La republicana Anna Simó y los ex diputados de JxCat Lluís Guinó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet afrontan el segundo juicio por actuación en el 1-O por permitir la votación de las leyes de desconexión que dieron pie a la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Los cuatro han defendido de nuevo que nunca "entraron en el contenido" de las iniciativas y su "inviolabilidad" en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, durante la presidencia de Carme Forcadell.

Corominas ha argumentado que la mesa se limitaba a examinar si cada iniciativa "cumple o no los trámites" lo que según su tesis "impide el análisis material de las iniciativas". El ex dirigente de JxCat ha denunciado que el Tribunal Constitucional pretendía, con sus interlocutorias, que "limitar un derecho fundamental" y ha asegurado que "actuábamos con la conciencia de ser inviolables".

Guinó, quien lo sustituyó en la Mesa desde agosto de 2017, y asumió por tanto la tramitación de las leyes de desconexión, ha añadido que "valorar las iniciativas limitaría la libertad de los grupos y dificultaría el funcionamiento de la Mesa". Además, ha añadido, si la Mesa tuviera que valorar jurídicamente las iniciativas de los grupos sus integrantes "tendrían que ser catedráticos".

Simó ha añadido por su parte que la Mesa "no se podía negar" a la petición de incluir en el orden del día del pleno del 6 y 7 de septiembre las leyes de desconexión "porque cuando el pleno está constituido es decisión de presidenta" en función de lo que vote la mayoría.

En las cuestiones previas, sus abogados han defendido de nuevo la inviolabilidad de sus defendidos como diputados del Parlament y han cuestionado que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la instancia que acoja el nuevo juicio, en un momento en que sus defendidos ya no son aforados, puesto que todos han dejado el Parlament. Unas cuestiones que han sido rechazadas por el tribunal.

Juicio suspendido

El magistrado Fernando Lacaba preside el tribunal tras la anulación dictada por el Tribunal Supremo, al apreciar parcialidad en el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, y el ponente de la sentencia, Carlos Ramos, que condenaron a los diputados independentistas a inhabilitación por un delito de desobediencia. Completan el tribunal los magistrados Maria Jesús Manzano y Francesc Segura.

La primera sentencia se hizo pública en octubre de 2020, cuando el TSJC condenó a Guinó, Corominas, Simó y Barrufet por no atender a las advertencias de los letrados del Parlament y del TC en la tramitación de las leyes de desconexión. El entonces letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, declarará este miércoles como testigo junto a los ex miembros de PSC, Cs y PP que intentaron impedir la tramitación.

El TSJC descartó que la actuación de la Mesa se pudiera enmarrcar en la inviolabilidad parlamntaria. Sin embargo, el Tribunal Supremo aceptó el año pasado el recurso de las defensas contra la participación de Barrientos y Ramos en el tribunal. Ambos habían exppresado en interlocutorias previas su postura explícita sobre el procés, argumentaron las defensas. Un argumento que dio por bueno el Supremo.