El Tribunal Supremo concluye en la sentencia sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, cuyo fallo fue adelantado esta semana, que "es obvio" que la petición que se le hizo desde el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, para que informara sobre la investigación en un Juzgado de Madrid sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras una vez se conocían datos de la pandemia fue "'con fines de conocimiento', es decir, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa".

Según los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la razón de pérdida de confianza que alegó Interior para destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, de la que dependía la Unidad de la Policía Judicial que investigaba el caso, fue "confusa". Consideran que la verdadera razón para prescindir del mando fue que se había filtrado a la prensa información sobre la instrucción que lideraba la magistrada Carmen Rodríguez-Medel y que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco.

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La sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero y apoyada por los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico, Luis María Díez-Picazo y María del Pilar Teso, afirma que "la Unidad Orgánica de la Policía Judicial estaba a las órdenes de la Magistrada que dirigía la instrucción sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si la Magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se le informase a ella. Por lo tanto, si a las reservas propias de toda instrucción más las deducibles del artículo 15 del Real Decreto 769/1987, antes citado, se añade la orden expresa de la Magistrada de absoluta reserva, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa Unidad y pretextar para ello "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento".

La sentencia ve inadmisible la "interferencia gubernativa" que Interior pretendía al pedir información al coronel sobre las investigaciones que llevaba a cabo su equipo. "Y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva", añaden los jueces. De haber cedido a las presiones de la cúpula de la Guardia Civil y del Ministerio de Marlaska, Pérez de los Cobos habría incurrido en un delito de revelación de secretos.

El coronel recurrió su cese ante la Justicia, dándole la razón el Juzgado Central Contencioso 8, donde el magistrado Celestino Salgado consideró que hizo bien en no informar a sus superiores sobre una investigación en curso y que la legalidad está por encima de la arbitrariedad.

La Abogacía del Estado, en representación de Interior, recurrió la sentencia y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sí consideró la destitución justificada, devolviendo la razón al Gobierno. El coronel Pérez de los Cobos recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente le da la razón y devuelve la situación a la sentencia de primera instancia, en la que se consideró que debía ser readmitido en su puesto. Para ello fue fundamental el testimonio de uno de sus superiores, el teniente general Laurentino Ceña, quien entonces ocupaba el cargo de Director Adjunto Operativo, el más alto en el Cuerpo.

Ceña indicó que no era verdad que De los Cobos no informase a través de la cadena de mando a la directora de la Guardia Civil, la ya dimitida María Gámez. Lo hizo hasta que la magistrada le indicó que cualquier avance en la investigación tenía que remitirse únicamente a ella.

El teniente general explicó que Gámez le comunicó el 24 de mayo que Pérez de los Cobos iba a ser cesado, a lo que este pidió parar la decisión para averiguar la filtración a la prensa del citado informe. Pero entonces directora fue implacable y rechazó detener una decisión que se había tomado por encima de ella.

Por ello, los magistrados concluen que "la razón determinante del cese fue que no informó de las diligencias" que se estaban realizando y que "la filtración fue el desencadenante, no la causa de la pérdida de confianza".

El cese de Pérez de los Cobos conllevó la renuncia de parte de la cúpula del Instituto Armado de entonces, entre ellos el del propio Ceña, al no compartir los motivos. Junto a él fue apartado el número tres, Fernando Santafé, quien estaba llamado a relevar a Ceña y que también fue crítico con el cese de Pérez de los Cobos.