Los principales condenados por el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi intentan 'in extremis' evitar su inminente ingreso en prisión. El conocido como 'caso De Miguel', en alusión a quien fuera número dos del PNV en Álava, ha culminado su camino judicial y aborda ya la última fase de cumplimiento de penas que conlleva el ingreso en la cárcel de cuatro de los 14 condenados en la causa. Se trata de quien además de alto cargo del PNV también ocupó un alto puesto de responsabilidad en la Diputación de Álava, Alfredo de Miguel, y de otro alto cargo del PNV alavés, Aitor Tellería. También deberá ingresar en prisión quien fuera director de Juventud del Gobierno vasco, Javier Sánchez Robles. El cuarto condenado con penas de cárcel elevadas es Koldo Otxandiano, con una pena de siete años y seis meses de prisión. En todos los casos los ingresos penitenciarios deberían completarse antes de fin de este mes.

Este caso ha centrado en los últimos casos las acusaciones de corrupción en torno a los procesos de adjudicación de contratos llevados a cabo en Alava hace más de una década. El caso estalló en marzo de 2010 con la detención de algunos de los ahora condenados. La sentencia dio por probado que los condenados planificaron una trama de contactos para la obtención de contrataciones a dedo y el cobro de comisiones en beneficio propio. Una trama de la que participaron altos cargos del PNV, empresarios y otros responsables institucionales, además de las parejas de algunos de los principales condenados. El procedimiento judicial que se inició con su detención se ha prolongado casi 14 años y concluirá en apenas una semana cuando se complete el ingreso en prisión de los condenados, así como la inhabilitación y resto de condenas impuestas.

Sin embargo, las defensas de De Miguel y Otxandiano han exprimido la última posibilidad que les brinda la ley y en el última día para la presentación de alegaciones de suplica ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Alava su indulto. En el caso de De Miguel, que ha cambiado de defensa, alega que tan sólo una de las penas que se le ha impuesto supera los dos años de condena, mientras que el resto -tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación y blanqueo de capitales- tienen condenas inferiores. Solicita por ello que se deje en suspenso su ejecución y que sobre la pena que sí supondría su entrada en la cárcel, tres años por un delito de asociación ilícita, sea indultado.

En el caso de Aitor Telleria, exmiembro de la Ejecutiva del PNV alavés y condenado a más de seis años de prisión -prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita- su defensa reclama un indulto general y una suspensión de pena por enfermedad. Afirma que ha pagado las multas correspondientes y que, dado que la finalidad de la pena es la reinserción social, su internamiento no lo fomentará una vez transcurrido todo este tiempo.

Despidos de cargos públicos

Javier Sánchez Robles fue director de Juventud del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe. Fue condenado por la adjudicación a dedo de contratos a la trama que lideraba De Miguel. La Justicia le impuso una condena de 7 años de cárcel. No se descarta que el último de los condenados, Koldo Otxandiano, también solicite ser indultado para evitar su ingreso en la cárcel.

El Ejecutivo vasco y la Administración, en manos del PNV, ha apurado los tiempos para proceder al despido de los condenados que aún trabajaban en algún puesto de la función pública. Lo han hecho alegando razones de "seguridad jurídica".

Así, a Javier Sánchez Robles, marido de la diputada del PNV en el Congreso de los Diputados, Josune Gorospe, ha sido despedido de la Diputación de Bizkaia, donde trabajaba en el ámbito de Juventud. También el Gobierno vasco ha oficializado el despido de Alfredo de Miguel, aún vinculado a la Fundación Hazi y el de Koldo Otxandiano, que ocupaba un puesto de responsabilidad en el Parque Tecnológico de Álava. En su caso ha sido excluido además de un proceso selectivo en el cuerpo superior de la Administración vasca. Su mujer, Iratxe Gaztelu, condenada también en esta trama, ha sido cesada como funcionaria interina de la Delegación Territorial de Salud en Álava.