La llegada de Mercedes Gónzalez a la dirección de la Guardia Civil tiene ya su primera consecuencia. El Consejo programado para este jueves se ha aplazado al próximo día 17 de abril. Será entonces cuando se aborde el punto de “actuaciones para la mejora de la Gobernanza” para que la cúpula del Cuerpo exponga las medidas para combatir la corrupción en la Benemérita. La decisión se tomó el pasado fin de semana.

Esta modificación del orden del día fue incluido por la anterior directora, María Gámez, ante los casos que salpicaban a distintos mandos de la Guardia Civil. Gámez, que dimitió hace una semana al ser llamado a declarar su marido en una pieza separada de los ERE de Andalucía, cedió ante la demanda de las asociaciones profesionales, especialmente AUGC, para tratar el asunto de manera oficial.

Los casos Mediador y Cuarteles han sido los penúltimos terremotos que han sacudido al Instituto Armado. En el primero está investigado y detenido un general de división, Francisco Espinosa Navas, como uno de los “cabecillas” de una trama en la que se beneficiaba a empresarios a cambio de sobornos y dádivas.

Declaración de un coronel

En Cuarteles, un juzgado de Madrid analiza 193 obras en 13 comandancias de la Guardia Civil por valor de 3,3 millones de euros en los que se han detectado irregularidades. El Servicio de Asuntos Internos (SAI) detectó que los trabajos se realizaron a medias o, directamente, nunca se llegaron a realizar. Está imputado el teniente general Pedro Vázquez Jarava, acusado de beneficiar a un constructor canario que también aparece en el sumario del caso Mediador, un coronel de Ávila y otro mando de Alicante.

Precisamente el 17 de abril, el mismo día que en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, sede de la Dirección General de la Guardia Civil, se debata sobre cómo combatir internamente la corrupción, declarará el coronel de Ávila imputado en el caso Cuarteles. Se trata de Carlos Alonso Rodríguez, ex responsable de la Comandancia de Ávila. Lo hará a petición propia para explicar que no ha cometido irregularidades.

El SAI asegura en uno de sus informes que Rodríguez, pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran, según informó Europa Press. Los investigadores subrayan que el uniformado "en un mismo día" y "con escasa diferencia horaria" solicitó, autorizó y ordenó el pago de varias facturas emitidas por empresas del citado constructor, Ángel Ramón Tejera de León. El coronel dice que las obras las encargó por orden de Jarava, ya en el retiro.

Plan de choque de la AUGC

Ante los presuntos casos de corrupción en la Guardia Civil, AUGC ha remitido al Ministerio del Interior un Plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil ya que “en la actualidad ninguna de las leyes que establecen el estatuto de la Guardia Civil contienen ninguna referencia a la corrupción”.

En su plan piden “la creación de una oficina de prevención y lucha contra la corrupción, como un órgano especializado interno, que no dependa de la cadena de Mando”. Este órgano se pondría en marcha en una “comisión de trabajo en el seno del Consejo de la Guardia Civil a fin de analizar, estudiar y evaluar los privilegios que tienen y conservan determinados mandos de la Guardia Civil, incluso cuando han perdido la condición de guardia civil y están retirados, que les permite una relación privilegiada con las unidades del Cuerpo y que es caldo de cultivo de posibles abusos de poder y de extralimitaciones”, apuntan.

Además, para la asociación decana, que tiene entre sus estatutos la lucha contra la corrupción, “deben modificarse las normas que regulan la elección de mandos de la Guardia Civil para ser oficiales generales, para que el proceso respete escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Para AUGC, la persona que esté al frente del cuerpo militar debe “contar y estar rodeado de un gabinete de su elección, dirigido por persona de su confianza, que no sea organizado como si se tratara de una unidad militar más”.

“Este Gabinete Técnico debe ser mixto, compuesto por un miembro del Cuerpo y una persona civil, y no solamente un uniformado como sucede en la actualidad. Quien dirija la Guardia Civil debe tener toda la información y la capacidad real de coordinación de todas las políticas públicas que se desarrollan bajo su autoridad política”, finalizan.