El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la ex presidenta del Parlament, Laura Borràs, a cuatro años de cárcel. El TSJC, sin embargo, añade la petición de indulto sobre la pena de cárcel para evitar su entrada en prisión. El TSJC condena a prisión a Borràs por el delito de falsedad documental, y a una pena de trece años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, y multa de 36.000 euros, lejos de los 144.000 solicitados por la Fiscalía.

La resolución incluye un voto particular discrepante que considera
que Borràs no cometió falsedad y entiende que la inhabilitación debe
afectar sólo a cargos con facultad de contratación. La sentencia impone a Isaías Herrero dos años de prisión y a Andreu Pujol un año y dos meses. Ambos llegaron ha un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos, a cambio de una rebaja de la petición de condena.

La sentencia considera probado que la adjudicación directa a Herrero de la creación, desarrollo y mantenimiento de la web de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), "en el momento y en las condiciones en que quedó consolidada, prescindiendo de todo procedimiento regular, hizo quebrar todos los principios que rigen en materia de contratación pública".

Ente ellos, añade la sentencia, "los principios de publicidad y transparencia, de libre acceso y concurrencia" y de "no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, además de la libre competencia en la conformación de los precios",

Prevaricación y falsedad documental

Borràs ha sido juzgada por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para beneficiar a un colaborador, Isaías Herrero, por valor de 335.000 euros. La Fiscalía pedía por ello condenarla a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.

Durante el juicio, Borràs se escudó en una supuesta trama judicial en su contra para negar todas las acusaciones de concesión a dedo de contratos en favor de Herrero. La presidenta de JxCat aseguró que «no podía imaginar ser investigada; no por ser aforada sino porque trabajo hecho en la ILC era legal», y concluyó que «la única razón» de esas acusaciones es la construcción de un caso en su contra.

"Si miro cuándo se producen determinadas actuaciones de carácter judicial, coinciden con mi vinculación política posterior a mi trabajo a en la ILC. Investigaciones se corresponden a momento de lawfare" aseguró.

El futuro del Parlament

La sentencia debe servir además para dirimir quién ocupa la presidencia del Parlament. La republicana Alba Vergés ha ejercido las tareas de la presidencia como vicepresidenta primera, pero JxCat se ha negado a sustituir a quien también es presidenta del partido. Con la sentencia condenatoria por un delito contra la administración pública, la Junta Electoral debe retirar el acta de diputada a Borràs en los próximos día, aunque la dirigente independentista anuncie recurso ante el Tribunal Supremo.

Por tanto, Esquerra y Junts deberán decidir, en plena precampaña de las municipales, si mantienen el pacto que llevó a Borràs a la presidencia del Parlament y a Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat, para escoger a su sucesor. El propio Aragonès dio por muerto ese pacto, pero su partido lo corrigió después, asegurando que la prioridad será acordar con Junts el nombre del próximo presidente.

Aragonès se desmarca

Este mismo jueves, Aragonès insistía por otro lado en que el caso de Borràs no tiene "nada que ver" con los de Clara Ponsatí o Meritxell Serret, juzgadas por su intervención en la preparación del referéndum ilegal del 1-O.

"Es un caso muy complejo y debemos esperar a la sentencia" apuntaba en declaraciones a Ràdio Barcelona. "Creo que es muy diferente una persecución por el referèndum como es el caso de Clara Ponsatí o Meritxell Serret y no es equiparable con el caso de Laura Borràs", ha explicado Aragonès