Y el 'sí es sí', pasó a ser 'no es no'. Desde el pacto del abrazo, el que selló la primera coalición de Gobierno desde el restablecimiento de la democracia, el PSOE y Unidas Podemos habían evidenciado divisiones puntuales y pequeñas fracturas que apenas trascendían durante un tiempo. Pero ninguna al nivel de la que ha acelerado la propuesta de los socialistas para reformar la Ley de Integral de la Garantía Sexual, coloquialmente denominada del 'solo sí es sí'. Este martes, y tras semanas de nulo acercamiento e incapacidad de negociación, el Grupo Socialista conseguía ver respaldada su proposición de ley gracias al apoyo del PP o Ciudadanos, y la abstención de Vox, entre el 'permiso' de otras formaciones. El motivo del bloqueo: el consentimiento. Los morados argumentan que con el texto sugerido por el PSOE para frenar la rebaja de condenas de agresores sexuales, que ya supera los 721 y las 74 excarcelaciones, vuelve a la legislación anterior a la aprobación de la norma. Un estadio que califican como "de la manada", en alusión al caso de violación grupal que movilizó al feminismo y ha incentivado la elaboración de la 'ley Montero'.

Lo cierto es que en la legislación previa a esta reforma, la vigente desde 1995, ya recogía en el artículo 181 del Código Penal que cualquier actitud sexual efectuada sin consentimiento y que "atente contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona" estaría penado. El consentimiento siempre ha sido el eje de este tipo de delitos, pero la nueva norma ha buscado que lo haya cuando se "manifieste la voluntad de la persona". El PSOE, en su PL, aboga por dos conceptos: la violencia y la intimidación, así como en el aumento de las penas cuando se den los dos o uno de los casos. Pero Igualdad considera que con ello, se rompe la finalidad de preservar el consentimiento sean cuales sean las situaciones. Porque al agravar la violencia y la intimidación, se vuelve a una diferenciación como la previa de abuso o de agresión sexual; algo que el 'sí es sí' ha diluido en agresión.

Por 'defender' una vía punitiva, así como por sacar la ley con "la derecha", Unidas Podemos ha marcado distancias con el PSOE, a quien ha llegado a calificar, en palabras de la diputada Lucía Muñoz, de "puñado de fascistas que quieren volver al arrepentimiento y la culpa". De hecho, ha establecido una dicotomía rebuscada para desacreditar la postura de los socialistas en un tema que, al final, es complejo. "Es una mala noticia que el PSOE se dé la mano con el PP", aseveraba la ministra Irene Montero, por el posicionamiento a favor de Génova en la toma en consideración de la PL. "No se trata de con quién votamos, sino de para quién", respondió y ha sostenido el portavoz socialista Patxi López. La de este martes, aunque ha sido una de las divisiones más duras, no es la primera ocasión en la que los grupos parlamentarios de los socios de coalición ejercen un posicionamiento distinto a una iniciativa nacida del bloque de investidura.

Ley audiovisual

Este proyecto de ley generó la primera ruptura de voto entre los socios del Gobierno el 26 de mayo de 2022, dos años y cuatro meses después de sellarse el 'pacto del abrazo' entre el presidente del Gobierno y el entonces secretario general de Podemos Pablo Iglesias que facilitó la investidura. La norma nació en Consejo de Ministros, pero en pleno Unidas Podemos mostró su disconformidad con el texto final y se abstuvo. Fue el PP quien con su abstención facilitó su aprobación [130 'síes', 83 'noes' y 131 abstenciones], justificándolo a razón de que debía de salir adelante por ser una transposición europea.

El rechazo de los socios de coalición y de investidura, como ERC y EH Bildu, radica en dos vertientes. La primera es la afirmación de que desprotege a los productores independientes -permite a las televisiones u otros operadores producir dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a ellos-, hay "carencias en materia laboral" y tiene poco en cuenta a las mujeres. Por otro lado, la ley obliga a las grandes productoras a destinar el 3,5% de sus ganancias a producciones nacionales, dirigido un 15% de esa cifra a obras en gallego, euskera y catalán. Para el ministerio de Asuntos Económicos, su principal valedor, permite un "impulso" para el sector y un equilibrio para proteger a los productores independientes.

La ley Darias, de modificación del sistema de Salud para cohesionarlo, puede dar pie a un segundo cisma de una ley salida del Consejo de Ministros. Por el momento, se ha ampliado en la Mesa de el Congreso de los Diputados el margen para incorporar enmiendas - 23 veces ya- mientras los socios intentan resolver sus diferencias; que están sustentadas en que Podemos entiende que el PSOE fomenta las externalizaciones y las privatizaciones. El socio minoritario quiere prohibirlas. A principios de febrero, la ley de Bienestar Animal, que volverá al Congreso, puedo haber decaído, convirtiéndose así en la primera norma del Consejo de Ministros en fracasar en lo que va de legislatura.

La Ley Audiovisual ha sido el primer y único voto contrario entre PSOE y Unidas Podemos de una norma salida del Consejo de Ministros. La de Bienestar Animal pudo ser la segunda y la primera en decaer

Impuesto a las grandes fortunas

Aunque aprobada el 25 de noviembre del año pasado y ya vigente junto al impuesto a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas, está última vía enmienda, el PSOE rechazó una PL de Unidas Podemos para cumplir una de sus principales bazas electorales: el impuesto a los ricos. Fue en meses antes, el 7 de junio. Los morados sugerían aplicar una tasa estatal a los patrimonios superiores a los 10 millones de euros, pasando de un 3,6% a un tipo de cinco puntos. Aunque su carácter, y ahí la diferencia con la norma nacida del Ministerio de Hacienda, no era temporal, sino continuado. La legislación del Gobierno sale del interés de presidentes autonómicos [populares] como Ayuso o Juanma Moreno en suprimir el impuesto de patrimonio para "atraer grandes fortunas" y fomentar la inversión.

Previamente, el PSOE sostuvo que la iniciativa de Unidas Podemos abocaba a una "recentralización de la política tributaria no consensuada" que se oponía a las competencias de las autonomías; que el enfoque propuesto era "parcial" y que podría conllevar a una "doble tributación". La ministra de Hacienda María Jesús Montero consideró que "no era el momento". Este gravamen, no obstante, ejerce de sustituto del impuesto de patrimonio en comunidades que lo han bonificado en su totalidad, caso de Madrid y Andalucía.

Dos adhesiones a la OTAN

Una de las principales discrepancias entre socios de Gobierno, es su visión de la Alianza Atlántica. Especialmente, a raíz de la guerra en Ucrania desatada por la invasión rusa. El 27 de febrero de 2020, previamente al inicio del conflicto y aún con Iglesias como vicepresidente tercero del Ejecutivo, el grupo confederal se abstuvo a la entrada de Macedonia del Norte en el conglomerado militar. Fue la primera vez que la formación se desmarcó del PSOE en una votación, y solo unas semanas después de la investidura, al considerar que la ampliación y la preservación del pacto transatlántico solo "azuza conflictos". Frente a ello, apostaron por una "arquitectura europea con agenda propia". La propuesta salió adelante junto a PP, Vox, Ciudadanos y el PNV.

Ya con el enfrentamiento en el este de Europa vigente y tras la cumbre de la OTAN en Madrid, el Congreso avaló la entrada de Suecia y Finlandia. Esta vez, el 15 de septiembre del año pasado, la división volvió a darse en dos escalas. El PSOE votó a favor, mientras que los ministros de Unidas Podemos se abstuvieron. También el grupo, a excepción de los miembros de IU, que optaron por el 'no' preservando su histórica oposición a la OTAN.

A finales de enero, el Gobierno evitó otra fisura en relación con la llegada de dos nuevos destructores de EE.UU. a la base de Rota (Cádiz). Los morados adelantaron su disconformidad, pero el Consejo de Ministros optó por una revisión de enmiendas al convenio de seguridad bilateral para ahorrarse su paso por trámite parlamentario.

Nacionalidad española de los saharauis

Es una de las más recientes. Unidas Podemos trasladó el 14 de febrero a las Cortes la toma en consideración de una PL para otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1976, bajo dominio español. La propuesta fue interpretada por la oposición como un intento de blanquear el "giro" del PSOE en marzo del año pasado respecto a la independencia del Sahara con Marruecos. Algo que tuvo lugar después del escándalo del espionaje con Pegasus a líderes independentistas y a los dispositivos de Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. Diversos informes conducen a Marruecos en este último caso. A la propuesta, que recogió un amplio apoyo de la cámara, excepto Vox, que se abstuvo, el PSOE la rechazó afirmando que debía extenderse a otras excolonias como Guinea Ecuatorial.

Ley de Vivienda de ERC, EH Bildu y otros socios

El 14 de diciembre de 2021 ERC, EH Bildu, Compromís, Más País, Junts, Compromís, BNG y Nueva Canarias hicieron llegar a pleno la iniciativa de una nueva legislación de vivienda impulsada por el sindicato de inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ello, en plena negociación en el Consejo de Ministros de la que el Gobierno pretende impulsar. El PSOE, entonces, ya había aceptado una de las condiciones troncales de Unidas Podemos: la regulación de los precios del alquiler. Y, con ello, el anteproyecto de ley. Mientras Unidas Podemos respaldó la propuesta, el PSOE se negó junto a PP, Vox y Ciudadanos. Este jueves, el PSOE ha anunciado que "prácticamente" hay un acuerdo definitivo, a falta de resolver "dos o tres cuestiones". Pero los socios enfrían la posibilidad de acuerdo.

En materia de vivienda, se añade otra discrepancia reciente, y al unísono que con la ley del 'solo sí es sí'. El martes, el pleno discutió una proposición del ley del Parlamento de Baleares para modificar la ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, con la pretensión de limitar el precio de los alquileres. Mientras que el PSIB-PSOE de Francina Armengol respaldó la propuesta, el PSOE nacional la rechazó. Unidas Podemos lo apoyó frente a 270 'noes' y cuatro abstenciones que la frustraron.

Hay otras cuestiones de menor relevancia en la que PSOE y Unidas Podemos han chocado. Son la propuesta de los morados para reformar la ley de Minas de 1973 con la finalidad, entre otras, de garantizar la protección ambiental y adecuar "una ley del franquismo" a las condiciones medioambientales exigidas por Bruselas tras la incorporación de España en 1986. El Grupo Socialista, con el bloque de la derecha, la tumbó. El PSOE también ha rechazado, el 22 de febrero de 2022, otra PL de su socio para crear una empresa pública de energía con el propósito de regular los precios ante las excesivas subidas. Entre los argumentos que se dieron, está la falta de explicaciones dadas por Unidas Podemos de cómo se conseguiría energía más barata". Y apostaron, en contra, por aumentar el bono social, una fiscalidad más solidaria y un marco regulador.

A éstas, se unen dos más. La primera, una PL de ERC para permitir el uso de las lenguas cooficiales en las cámaras de representación, caso del Congreso y el Senado, que no prosperó por el voto contrario de los socialistas. Asimismo ocurrió con otra del partido morado que abogaba por integrar a centros de educación concertada en la red pública el 28 de junio de 2022. Además, el PSOE ha rechazado, junto a PP, Vox y Ciudadanos, iniciativas para crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el rey emérito.