Los interrogantes de la carta de Sánchez a Mohamed VI: un año de opacidad en Exteriores

“Los hechos, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido”. Pedro Sánchez musitó estas palabras el 24 de febrero de 2022 en una declaración institucional llena de solemnidad.

Se refería el presidente, en los términos más duros, al inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania pero el argumentario utilizado contra Vladímir Putin podría describir también el acontecimiento que a finales de 1975 acaeció en suelo español, con la "Marcha Verde" lanzada por Marruecos, que desde entonces ocupa ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental, la ex colonia española. En febrero del año pasado, Sánchez manifestó rotundamente a propósito de los avances militares rusos: “Es por tanto, desde todo punto de vista, una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania”.

Marruecos violó el secreto de las relaciones diplomáticas

Apenas 23 días después, el 18 de marzo, Sánchez cedía públicamente ante las tesis marroquíes, el país ocupante del Sáhara que propone desde 2007 una plan de autonomía para el territorio negado por la realidad de una dictadura que ha recrudecido la represión de cualquier ejercicio de disidencia; firmado una vigilancia extrema de sus propios nacionales y mandatarios extranjeros; y provocado graves violaciones de los derechos humanos contra los migrantes que tratan de llegar a las costas de Europa.

“España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, trasladó Moncloa en una carta a Mohamed VI que la Casa Real marroquí filtró el 18 de marzo, en un hecho insólito en las relaciones internacionales. La noticia del histórico cambio de posición de España, anunciada por el país vecino, pilló por sorpresa al Ejecutivo, que en una tarde de viernes plagada de improvisaciones actuó siempre a los dictados de Rabat, tal y como reconstruyó este diario en base a las declaraciones de fuentes conocedoras de la atropellada jornada.

La misiva, con fecha del 14 de marzo y cuyo original fue negado durante las jornadas siguientes a la prensa, fue convenientemente filtrada a un medio de comunicación afín a Moncloa, en una traducción del francés que no ayudó a despejar las dudas. Desde entonces, periodistas y partidos de la oposición han pedido la publicación de la carta con la que España quebró 47 años de neutralidad activa y, sin contar siquiera con el conocimiento y respaldo de su socio del Gobierno de coalición; y apoyó los postulados del ocupante, en mitad de la coyuntura más desfavorable posible, con otra invasión marcando la geopolítica internacional.

Exteriores se niega a proporcionar la carta

Un año después, la opacidad resulta total. Exteriores español, alegando la misma “discreción” y “prudencia” que emplea para evitar responder a cualquier asunto que incomode a la élite alauí, ha rechazado proporcionar la misiva de la discordia. En las peticiones cursadas a través del Portal de Transparencia, Exteriores rehúsa hacer público el documento porque –a su juicio- se trata de un texto “relacionado con la toma de decisiones en materia de política exterior”. “El carácter reservado de estos documentos se justifica por la necesidad de evitar el perjuicio en las relaciones exteriores y la confidencialidad en la toma de decisiones políticas”.

En este tipo de documentos se reflejan posiciones cuya eventual publicidad provocaría reacciones en terceros países, lo que podría poner en riesgo la relación bilateral con los gobiernos extranjeros

RESPUESTA DE EXTERIORES

El ministerio que dirige el socialista José Manuel Albares reconoce ahora la especial sensibilidad y relevancia de la carta que Rabat ventiló alegremente, convertida en un trofeo de su agresiva política exterior. “Observemos que en este tipo de documentos se reflejan posiciones cuya eventual publicidad provocaría reacciones en terceros países, lo que podría poner en riesgo la relación bilateral con los gobiernos extranjeros”, esboza con tono pedagógico la respuesta de Exteriores a una de las solicitudes en virtud de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El giro copernicano en el Sáhara provocó una grave crisis diplomática con Argelia, con severas resonancias económicas que continúan hoy. En la tarde de aquel viernes Moncloa llegó a declarar que Argelia había sido informada de los pasos. Argel lo ha negado desde entonces y ha reducido los lazos a la mínima expresión, indignado aún por la deslealtad española y las declaraciones de sus mandatarios. El entonces embajador argelino en Madrid ha sido trasladado a París y los empresarios españoles en Argelia denuncian que la embajada española en Argel se halla completamente aislada. “Los funcionarios de la legación están desesperados. Nadie les coge el teléfono”, dicen gráficamente a este diario.

Albares, que no ha explicado los verdaderos motivos que provocaron la cesión de España a Marruecos, ha denegado el acceso a la carta a través de su director de gabinete, Diego Martínez Belío, un diplomático y abogado que, entre otros cargos, fue cónsul adjunto de España en Casablanca y jefe de Servicio de Oriente Próximo. “El ordenamiento jurídico limita el derecho de acceso a la información pública sobre este tipo de documentos”, argumenta. Una negativa que incide en el oscurantismo que ha marcado el último año en el ministerio, extensible a las peticiones de valoración sobre la vulneración de derechos humanos en Marruecos, y que añade contradicciones a un relato que precisa de escrutinio público.

La misiva y el volantazo han sido censurados por los académicos en Derecho Internacional. “Era una carta que se hizo llegar a Marruecos por el conducto diplomático y Rabat tenía la obligación de mantener el carácter secreto de las relaciones diplomáticas”, señala a este diario Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco. “Marruecos ha faltado a esa obligación y España trata de mantener en secreto algo que ya está publicado”, añade quien subraya, además, la coyuntura adversa. “No ha podido ser más desafortunada, con Sánchez diciendo tres semanas antes que España estaría siempre del lado del Derecho hablando de Ucrania y declarando lo contrario después respecto al Sáhara y la ocupación marroquí”.

Una gestión "pésima": de la carta al plantón del rey

Fuentes diplomáticas españolas, al tanto del expediente saharaui, reconocen que la carta y la gestión posterior constituirán una de las sombras más alargadas de la trayectoria de Albares al frente de Exteriores. “Ha sido pésima. ¿Para qué se hizo todo esto? Ya vemos cómo ha respondido Marruecos: negando que tenga fronteras terrestres con España”, se preguntan. Es una afirmación recogida en un documento oficial presentado por su delegación ante la sede de la ONU en Ginebra, que indignó especialmente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, enclaves españoles que el expansionismo marroquí considera “presidios” a liberar. Durante este año, España se ha negado a responder si existe un compromiso por escrito de Marruecos de renunciar a sus reivindicaciones históricas sobre ambas plazas.

Además de las formas en las que se hizo pública, uno de los errores cometidos en la carta es el uso del adverbio “más”, a juicio de los expertos en el asunto. No se calibró su importancia. Al reconocer la iniciativa de autonomía marroquí como “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, se descarta la vía que marca la legalidad internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU: la celebración de un referéndum de autodeterminación. En un movimiento que algunos achacan al desconocimiento del ministro sobre la zona y a la decisión de no consultar a los expertos en el dossier saharaui, España optó por lanzarse al barro e instalarse en una posición imposible entre dos enemigos, Argelia y Marruecos.

Es la demolición de más de cuatro décadas de la política exterior española, denuncian fuentes diplomáticas

Desde la filtración de la carta, estas mismas fuentes reconocen asistir atónitas a la huida, “una demolición de más de cuatro décadas de política exterior española”. “Es una temeridad como se ha hecho todo: se ha ido a Rabat con el apoyo tan solo de 120 escaños de los 350 que tiene el Congreso. Es una posición de debilidad absoluta frente a Marruecos, donde no hay ninguna fisura”, replican. El plantón de Mohamed VI en la Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat el pasado febrero ha sumado nuevos desaires públicos, como el regreso de la embajadora marroquí tras sus declaraciones incendiarias a propósito de la llegada de miles de migrantes a Ceuta en mayo de 2021. “Es impensable haber aceptado el regreso de esa embajadora, por cuestión de principios”, admiten. Albares lo ha aceptado todo y se ha fotografiado sonriente y en gesto de complicidad con la jefa de la legación marroquí.

Soledad del PSOE y debilidad internacional

“El verdadero problema es el legado que deja Albares: es un juego de suma cero que la diplomacia española no había tenido nunca en el Magreb”, deslizan. Con los lazos rotos con Argelia, España presume de haber inaugurado un “período histórico” con Marruecos a cambio de, entre otras cortapisas, “no ofender al vecino en asuntos territoriales” y pedir una mediación de la UE con Argelia que no ha dado sus frutos, resultado de no haber medido previamente la más que previsible reacción de Argel. “Se ha dado una imagen de debilidad, en un momento en el que España tenía ventaja. Cuando a los marroquíes se les fue la mano con lo de Ceuta y hubo una resolución del Parlamento Europeo, había que haber aguantado. Los marroquíes habrían enviado de vuelta a la embajadora”, explican las citadas fuentes.

Desde el derecho internacional y con la perspectiva de los últimos doce meses, tampoco se entienden los supuestos beneficios. La tarde del 18 de marzo Moncloa proclamó: “Hoy iniciamos una nueva etapa de la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente”. Una promesa incumplida al otro lado del Estrecho. “La carta y el cambio no han resuelto nada, salvo intentar apaciguar uno de los muchos elementos que van aportando los sucesivos gobiernos españoles a Marruecos”, indica Soroeta. Y alerta: “Cuando tú cedes a un chantaje, el chantajista cada día va a más. Y esto no va a parar nunca. Mientras no lo pare España, esto no acabará nunca”.

“El comunicado del Gobierno venía a reconocer que las relaciones con Marruecos habían sido oscuras y unilaterales y todos sabemos lo que ha hecho Marruecos con el tema migratorio y otros. Y por Moncloa supimos también que la integridad territorial española estaba en peligro. Marruecos no ha tardado mucho en dejar claro que no ha renunciado a Ceuta y Melilla y habrá nuevos incidentes”, pronostica el académico. Con otro expediente pendiente aún más complejo: “La delimitación de las aguas jurisdiccionales entre España y Marruecos. Esto no se va a resolver porque España no se va a sentar con Marruecos a delimitar sus fronteras marítimas con las aguas del Sáhara Occidental porque estaría violando el derecho internacional de una forma ya palmaria. Y no lo va a hacer”.