No ha sido posible. El recorrido parlamentario de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ha llegado a su fin este martes. La falta de acuerdo entre los partidos de la coalición y sus socios parlamentarios de ERC y EH Bildu ha impedido al presidente Pedro Sánchez y a Unidas Podemos cumplir con uno de sus acuerdos de legislatura. Ambos partidos han votado en contra.

El choque ha estado alrededor de cuatro puntos: el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, las devoluciones en calientes, la objetividad de las faltas de respeto a los agentes de la autoridad y la desobediencia a los mismos.

El PSOE y UP querían acabar con la legislación del PP "a la mayor brevedad", según lo firmado a principios de 2020. La realidad es que la reforma ha estado en un cajón durante meses hasta que se reactivó a finales de 2022. Los partidos de Gobierno querían cumplir con su propósito antes de acabar la legislatura. Pero elevar el texto a comisión, esto es a su votación, sin acuerdo ha sido "un harakiri parlamentario", según el portavoz de Bildu, Jon Iñárritu, antes de entrar a la sala del Congreso.

Acusaciones

Las acusaciones entre unos y otros han ido subiendo de tono. A última hora de este lunes, fuentes de Podemos echaban toda la culpa al PSOE de no cambiar la ley mordaza.

«Su absoluta negativa a negociar los cuatro últimos puntos que faltan con los socios parlamentarios, aboca la derogación de esta ley al fracaso mañana mismo a primera hora de la mañana en comisión. Estamos hablando de uno de los mayores fracasos políticos de toda la legislatura y no hay excusa que valga», expresaban.

El lado socialista, por su parte, aludían a su "generosidad" durante todo el proceso. "No queremos hacer alusión específica a las pelotas de goma en la ley porque el día de mañana se le puede cambiar el nombre operativo y entonces qué hacemos".

En el bloque del ‘sí’ están el PSOE (13 votos), UP (4) y el PNV (1). En frente tienen a PP (9), Vox (5), Ciudadanos (1), Junts (1) y UPN (1). 18 síes contra 17 noes, y para que saliese se necesitaba mayoría simple. Por eso los votos de ERC y Bildu eran decisivos. Ambos tenían, como mínimo, que abstenerse, algo que no ha pasado finalmente.

Pelotas de goma, el gran escollo

En lo relativo a las pelotas de goma, sobre la mesa de la Comisión de Interior existía una propuesta para incorporar en su exposición de motivos una «referencia» al material antidisturbios para elaborar protocolos para su uso más adelante y en el que participarían «expertos y organizaciones de la sociedad civil».

Un estudio que PSOE, UP y PNV proponen hacer en 12 meses para que después se desarrollen «protocolos específicos» que incluyen el uso del material antidisturbios y los «supuestos de limitación o prohibición de uso de cada material», así como los mecanismos para la identificación de los agentes que lo empleen.

Pero para los socios, ni PSOE ni UP «quieren limitar, prohibir o sustituir las pelotas», señalaba a Efe un diputado, que dejó claro que las propuestas son «literatura» y que los últimos retoques son solo «palabras», salvo en el caso de las faltas por desobediencia a la autoridad.

Protestas de policías

Durante toda la legislatura, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se han manifestado en contra de la reforma de la ley. Consideran que el texto "destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a los agentes".

Uno de los puntos que consideran "más lesivos" de la ya caída ley era la de poder difundir imágenes grabadas de los policías. Desde el punto de vista de las organizaciones, esto pondría en riesgo a los agentes y sus familias por el uso que pudiese hacerse de dichas imágenes para ‘señalar’ a agentes.

La reducción del tiempo en que una persona que se niega a ser identificada pueda ser retenida (de seis a dos horas), que la tenencia de sustancias estupefacientes pase de tener la consideración de infracción grave a leve, la prohibición del uso de pelotas de goma en dispositivos de orden público y el rechazo en frontera de inmigrantes irregulares son otras de las modificaciones que han criticado durante todas sus movilizaciones.