La dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil por la imputación a su marido sigue dando que hablar. Al parecer, según ha publicado esta mañana El Debate, Gámez habría adquirido un segundo piso en Málaga abonando su importe al contado. Un pago que coincidiría con los ingresos de 3,1 millones de euros de su marido, al que se le investiga por prevaricación, malversación y blanqueo. Según esta misma información, la ex directora se compró un ático dúplex en la misma ciudad el año en que su cónyuge había cobrado subvenciones públicas procedentes de los ERE de Andalucía.

Siempre según el medio citado, el piso habría sido comprado al contado por Gámez el 2 de julio de 2020, once días después de que finalizara el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. Para entonces, la ex directora de la Guardia Civil llevaba seis meses como jefa del cuerpo. Según el Catastro, se trata de un apartamento de 85 metros cuadrados ubicado junto a la Avenida de Velázquez, en el centro de Málaga.

No ha sido posible conocer el precio exacto del piso comprado por Gámez, pues no consta ningún préstamo hipotecario, pero los portales inmobiliarios de la zona venden pisos similares por precios que rondan los 300.000 euros.

Según la información publicada, el abono en efectivo coincidiría con el presunto cobro de 3.099.918,94 millones de euros por parte de su marido, imputado en el caso Santana Motor, causa judicial derivada de los ERE de Andalucía. El artículo detalla que la cantidad económica habría sido ingresada a través de consultora Job Management Liberty SL, de la que es administrador único desde el 26 de enero de 2012.

El juez que le investiga ha puesto el foco sobre esta compañía al beneficiarse de manera fraudulenta de ayudas públicas procedentes de la Junta de Andalucía durante los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El marido de Gámez había ejercido previamente de asesor de los consejeros de Obras Públicas y Transporte e Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno andaluz, de ahí que los investigadores interpretaran los pagos como un posible «mecanismo de retribución» irregular posterior a la concesión de dichas ayudas.