La jueza Silvia López Mejía, que fue quien solicitó por primera vez la imputación de la expresidenta del Parlamento de Cataluña por favorecer a un amigo en la adjudicación de distintos contratos cuando estuvo al frente del Instituto de las Letras Catalanas (ILC), asumirá la investigación del caso Negreira.

López Mejía es la juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana, al frente del que se encuentra el juez Joaquín Aguirre, a quien los líderes independentistas acusaron de hacer una causa general contra el Gobierno de Puigdemont al iniciar el caso Voloh sobre el desvío de fondos públicos al procés en el que se investigó el presunto intento del expresidente catalán de acercarse al poder del Kremlin y buscar apoyos rusos para su causa.

La jueza estará de apoyo en el juzgado que precisamente necesitó refuerzo porque se valoró que la causa de las conexiones del procés con Rusia llevaría mucho trabajo hasta junio de este año. En dicha fecha se acaba su periodo de apoyo, aunque se puede pedir una prórroga. Si vuelve al Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona del que es titular, sería el juez Aguirre quien asumiera la causa.

Este miércoles, la instructora admitió la querella que presentó el pasado 3 de marzo el árbitro Xavier Estrada Fernández por supuesto delito de corrupción deportiva contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, porque su empresa fuera contratada por el Barcelona y cobrara al club por servicios de supuesto asesoramiento verbal.

Cuando se presentó dicha querella, la Fiscalía de Barcelona ya se encontraba estudiando los hechos, publicados en distintos medios, por lo que la presentación de la querella obligó al Ministerio Público a dirigir una denuncia contra Negreira, el Barça, los dos expresidentes del club Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como contra los máximos responsables del club que pudieran tener relación con los hechos denunciados. Vio indicios de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad por los pagos de más de siete millones que habría hecho el Barcelona a la empresa Dasnil 95 SL del ex vicepresidente del Comité de Árbitros. La jueza López Mejía llevará la investigación de la causa unificando la querella de Estrada con la denuncia de la Fiscalía de Barcelona. A partir de ahora será la Fiscalía Anticorrupción, por la "especial trascendencia" del asunto, la que asuma la acusación.

Como recordó la instructora en el auto con el que acordó iniciar la causa y solicitar a la Guardia Civil que rastree los pagos del Barça a Negreira, "la ley no confiere un derecho ilimitado a quién presenta la querella o denuncia, sino que exige que los hechos relatados sean, al menos indiciariamente constitutivos de delito". Por lo que ve indicios de delito en los hechos que denunció la Fiscalía. El Ministerio Público apuntó a que "el Barcelona alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Fútbol Club Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y no profesional se llevan a cabo en el seno del Comité Técnico de Árbitros, organismo encargado, además, de las evaluaciones (en las que participaba José María Enríquez Negreira) para que los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales. A tal efecto, las sociedades NILSAD SCP y DASNIL 95 SL giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran, indiciariamente, a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real.

Citará a los investigados cuando acabe la Guardia Civil

La jueza que en su día arrancó la causa contra Laura Borràs, que acabó en juicio en el Tribunal Superior de Justicia catalán con el informático amigo de la política confesando los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ya ha comenzado a ordenar las primeras diligencias en el caso Negreira.

En primer lugar, ha librado un oficio a la Guardia Civil para que lleve a cabo las diligencias de investigación necesarias para "determinar el motivo o trabajos por los que se efectuaban los pagos realizados por el Fútbol Club Barcelona a las empresas DASNIL 95 SL y NILSAD SCP, así como el destino cobrado por dichas empresas y la identidad de quienes ostentaban los cargos de director general, CEO o director ejecutivo y el de director financiero, tesorero o jefe del área económica del club en el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014 y, una vez concluida dicha investigación".

En el auto de este miércoles, consultado por El Independiente, la jueza avanza que una vez la Guardia Civil concluya dicha investigación, se acordará la práctica de las declaraciones de los investigados, las testificales propuestas (como las de los ex entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde o el actual presidente del club, Joan Laporta).