El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exploran la vía de una dimisión en bloque como vía de empuje para la renovación del órgano. La propuesta parte del vocal progresista Álvaro Cuesta, pero no está claro que la secunden finalmente todos sus compañeros de la misma sensibilidad. Una idea que persigue que el Poder Judicial entre en colapso, se quede sin quórum para tomar decisiones. Pedro Sánchez, puertas para fuera, no quiere entrar en la deliberación del seno del CGPJ ni marcar el paso a los vocales que están más conectados ideológicamente con el Gobierno, pero sí asume que el relevo no será posible hasta después de las elecciones generales previstas para diciembre, por el "secuestro de la Constitución" por parte del PP y la "intervención" de facto del órgano que practica.

El jefe del Ejecutivo fue durísimo este viernes contra el partido de Alberto Núñez Feijóo desde Bruselas, al término de la reunión ordinaria del Consejo Europeo. Por la renovación del CGPJ, como en otras ocasiones, pero también por la reforma de las pensiones, que el líder de los populares criticó ayer jueves desde la capital belga, para irritación máxima del Ejecutivo, que lo acusa de un comportamiento "más desleal" con el país que el que tuvo en su momento su antecesor, Pablo Casado, y más falto de "patriotismo".

En las últimas horas se han sucedido los movimientos en el CGPJ. Primero, la progresista Concha Sáez —elegida en su momento a propuesta de IU— presentó su dimisión, que aún no ha sido aceptada por el presidente suplente, Rafael Mozo. Y dos, la propuesta de Cuesta a sus compañeros para que todos renuncien. Solo si se fueran los ocho vocales de corte progresista (incluido Enrique Lucas, promovido por el PNV, que suele actuar con este grupo, aunque no siempre), el órgano de gobierno de los jueces se quedaría sin quórum (11 votos), ya que los conservadores suman diez vocales. Estos, además, consideran que una dimisión en bloque puede ser castigada como delito y que en todo caso no supondría una disolución del CGPJ, y que además su Comisión Permanente podría permanecer activa para seguir tomando las pocas decisiones que aún retiene, al llevar más de cuatro años en funciones.

Sánchez no quiso entrar a valorar esa hipotética renuncia conjunta. Pero insistió en que la raíz del problema se sitúa en la negativa absoluta del PP a renovar el órgano. Y él, subrayó, no dejará de "criticarlo y rechazarlo" como no cesará de "conminar a Feijóo, si alguna vez logra la autonomía de la derecha que le manda y le marca el paso, que cumpla con el acuerdo que unilateralmente rompió" el pasado octubre.

"Degrada" las instituciones

Ahora bien, añadió, "decir esto es como engañarnos, y lo que está claro es que después de las elecciones, esperemos que con una mayoría progresista más amplia, podamos de una vez por todas hacer ver al PP que tiene que cumplir con la Constitución". Es decir, que el Gobierno asume que las maniobras del sector progresista no servirán para forzar el relevo en el Poder Judicial, porque el PP comanda una "intervención política en toda regla" en él.

El PP, dice, lanza el mensaje de que está "dispuesto a controlar" el Poder Judicial y que lo natural es que los conservadores lo "monopolicen"

Sánchez lamentó el "bloqueo" sin "precedentes" del CGPJ, que se prolonga desde hace ya casi cuatro años y medio. Bloqueo que "degrada una institución muy importante para el correcto funcionamiento de la democracia". El presidente, como hiciera el pasado martes en el Congreso, durante el debate de la moción de censura de Vox, recordó que España ha avanzado en los rankings internacionales de valoración de su democracia, pero si no ha logrado una mejor nota aún es "simple y llanamente porque hay un partido que se opone porque quiere tener intervenido" el CGPJ.

Y si el PP "secuestra la Constitución" y la interpreta conforme a sus intereses "partidistas, y no de país", se debe a que quiere mandar, para el Ejecutivo, un mensaje hacia dentro —que hay un partido "dispuesto a controlar" el Poder Judicial— y hacia fuera, para advertir al conjunto de la sociedad española que "el orden natural de las cosas es que el conservadurismo represente y monopolice el CGPJ en nuestro país". Y esto, dijo, es "inaceptable".

Esa fue la línea seguida también por la mano derecha del presidente, Félix Bolaños, desde Madrid. "Entiendo que haya vocales del Consejo General del Poder Judicial que tengan sensibilidad constitucional y que les preocupe el prestigio de la institución y su propia reputación y que por lo tanto estén pensando en dimitir, pero esa no es la solución". Esta es, únicamente, dijo el ministro a los medios, que Feijóo "cumpla con la Constitución, cumpla la ley y cumpla lo que pacta, porque llegamos a un acuerdo con él para renovar el Consejo".

Números "robustos" y "sólidos"

La comparecencia en Bruselas del presidente también se centró sobre la reforma de las pensiones. Sánchez fue preguntado por los periodistas por el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que señala que el déficit podría aumentar 1,1 puntos en 2050. Sánchez respondió que no ha podido aún examinar el documento porque asistía, obviamente, al Consejo Europeo, pero de entrada expresa su "máximo respeto" al texto de la entidad. El presidente defendió, no obstante, su reforma, y la "solidez y robustez" de los números que la sustentan. Reforma que se ha "trabajado" y acordado con las instituciones comunitarias, y las negociaciones, recordó, no han sido "fáciles". Al final, se ha llegado a un pacto "muy beneficioso" que también comparten los sindicatos: se garantiza la "dignidad" de las pensiones de hoy y de mañana y se asegura la "sostenibilidad del sistema" a corto, medio y largo plazo, y no con "recortes", sino con un aumento de los ingresos vía incremento de las cotizaciones. Y además se incorporan, "por primera vez en 10 años", 3.000 millones de euros a la hucha de las pensiones.

Ha venido aquí [Feijóo a Bruselas] a cuestionar los acuerdos alcanzados con las instituciones comunitarias. Es una deslealtad no al Gobierno, sino al país"

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Pero a continuación Sánchez se lanzó contra Feijóo, por poner como ejemplo la reforma francesa, adoptada por decreto, sin ser acordada con Bruselas y que está siendo contestada fuertemente en las calles, frente al modelo español, que tiene el apoyo de la Comisión Europea, que tiene el sí de los sindicatos y que será convalidada por el Congreso el próximo jueves. Sin generar crispación y violencia en las calles. El presidente observó que jamás pensaba que la "deslealtad con España" que cometió Casado no sería "superada" por Feijóo. Pero eso es, a su juicio, lo que ha ocurrido. "Lo hemos visto de manera evidente y sonrojante", afeó. Unas palabras durísimas y que iban en la línea de lo expresado la víspera por los ministros Nadia Calviño y José Luis Escrivá. El Gobierno entiende que el jefe del PP ha cometido una "torpeza", en palabras de Bolaños, y piensa explotarlo. "A este señor no se le puede sacar mucho de casa", completó el titular de la Presidencia desde Madrid este viernes.

El líder socialista unió su reflexión a lo ocurrido en la moción de censura. En el debate en el pleno, advirtió de que lo que unía a la derecha era su objetivo de "frenar las políticas públicas progresistas" del Gobierno. Así, el planteamiento de PP y Vox es el de "retroceder". Medio siglo, en el caso de la ultraderecha, y "diez años", en el caso de los de Feijóo, que anhelan volver, cree, a la reforma de las pensiones de 2013, que se basaba en la "precariedad y los recortes al Estado del bienestar". "Demuestra una total falta de patriotismo, pero también supone una vuelta al pasado", enfatizó.

Lo que diferencia ambas reformas de pensiones, la de 2013 y la de 2023, es que la primera "se aprobó de manera unilateral", con los únicos votos del PP, recordó, mientras que la actual saldrá adelante con el apoyo de más grupos parlamentarios. Aquella, siguió, "no contó con el apoyo de los agentes sociales".

El presidente subraya que el PP quiere volver a su reforma de 2013, que aprobó de manera "unilateral" y que generó una "contestación social mayoritaria"

En cambio, la primera pata de la modernización de las pensiones —la revalorización de las prestaciones según el IPC— sí fue respaldada "por empresarios y sindicatos", y la segunda, la que ahora se convalidará, cuenta con el beneplácito de las centrales sindicales y "con el aval de las instituciones comunitarias". Además, sostuvo Sánchez, en 2013 hubo una "contestación social mayoritaria", que iba más allá de la ciudadanía progresista, ya que "una mayoría de españoles no quería ver congeladas sus pensiones". La actual se ha aprobado con "paz social".

El enfado del Gobierno es absoluto: "Ha venido aquí [Feijóo a Bruselas] a cuestionar los acuerdos alcanzados con las instituciones comunitarias —reprochó Sánchez—. Es una deslealtad no al Gobierno, sino al país". Y añadió una reflexión: por qué para la derecha las reformas han de "causar dolor social", cuando pueden ser adoptadas a favor de una "mayoría".

Es evidente que el Gobierno quiere exprimir lo que entiende como una debilidad de Feijóo, forzarle a retratarse y admitir, en pleno año electoral, que él haría recortes duros. Pero también para el Ejecutivo no es sencillo de gestionar un informe adverso de la AIReF, organismo que Escrivá presidió justo antes de ser ministro de Inclusión de Sánchez.