El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado como nueva directora de la Guardia Civil a Mercedes González, hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid. Lo ha hecho tras la renuncia de María Gámez por la citación para declarar en una pieza separada del 'caso ERE'.

Marlaska ha puesto en valor a Gámez, a la que ha calificado como "la mejor directora de la Guardia Civil de la historia". El ministro ha querido desligar el reciente caso Cuarteles, donde se investigan hasta 193 obras en cuarteles de la Benemérita presuntamente irregulares, de la renuncia de la ya ex directora de la Guardia Civil.

El titular de Interior espera que la nueva directora "siga la política" que ha marcado Gámez durante los tres años en los que ha estado al frente del Instituto Armado.

"En este Gobierno tenemos unas cotas de profilaxis democrática que son un ejercicio de responsabilidad ante la ciudadanía", ha esgrimido Marlaska para explicar la decisión de la ex alto cargo de Interior para tomar la decisión de dar un paso al lado tras la imputación de su marido.

El caso del marido

El caso de corrupción en el que está implicado el marido de María Gámez -exdirectora de la Guardia Civil-, Juan Carlos Martínez, llevaba atascado desde hace un año en un Juzgado de Sevilla en la fase inmediatamente previa a su imputación. Había sospechas de que incurrió en delitos de prevaricación, malversación y blanqueo. El pasado 16 de marzo, el juez Ignacio Vilaplana, del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, decidió citarle como investigado finalmente.

La investigación se encuadra en una pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía.

En un informe que la unidad investigadora de la Policía Nacional entregó al Juzgado sevillano, se apuntó a que la consultora administrada por la pareja de María Gámez, Job Management Liberty SL, recibió ingresos de empresas, clientes suyos, que previamente habían percibido «cuantiosos» fondos, ayudas, de la Junta de Andalucía.

Él había ejercido previamente de asesor de los consejeros de Obras Públicas y Transporte e Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno andaluz, de ahí que los investigadores interpretaran los pagos como un posible «mecanismo de retribución» irregular posterior a la concesión de dichas ayudas.