La primera sesión de trabajo de la misión del Parlament Europeo sobre el uso de Pegasus ha reproducido este lunes el choque entre independentistas y Gobierno sobre los límites del uso de estas herramientas para controlar actividades que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Aunque esta vez fue el eurodiputado del PP y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien defendió que el Estado tiene derecho a utilizar este tipo de herramientas -"siempre con autorización judicial"- para prevenir la comisión de delitos. Un argumento que ha indignado a los dirigentes de ERC, JxCat y la CUP, pero que han compartido los socialistas.

La misión visita este lunes y martes Madrid para investigar el uso de Pegasus en España, dentro de la investigación del uso de este programa espía en diversos países de la Unión Europea. Madrid es la última parada de los eurodiputados que investigan Pegasus, que han pasado ya por Polonia, Hungría, Grecia e Israel.

La misión se reunirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consejera Meritxell Serret y el ex consejero Ernest Maragall, tras encontrarse este lunes con los miembros de la comisión Pegasus en el Parlament, el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro y periodistas y miembros de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Espionaje político

Zoido inició su intervención recordando que España es una democracia plena "con separación de poderes" en la que "no se persiguen ideologías" sino a un "secesionismo dispuesto a subvertir el orden constitucional". Lo hizo después de que los representantes de los tres partidos independentistas denunciaran la "represión del Estado" con el uso del programa espía para perseguir sistemáticamente a políticos, periodistas o activistas del entorno secesionista.

Tras el encuentro, el diputado autonómico Josep Rius (JxCat) calificó de tenso el debate con Zoido y le afeó que cuestionara el informe de CitizenLab, el laboratorio canadiense que denunció la infiltración del spyware Pegasus en móviles y portátiles de 65 dirigentes independentistas. Un informe que cuestionó también el diputado autonómico Oscar Aparicio, del PSC.

"Fui elegido democráticamente como diputado, y por serlo con un programa independentista se me espía" argumentó Rius para rebatir los argumentos de Zoido. La diputada de la CUP Montserrat Vinyet recordó además, a petición de la relatora del informe Pegasus, Sophie In’T Veld, que las infiltraciones en teléfonos como de Aragonès o diputados de la CUP se produjeron en enero de 2020, coincidiendo con la toma de posesión de Pedro Sánchez.

"No se puede seguir equiparando al independentismo con terrorismo o crimen organizado" añadió Vinyet, reclamando que la comisión sirva "para situar al independentismo en el marco de disidencia política".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró por su parte que "Cataluña y el Parlamento Europeo hablamos el mismo lenguaje por lo que respecta a defensa de los derechos y la democracia, no así los representantes del Estado o los eurodiputados españoles". Se refería a Aparicio y a los eurodiputados Ibán García del Blanco (PSOE) y Jorge Buxadé (Vox), además del propio Zoido.

Explicación del Gobierno

Antes del encuentro, el exministro del Interior había explicado en declaraciones a Onda Cero que el PP europeo propuso investigar el uso de este tipo de spyware en países como Hungría y Polonia, donde había indicios de que se había utilizado para interferir en las campañas electorales espiando a abogados, periodistas, jueces y líderes políticos.

Respecto al Catalangate, Zoido cree que los líderes independentistas conocían con anterioridad que el Gobierno les había espiado, pero denunciaron ese espionaje públicamente en 2022 para "volver a recuperar actualidad" en un momento en el que el secesionismo estaba en sus horas más bajas.

Pese a ello, el exministro reclamó al ejecutivo de Pedro Sánchez más diligencia a la hora de explicar lo sucedido. "El Gobierno todavía está a tiempo de poder dar unas explicaciones suficientes a la comisión de investigación", advirtió. Una opinión que reafirmó tras el encuentro con el secretario de Estado.

Victimismo independentista

Más contundente se ha mostrado el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que abandonó la reunión junto al diputado en el Parlament, Alberto Tarradas. Buxadé tachó la misión de "campaña organizada por el separatismo para hacerse víctima" y lamentó que el Gobierno "haya participado de esta farsa", cuando a su juicio debería haber defendido "más espionajes, especialmente tras el golpe de Estado en Cataluña, con las calles incendiadas" argumentó Buxadé.

Rius, por contra, advirtió tras la reunión con los eurodiputados que su grupo "redoblaremos la presión" para que durante la presidencia española de la Unión Europea "se aclare el caso Pegasus y Pedro Sánchez tenga que dar las explicaciones que esta semana ha rehuido escondiéndose tras moción de Vox".

La misión ha provocado además una nueva bronca entre independentistas por la selección de "víctimas" se reunirán con los europarlamentarios. Este martes la misión del Parlamento Europeo solo hablará con dirigente de Esquerra en calidad de víctimas, lamentan tanto Junts como la CUP, que denuncian que el grupo de víctimas "es mucho más plural" y reclaman la inclusión de representantes de Òmnium y la ANC.

"La decisión se toma en la comisión del Parlamento Europeo, en la que Junts no participa" lamentó Rius. Quién sí tiene representación es Esquerra, en la figura de la eurodiputada Diana Riba. Los republicanos, sin embargo, echan la culpa de la selección de entrevistados al PSOE.