El PP ha pedido a la jueza que investiga el caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, que excluya al PSOE como acusación popular de la causa. En un escrito remitido al Juzgado de Intrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, los populares esgrimen que de la investigación pudiese derivar "responsabilidad civil" de la formación.

En la causa están investigados dos cargos socialistas. Uno es el ex diputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. El otro es su sobrino, Thaiset Fuentes, que heredó su cargo como director general de Ganadería en el Gobierno canario de su tío.

La jueza aceptó el pasado 22 de marzo a seis organizaciones como acusaciones populares: la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Fuerza Canaria Unida, Aguaiuris (una organización de usuarios y consumidores) el Partido Popular, el PSOE y Vox.

Sin embargo, les impuso la condición de hacerlo de forma conjunta, esto es, compartiendo abogado. Además, entre las seis debían pagar una fianza por valor de 2.000 euros. El PP también ha pedido reducir esta cuantía a 400 euros.

La causa, en la que el fiscal Anticorrupción en Canarias Jaime Serrano-Jover también ejerce acusación, investiga los sobornos de empresarios canarios y peninsulares al diputado Fuentes Curbelo y su sobrino, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, esperando un trato de favor para conseguir contratos, ayudas públicas o reducción de sanciones.

El general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, también habría recibido sobornos de los empresarios investigados que buscaban que les ayudara por sus contactos, conseguidos por su posición en la Benemérita. Había sido jefe de la Comisaría de Las Palmas antes de ser destinado responsable del proyecto GAR-SI-Sahel.

La AUGC pide personarse en solitario

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido a la juez que le permita ejercer la acusación popular sin el PSOE, PP y Vox en la investigación. La asociación ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, al que tuvo acceso Europa Press, en el que muestra su oposición a la decisión de la juez de acordar una "acción popular unificada" en el procedimiento.

Para la AUGC "es notorio" que cuatro de las entidades que pretenden ejercer la acusación popular son partidos políticos. Y recuerda que la propia ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece que los agentes "no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales".

Así las cosas, recalca que incumplir o rebasar dichos límites legales podría llevarles a incurrir "supuestos disciplinarios muy graves" que podrían traducirse en la anulación de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de la Benemérita.

Filtraciones

La jueza que instruye el caso Mediador también ha abierto diligencias para investigar las filtraciones de la causa a la prensa. La decisión se ha tomado a instancia del abogado de uno de los investigados, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni.

Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la magistrada cree ahora que «las múltiples y continuas publicaciones» relativas al caso Mediador podrían ser constitutivas de un delito de revelación de secretos y ha abierto unas nuevas diligencias para determinar si es así.

La causa se desarrolló bajo secreto de sumario hasta el 14 de febrero, día en el que fueron detenidos once de los doce investigados (en ese momento, Fuentes Curbelo todavía era diputado en el Congreso y la juez se abstuvo de tomar ninguna medida contra él, más allá de consignar en autos los indicios que lo señalaban).

El 13 de febrero, Lorenzo-Cáceres dictó un auto por el que ordenó que, una vez practicadas las detenciones, se levantara el secreto de sumario y las diligencias fueran entregadas a todas las partes, ya que hasta ese momento solo las conocían el Ministerio Fiscal y los equipos de la Policía y la Guardia Civil al cargo del caso.