La fallida reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o ley mordaza, supone el último tropiezo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La imposibilidad de llegar a un acuerdo en cuatro puntos -el principal escollo ha estado en la utilización de las pelotas de goma como material antidisturbios- con ERC y EH Bildu ha tirado por tierra el trabajo de un año y medio.

Hace algo más de tres años, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban un pacto de legislatura donde se buscaba la "derogación" de la lesgislación que el PP aprovó en solitario «a la mayor brevedad». Durante el año y medio de trabajo la ambición se ha ido moderendo y ha pasado de la eliminación de la norma a la reforma, para acabar naufragando entre reproches de los socios.

Falta de "valentía"

Socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez como el propioç Bildu, Más País, Compromís y BNG han responsabilizado al Gobierno de coalición, pero especialmente al PSOE, del fracaso de la reforma de la ley mordaza, al acusarlo de falta de "valentía" y de defender una propuesta "descafeinada" de reforma de la legislación.

La realidad es que el Ministerio del Interior nunca quiso traspasar las cuatro "líneas rojas". Además de las pelotas de goma, a los distintos partidos les separaba las devoluciones en caliente, las faltas de respecto a los agentes de la autoridad y la desobediencia a los mismos.

Los socios parlamentarios apuntan ahora al Gobierno -el sector morado de Unidas Podemos también lo hace- y, como último responsable en materia de seguridad, a Marlaska. El ministro arrastra varios puntos negros en su gestión que han enfadado al arco parlamentario a derecha e izquierda. Desde las crisis migratorias en Ceuta y Melilla, el fin de la política de dispersión de ETA o los ceses de algunos mandos de la Guardia Civil, como el de Diego Pérez de los Cobos entre otros. Ahora se le suma también el caso Cuarteles sobre las reformas en las comandancias de la Benemérita.

Alegría entre policías y guardias civiles

El fin del trayecto parlamentario de la ley mordaza ha suscitado la alegría entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los principales sindicatos y asociaciones se han felicitado por el fracaso este martes de la reforma que a su juicio, perjudicaría los intereses de los agentes y les desprotegería.

"Una fantástica noticia para todos los ciudadanos y todos los policías", ha asegurado en Twitter Aarón Rivero, secretario general del sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional y cuyos representantes se concentraron durante la votación a las puertas del Congreso.

A juicio de Jupol, el Gobierno se ha visto obligado a no ceder a los intereses de grupos políticos que apostaban por una mayor indefensión de los ciudadanos y policías ante actuaciones violentas y descontroladas. Y apostilla este sindicato: "Se ha conseguido frenar este proyecto de ley que solo beneficiaba a delincuentes y violentos".

También ha expresado su satisfacción la asociación Jucil de la Guardia Civil, mayoritaria en el cuerpo. "Se trata de una decisión prudente y adecuada que evita la reforma y derogación de artículos que afectarían de forma grave a la efectividad de nuestras intervenciones, además del grave riesgo que generaría para la paz en las calles y la integridad física de los agentes".

Para el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ahora lo que debe hacer el PSOE es "ser valiente" y estudiar los posibles cambios en la ley vigente después de escuchar a juristas, sindicatos y agrupaciones policiales.

Mónica Gracia, secretaria general del SUP cree que "la sensatez ha imperado en esta comisión de Interior", a lo que ha añadido que "si está ley se aprobase estaríamos hablamos de un retroceso para ejercer la labor policial y sobretodo afectaría especialmente a la ciudadanía dando más privilegios a los que alteran el orden público".

Más reclamaciones

Los problemas hasta diciembre, cuando presumiblemente se celebrarán las próximas elecciones generales, no han acabado aquí para Marlaska. Las organizaciones representativas han prometido seguir dando guerra y sus próximos objetivos están claros: lograr la "equiparación salarial total" y conseguir una jubilación "digna".

También los funcionarios de Prisiones saldrán a la calle las próximas semanas. El 24 tienen una marcha por el centro de Madrid, que pasará por la sede del PSOE, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, así como la concesión de "agentes de autoridad" en sus puestos de trabajo.