El Gobierno solo admitirá retoques mínimos a las pensiones en el Congreso: "Está todo ya muy pactado"

De entrada, no hay una negativa férrea y absoluta a introducir cambios en la última parte de la reforma de las pensiones atada ya con Bruselas y con los sindicatos y rechazada por la patronal. Pero, desde luego, no habrá barra libre para los grupos ni se descoserá el texto impulsado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La pretensión de la Moncloa, al menos por ahora, es que la reforma no sufra cambios a su paso por las Cortes. Y si los hay, advierten, serán "mínimos", nada "sustanciales".

Escrivá se ha enfrentado a las críticas de los grupos por el proceso negociador, y como respuesta ha ofrecido que se puedan introducir enmiendas en el real decreto ley. El miércoles, ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, abrió la puerta a esa opción, y también lo hizo este jueves, después de que el Gobierno aprobara la reforma en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros: el Ejecutivo está dispuesto a tramitar el texto como proyecto de ley y receptivo a las "aportaciones" que se reciban durante su paso parlamentario y que puedan mejorarlo.

Para el Ejecutivo, y de cara a Bruselas, el paso fundamental es la convalidación en el Congreso del real decreto ley aprobado por el Consejo este jueves

En la Moncloa, en efecto, asumen que los grupos pedirán la tramitación como proyecto de ley, para introducir enmiendas, y el Ejecutivo accederá. Pero lo hará más como un gesto, señalan en el núcleo duro del presidente. "Tramitación como proyecto de ley habrá, pero no puede haber cambios en la reforma, al menos sustanciales. Está todo muy pactado ya. En la práctica, no se tocará nada", aseguran las mismas fuentes a este diario.

A las reticencias ya esperables de la Moncloa a modificar un texto que procede del diálogo social —en este caso, cierto, rechazado de plano por la CEOE— y que cuenta con el aval de Bruselas, se suma el escaso tiempo hábil que queda de legislatura. A priori, el debate de convalidación del real decreto ley se celebrará dentro de dos semanas, el jueves 30 de marzo, justo antes de Semana Santa. Esa es, para el Gobierno, la votación clave, porque si la perdiera, el texto quedaría derogado. Pero no sucederá como con la reforma laboral, que a punto estuvo de caer y que, de hecho, fue salvada de milagro por el error de un diputado del PP. Ahora, ERC, Bildu y PNV ven con buenos ojos el decreto de Escrivá, aunque creen que hay cierto margen para introducir mejoras.

Una vez que el texto esté convalidado, la reforma ya no peligrará y España la podrá presentar formalmente ante Bruselas como un hito ya cumplido que permita el desembolso del cuarto tramo de los fondos europeos. Si el Congreso decide tramitar el texto como proyecto de ley, el proceso se prolongaría meses: debate de totalidad, apertura de plazo de enmiendas parciales, paso por ponencia y comisión, pleno del Congreso y paso por el Senado. El periodo ordinario de sesiones acaba el 30 de junio y se reanudaría el 1 de septiembre. Pero las Cortes quedarán disueltas, como tarde, a mediados de octubre, 54 días antes de unas elecciones generales que se esperan para primeros de diciembre —una fecha posible es el domingo 3—. Es decir, que apenas queda tiempo efectivo de tramitación en las Cortes.

El Ejecutivo no tiene incentivos para acelerar porque ya tendría su decreto ley convalidado, y eso es lo más relevante. Además, la solicitud del cuarto pago se hará entre mayo y junio, y para entonces lo que tendrá que evaluar la UE es el decreto convalidado.

Con la reforma laboral, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la Moncloa se cerró en banda a introducir cualquier cambio posterior: empresarios y sindicatos habían advertido de que no querían ninguna modificación, y Sánchez decidió preservar ese compromiso aunque sufriera para lograr la convalidación. Y sufrió mucho, pero el texto no varió y está vigente tal y como fue pactado con los agentes sociales. "Puede ser que con la reforma de las pensiones pase lo mismo, que no haya cambios o, si hay cambios, serán mínimos", señalan fuentes de primer nivel del Ejecutivo.

Dos meses y medio hablando con Bruselas

Escrivá también sabe cuál es el "margen" que le deja Bruselas, que en cualquier caso es pequeño. Los sindicatos, indican desde el Ejecutivo, han sido menos taxativos que con la reforma laboral y están dispuestos a algunas modificaciones. Pero el clima, desde luego, no es favorable a los retoques. Situar el debate de convalidación del texto en 15 días, el 30 de marzo, es otra señal inequívoca de que la Moncloa no tiene previsto extender las conversaciones con los grupos.

El ministro subraya que la nueva legislación perdurará "muchísimos años", porque está "bien hecha" y "aporta mucha tranquilidad y certidumbre a nuestros pensionistas"

El ministro ha tardado unos dos meses y medio en cerrar un texto con Bruselas, unas negociaciones que mantuvo con total discreción y que eran difíciles por cuanto se trataba de convencer a la Comisión Europea de un cambio de paradigma: garantizar la "sostenibilidad" del sistema de pensiones de hoy y del mañana no con recortes en el gasto —como hizo el PP en 2013, en una reforma que nunca se llegó a desplegar—, sino procurando más ingresos. Y Bruselas aceptó. No era sencillo porque, como recordaba el ministro el miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, ser el primer país en la ejecución de los fondos tiene también "inconvenientes", y es el de una mayor exigencia por parte de la UE, ya que el modelo español servirá de patrón para el resto de Estados miembros que accedan a los fondos.

En cualquier caso, el Gobierno cree que su reforma será más duradera que lo que pronostica el PP, que ya ha adelantado que si llega al Ejecutivo la derogará. La nueva legislación perdurará "muchísimos años", porque está "bien hecha" y "aporta mucha tranquilidad y certidumbre a nuestros pensionistas", a los actuales y futuros, señaló Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, convocado específicamente para aprobar el real decreto ley.

El ministro puso como ejemplo lo que ocurrió con la reforma que impulsó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 —la que elevó progresivamente la edad de jubilación para todos los trabajadores de los 65 a los 67 años y amplió el periodo de cálculo hasta los 25 años—, que el PP tampoco votó, que criticó y que, cuando llegó al poder, "ni derogó ni cambió". De modo que las reformas que están "bien diseñadas" y cuentan con "los apoyos suficientes" —en este caso, tiene el plácet de los sindicatos y, seguramente, de los socios de la investidura—, "tienden a perdurar". Y en este caso concurre un "plus adicional", sostuvo, ya que es parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que permitirá el desembolso del cuarto tramo de los fondos europeos, ya que este era uno de los hitos comprometidos con Bruselas.

Inclusión, de hecho, ha ido cerrando el texto a tres bandas con la Comisión Europea, los sindicatos y los socios habituales. "Cuando [la reforma] sea evaluada en unos meses por las autoridades europeas, recibirá de nuevo igualmente con el cuarto pago y el cierre del sistema el refrendo de las autoridades europeas incuestionable", añadió Escrivá.

Escrivá remarca que la situación española es opuesta a la de Francia, cuyo sistema "no es sostenible" y no se ha reformado

El ministro también recordó que la situación española es diametralmente opuesta a la de una Francia incendiada por la reforma de las pensiones que el presidente, Emmanuel Macron, quiere aprobar como sea. De hecho, tendrá que hacerlo por decreto, a la vista de que no reunía los apoyos suficientes en la Asamblea Nacional. "Francia tiene un modelo muy distinto, no ha abordado su sistema de pensiones durante décadas. En Francia hay 42 regímenes privilegiados de pensiones. España eliminó ya hace mucho tiempo los regímenes privilegiados de pensiones, que generan normalmente una carga muy grande al sistema", subrayó.

Así, el sistema francés "no es sostenible", y se han eludido los cambios, al contrario de lo que ha sucedido en España. Ahora, el país vecino "tiene que abordar una aproximación vía recortes que genera resistencia social", agregó.

Visto bueno de ERC y Bildu

ERC y Bildu ya han dejado ver su visto bueno a la reforma, sin fijar aún el sentido de su voto. Los independentistas vascos han acordado ya con el Ejecutivo aumentar las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las no contributivas. A los republicanos catalanes, decía el miércoles su portavoz en el Pacto de Toledo, Jordi Salvador, les suena "muy bien" la reforma, porque es progresiva, de manera que "quien más tiene, más contribuye", pero creen que hay "margen" para mejorar determinados aspectos. PDeCAT y PNV también han apreciado medidas positivas incluidas en la reforma, y otras con las que discrepan, como el aumento del 6% en las cuantías de las bases máximas de cotización, por sus potenciales efectos "adversos", según el posconvergente Genís Boadella, informa Europa Press. Escrivá aceptó, de entrada, y a petición del PDeCAT, la actualización y flexibilización de la jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad.

El Gobierno se rebela contra un PP que "falta el respeto" a los agentes sociales, a Bruselas y al Parlamento al decir que la reforma es solo "un PowerPoint"

Al ministro sí le ha encendido el desprecio del PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba este mismo jueves que el Gobierno no había presentado un modelo de reforma, sino un "parche para llegar a elecciones".  "El Partido Socialista ha pasado un PowerPoint, unas transparencias. Imaginen si está tan seguro de su modelo que ni siquiera lo quiere comentar, lo quiere discutir, lo quiere poner a disposición de los ciudadanos", dijo desde Valencia.

"Estamos hablando de un texto extraordinariamente detallado y riguroso y hoy [por este jueves] ha sido calificado por el señor Feijóo como un PowerPoint. Yo creo que esto es una falta de respeto, sinceramente", se descargó un irritado Escrivá, quien recordó que el decreto ha sido trabajado con la Comisión Europea, con los agentes sociales y con los grupos, con los que discutió ampliamente en la Comisión del Pacto de Toledo. Por eso las palabras de Feijóo son, para el ministro, también una "falta de respeto" hacia todos ellos.

El PP habla de "parche" porque el sistema acordado cuenta con una cláusula de revisión cada tres años para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a partir de la siguiente actualización del Ageing Report que publica la Comisión Europea también cada tres años, evalúe los ingresos del sistema y, con la participación de los agentes sociales y las Cortes, se determine si hacen falta recursos adicionales. Inclusión defiende que este mecanismo semiautomático de revisión es óptimo, porque permite ajustar el sistema periódicamente, estudiando escenarios, sin partir de medidas extremas que no sean necesarias.

La reforma actual, subrayó Escrivá este jueves, "culmina la modernización de nuestro sistema de pensiones". "Blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros", destacó, para agregar que el decreto "garantiza pensiones, asegura poder adquisitivo" y, todo ello, "en un marco de sostenibilidad absolutamente robusto". Fuentes de la Moncloa subrayaban que la actitud del PP es "muy grave", porque "ha dado la espalda a 11 millones de pensionistas, y sin ofrecer ninguna alternativa". Además, en el Gobierno le reprochan que intente "dificultar el cuarto pago de los fondos Next Generation".

El modelo incorpora un sistema dual de método de cálculo (los 25 años últimos o bien los últimos 29 pero descartando los dos peores), un tratamiento más beneficioso para las lagunas de cotización (que ayuda especialmente a las mujeres cuando tienen hijos), el destope de las bases máximas de cotización, una cuota de solidaridad para los salarios más altos —será del 1% en 2025 y llegará al 6% en 2045— y el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), hasta el 1,2%, que se destinará a rellenar la llamada hucha de las pensiones. El fondo de reserva alcanzará los 120.000 millones de euros en la década de 2040, el momento más crítico porque coincidirá con los años de mayor presión demográfica por la jubilación de los baby boomers.