La aparición del nombre del empresario Ángel Ramón Tejera de León Mon, quien durante años se encargó de la remodelación de la mayoría de casas cuartel de la Guardia Civil en toda España, en el sumario del caso Mediador ha hecho saltar las alertas de corrupción interna en la Benemérita.
En el caso que lleva la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres en Tenerife se investiga la supuesta red de sobornos de empresarios canarios y peninsulares por un lado al diputado nacional del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y por otro al general de División de la Guardia Civil y exjefe de la Comandancia de Las Palmas, Javier Espinosa Navas, alias Papá, para que utilizaran sus contactos y les favorecieran retirando sanciones, situándoles en mejor posición para obtener adjudicaciones o entrando en la zona de menores impuestos de Canarias (ZEC).
El general Espinosa es el único investigado que continúa en prisión preventiva por los indicios hallados en la causa. Tenía más de 60.000 euros escondidos en su casa en paquetes de 5.000 euros, precisamente la cifra inicial que pagaban los empresarios imputados para verse con las dos figuras influyentes.
El mediador o conseguidor de la trama, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, grabó y guardó en su móvil, como una suerte de Villarejo isleño, los audios de todas las conversaciones que mantuvo con el político y el general, los empresarios y Taishet Fuentes, el sobrino del diputado socialista y director general de Ganadería canario -cargo en el que sustituyó a su tío- que también estaría en el ajo.
Reunión con 'Mon', investigado por fraude
Precisamente una de las grabaciones que aparecen en el sumario consultado por El Independiente se corresponde con una reunión en el Hotel Escuela de Tenerife entre el constructor Ángel Ramón Tejera Mon, Antonio Navarro Tacoronte, Thaiset Fuentes, el empresario Antonio Bautista El Curilla que presuntamente hizo pagos a la trama y el general Francisco Espinosa. Ángel Ramón Tejera irá a juicio el próximo 12 de abril acusado de fraude fiscal por la Fiscalía de Las Palmas, que pide para él tres años de prisión y una multa de casi 500.000 euros por ocultar a Hacienda fondos obtenidos con su actividad empresarial.
Mientras iban a la reunión, en la que queda en evidencia la amistad entre el general Espinosa y el empresario Mon, el primero recibió una llamada de un tal "Tienda". Ese Tienda es José María Tienda Serrano, coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la Comandancia de Tenerife que fue cesado este miércoles por el secretario de Estado de Seguridad o número dos de Interior, Rafael Pérez, por "pérdida de confianza".
La Guardia Civil sospecha que se habrían fraccionado adjudicaciones para no sacarlas a concurso y favorecer siempre al mismo empresario
Fuentes extraoficiales de Interior apuntaron a que se le cesó, después de intervenir las cuentas de la Comandancia tinerfeña, por sospechas de que pudo intervenir irregularmente en la adjudicación de obras al empresario Mon. En otra de las conversaciones del sumario del caso Mediador recogidas por los investigadores, éstos destacaron que el general Espinosa Navas recibió una llamada de "Tienda" en la que éste indicó que los suyos "están buscando los papeles".
En el sumario canario aparece otro nombre de un mando de la Guardia Civil. Se trataría, según los investigadores, de Vicente Reig Basset, coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas. En uno de los informes de Asuntos Internos aparece como miembro de un grupo de WhatsApp, con el nombre de 'Equipo A', junto a Espinosa y tres empresarios cercanos al general ya retirado: Luis Monzón y Eustasio López, del grupo Lopesan, y Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
'Caso Cuarteles'
En la calle Guzmán el Bueno de Madrid, sede de la Guardia Civil, la inquietud ha sido una constante en desde el 14 de febrero. Desde la detención de Espinosa Navas el miedo se apoderó de la cúpula del Cuerpo por los acontecimientos que podrían devenir.
La actuación del general detenido "avergüenza" a los mandos uniformados, aunque a algunos consultados por este periódico no les extrañó ver su nombre en el sumario. "Se veía por donde iba", afirman. Los quebraderos de cabeza para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y para la directora de la Guardia Civil, María Gámez, no hicieron más que empezar el día de San Valentín.
A principios de marzo se conoció que un juzgado de Madrid investigaba decenas de obras de mantenimiento realizadas en cuarteles de la Guardia Civil durante los últimos años. La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo había redactado un informe en el que se recogen unas 200 obras en 15 comandancias sobre las que hay sospechas, tanto del grado de realización -en algunos casos ni si quiera se empezaron- como por posibles irregularidades en su adjudicación.
El denominador común entre el caso Mediador y el bautizado como caso Cuarteles es Ángel Ramón Tejera, el constructor amigo de Espinosa Navas y de otros mandos de la Guardia Civil, como él mismo ha reconocido en sede judicial. Sus empresas fueron las adjudicatarias de los contratos que se investigan en Madrid, por un valor que ronda los 3,3 millones de euros.
La mayor parte de las obras las habría ordenado la Comandancia de Tenerife, un total de 47 por importe de 927.499,74 euros. La segunda Comandancia con más contratación con ese empresario es la de Huelva, con 61 proyectos por importe de 461.079,45 euros; seguida de Algeciras, con 29 obras por 399.189,48 euros.
Alférez Mon, como se conocía al constructor en las Islas Canarias por su amistad con Espinosa, "realizaba todas las obras" de la comandancia de Las Palmas mientras el general fue jefe allí, entre 2008 y 2012. Su amistad fue tal que, según las fuentes consultadas, el empresario le prestaba un coche de alta gama cada vez que llegaba al territorio insular.
"Fue saltando de isla en isla hasta llegar a la península", explicaron a este periódico diversas fuentes consultadas el 14 de febrero, día de la detención de Espinosa. Este relato coincidiría con la investigación interna del Instituto Armado, que resalta que las obras en cada comandancia las suelen realizar empresas locales. Las de tres de Mon que resultaron agraciadas con contratos están ubicadas en Canarias.
El servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, encargado de perseguir irregularidades internas, lleva investigando desde hace ocho meses las adjudicaciones de obra de casas cuartel a la empresa de Mon. Según un informe de la Unidad que ha trascendido esta semana, los agentes tienen cercado al teniente general Pedro Vázquez Jarava, ya retirado, que estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo. Esta unidad habría favorecido, se sospecha que con su mediación, al empresario Ángel Ramón Tejera. Los agentes creen que habrían fraccionado las adjudicaciones de obras para no tener que sacarlas a concurso y favorecer siempre al mismo empresario.
La investigación se inició en Ávila después de que los investigadores detectaran presuntan irregularidades en algunas obras en varios cuarteles. El juez tomó declaración al entonces responsable de la Comandancia, el coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien dijo que las contrataciones fueron sugeridas por Vázquez Jarava. Por el momento el ex jefe de la provincia abulense se encuentra investigado por un juzgado de Madrid.
Según ha adelantado El periódico de España, la jueza que lleva el caso en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital ha imputado a un tercer mando en este caso Cuarteles, el comandante que regía la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante.
Marlaska niega la relación entre los casos
Esta semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo una declaración pública desde Bruselas en la que desvinculó la destitución de Tienda y la intervención de la Comandancia de Tenerife con el caso Mediador y las irregularidades en la adjudicación de obras para remodelar las instalaciones de de la Guardia Civil en toda España a Ángel Ramón Tejera Mon.
Las alertas de corrupción en las obras de las casas cuartel trae al presente el recuerdo de la oscura etapa de Luis Roldán y la preocupación en el Cuerpo es evidente. La directora general de la Benemérita, María Gámez, ha visitado sólo durante esta semana Almáchar (Málaga) y Jaca (Huesca), para presentar los proyectos de remodelación de las comandancias.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la proliferación de casos en los que aparecen investigados por corrupción altos mandos de la Benemérita y ha asegurado que éste se ha convertido en el mayor problema de corrupción en el cuerpo desde los años 90.
En un comunicado, la AUGC muestra su preocupación por la acumulación de casos en los que están presuntamente implicados altos mandos de la Guardia Civil, con posibles irregularidades en obras en más de una docena de comandancias, y ha advertido de que se puede repetir "un posible foco de corrupción en la licitación de obras destinadas a los cuarteles".
Esta asociación denuncia la falta de explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de la responsable de la Guardia Civil, María Gámez, y ha remitido al Ministerio un 'Plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil'.
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