Unidas Podemos ya están a punto de atar pensiones, y el Ejecutivo confía en poder cerrarlo con los socios y al menos con los sindicatos

Aun tirando de un lenguaje combativo tanto Belarra como Montero han recalcado que el Gobierno "no está en riesgo" en ningún caso. Este jueves, el ministro Joan Subirats —en la órbita de la más contemporizadora Yolanda Díaz— aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el Ejecutivo llegará vivo hasta el final de la legislatura a pesar de que pueda haber, "como en todo Gobierno de coalición", puntos de desacuerdo, informa EFE. Él acudió el Congreso porque se concluía la tramitación parlamentaria, precisamente, de otras dos leyes, la Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de la de Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

Para superar el bache, más pruebas de unidad, parece gritar el Gobierno. Para este viernes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado una reunión de la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos para intentar dejar cerrado el último bloque de la reforma de las pensiones. El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, según indicaban en la noche del jueves fuentes del Ejecutivo a El Independiente, está ya "casi a punto", y se espera que se pueda atar la reforma con los socios de investidura y con las centrales sindicales. Con la Comisión Europea, con la que Escrivá ha negociado en paralelo, no hay problema: el Gobierno tiene ya su aval. El cierre de la reforma, que incluye el destope de las cotizaciones máximas y cambios en el periodo de cómputo, es obligado porque es uno de los compromisos contraídos con Bruselas para que España acceda al cuarto desembolso de los fondos Next Generation vinculados al plan de recuperación.

El acuerdo sobre la ley de Vivienda, "prácticamente" cerrado

El acuerdo sobre la ley de vivienda ya está un palmo más cerca. "Queda muy poco", dijo la titular de Hacienda en RNE. Al poco, desde redes sociales, respondió Belarra: es una norma "muy urgente para nuestro país, pero sobre todo es urgente que sea una buena ley que incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de vivienda. Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo".

Ambas afirmaciones son ciertas, aunque parezca paradójico. Porque el pacto no está cerrado ni hay una oferta final y compacta final planteada por escrito por los socialistas para dar carpetazo a todos los flecos pendientes. Pero lo que sí hay, como avanzó El País, es una propuesta "verbal" para imponer un tope a la actualización de los alquileres. Unidas Podemos, ERC y Bildu querían que las rentas solo pudieran crecer un 3% anual como máximo. Es decir, un tope permanente y estructural. Los socialistas están dispuestos a asumir ese umbral, pero solo de manera temporal, mientras se confecciona un nuevo índice. Ahora, y hasta final de año, el límite de actualización de todos los alquileres es del 2%. Una medida extraordinaria adoptada por el Ejecutivo para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Para 2024, el socio mayoritario acepta que se aumente al 3%, para luego ir estableciendo topes de renta en función de un nuevo índice.

"Estable, pero a la vez flexible"

"No es tan efectivo fijar una cifra fija porque las circunstancias cambian, hay que adaptarte mejor a los ciclos económicos —explican fuentes de Transportes, el ministerio que pilota las negociaciones—. Ahora mismo, sí tiene sentido porque en 2024 se seguirán sintiendo los efectos de la guerra de Ucrania, pero de cara al futuro puede ser desincentivador. El 3% es un tope muy rígido. Buscamos una fórmula estable, pero a la vez flexible". Los socialistas comparten con los socios el "objetivo" de que los alquileres no queden sujetos a la evolución del IPC, como ocurría hasta ahora, ya que si la inflación se dispara, como ha ocurrido en los últimos años, el aumento anual de las rentas a pagar por los arrendatarios es, en muchos casos, inasumible para estos. Otro escollo en las conversaciones es también qué hacer con los pisos nuevos que entran en el mercado.

Los socialistas aceptan un tope del 3% para 2024, para luego aplicar un índice que se está diseñando

Los morados, al igual que los socios, insisten en el tope del 3% y no acaban de aprobar la solución del nuevo índice. Esta misma semana, la diputada de ERC Pilar Vallugera advertía al PSOE de que si no hay contención de los alquileres al 3%, que si no hay un tope y una referencia para los pisos nuevos que ingresan en el mercado, que si los gastos no corren a cuenta del arrendador, "no va a haber ley". "No vamos a aceptar una ley que sea maquillaje", agregan en el partido a este diario. En Bildu, como en UP, admiten que el acuerdo "está cerca, pero aún no se ha cerrado". La previsión de Transportes es que pueda producirse una reunión con los grupos en los próximos días para presentarles el paquete completo por escrito y, si se amarra el acuerdo, arrancar el tramite parlamentario en ponencia y comisión.

El fin de la ley mordaza sí parece más empinado. Los obstáculos son los mismos que hace semanas: el uso de las pelotas de goma, las sanciones a las faltas de respeto a los agentes, el castigo a la desobediencia a los uniformados y el aval a las devoluciones en caliente. El martes, se produjo un encuentro de trabajo entre los seis grupos que negocian la reforma —PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y Junts— y no hubo avances, como informó El País. De un lado, los tres primeros partidos, que mantienen una posición semejante; del otro, los tres últimos, que mantienen discrepancias irresolubles hasta ahora sobre los cuatro artículos que se han convertido en escollo.

Pese al último fracaso negociador, los socialistas han decidido convocar para el próximo martes, 14 de marzo, la sesión de la Comisión de Interior. Para aprobar el dictamen... o bien para que decaiga. El PNV, el partido promotor de la proposición de ley orgánica, está de acuerdo con el movimiento, porque entiende que mes y medio —el tiempo que habrá transcurrido desde que se cerró la ponencia— es más que tiempo suficiente para cerrar el texto, y "es momento de posicionarse", es "la hora de la verdad".

El PNV, promotor del fin de la 'ley mordaza', comparte con Ferraz que hay que fijar postura ya

"Deben decidir si prefieren seguir con la ley mordaza de [Mariano] Rajoy o aprobar una reforma que, pese a no ser el 100% de su agrado (nunca lo es de nadie porque los acuerdos son eso, puntos de encuentro entre diferentes), supone revertir en gran medida el recorte de derechos que supuso la ley mordaza. El texto se ha mejorado, hay cambios sustanciales, se han acercado posturas. Hay que aprovechar esta oportunidad", esgrimen fuentes del PNV.

También la 'enmienda antiokupas'... ¿y prostitución?

ERC y Bildu no están conformes con la última redacción. "No vamos a aprobar nada que esté por debajo de los estándares de la ley catalana", avisan los republicanos. Y es que en Cataluña los Mossos no pueden utilizar las pelotas de goma y solo tienen permitidas las de espuma (foam). Los socialistas e Interior han dejado muy claro que están dispuestos a eliminar todos los puntos restrictivos de la legislación de Rajoy, pero no tolerarán dejar desprotegidos a los agentes. Y no van a ceder en sus líneas rojas. De ahí que el acuerdo sea, al menos por ahora, complicado.

Los socialistas dicen que no cederán en sus líneas rojas y advierten de que si la iniciativa naufraga no será una derrota suya, sino del grupo proponente, el PNV

La sesión del martes tendrá mucho, pues, de ruleta. "ERC y Bildu jugarán al precipicio hasta el final", pronostican en la cúpula parlamentaria socialista. En ella recuerdan, además, que la reforma de la ley de seguridad ciudadana "es una proposición de ley del PNV". No es un añadido intrascendente: no se trata de un proyecto del Gobierno cuya caída sería leído como una catástrofe. Se trata de una iniciativa, pues, de un socio de investidura, y si naufraga, no sería advertido como un fracaso del Ejecutivo. Esa lectura, sin embargo, es difícil que permee, porque la derogación de la ley mordaza es un compromiso de Sánchez desde hace años y que estaba incluido en su programa electoral de las generales de noviembre de 2019 y en el acuerdo con Unidas Podemos de un mes más tarde.

Los socialistas también quieren sacar adelante los tres proyectos de ley ligados a la mejora de la Justicia —eficiencia digital, eficiencia organizativa y eficiencia procesal—, y que se apruebe la enmienda antiokupas colgada en uno de ellos (el segundo), para agilizar los desalojos en un plazo de 48 horas. Cambio legal que no apoyarán los morados.

El PSOE no tiene fecha aún para la descongelación de su proposición de ley para abolición de la prostitución. Es una de sus prioridades, porque así se aprobó en su 40º Congreso Federal, en octubre de 2021, pero sabe que, ahora mismo, solo podría prosperar de la mano del PP, grupo con el que comparte plenamente el objetivo y sus posiciones son próximas. El momento, sin embargo, no es el mejor. Porque el sí es sí está por delante y está rompiendo demasiados puentes entre los socios de la coalición.