El Gobierno no endurecerá el registro de hijos por gestación subrogada y ataca a Feijóo por su falta de "criterio"

La impactante portada de ¡Hola! de este pasado martes por la noche, con Ana Obregón, de 68 años, saliendo de una clínica de Miami, Florida, con una bebé en sus brazos, ha detonado un casi inagotable debate ético y político sobre la gestación subrogada, una práctica ilegal en España aunque permitida en otros países. Y sobre todo ha agitado a la derecha: ha removido al PP, que ha protagonizado un giro de posición para luego imponerse un frenazo, y ha espoleado a Ciudadanos para presentar de nuevo una proposición para regular la maternidad por sustitución. En la izquierda, las posiciones son, a priori, más claras y unánimes. Tanto el PSOE como Unidas Podemos rechazan por completo la gestación subrogada y recuerdan que está fuera de la ley. Y ambos defienden que por ahora no cabe endurecer la normativa para dificultar la filiación de los hijos nacidos por este método, por el "interés superior del menor". La "desconcertante" posición de los populares, falta de "criterio", a juicio de los socialistas, pero también de los morados, ha servido en bandeja al Ejecutivo un nuevo frente de ataque contra Alberto Núñez Feijóo a menos ya de dos meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M.

Desde el primer momento, tanto la titular de Igualdad, Irene Montero, como la responsable de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y de manera más contundente aún, la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, expresaron su absoluto rechazo a la gestación subrogada. Irene Montero recordó además que la nueva ley del aborto, que entró en vigor el 1 de marzo, aparece entre las violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer y prohíbe expresamente la promoción comercial de la maternidad por sustitución.

El portavoz socialista defiende que hay que "dar una vuelta" a la legislación para impedir que se inscriban "con normalidad a hijos" por subrogación. Pero esa era una "reflexión" sin más, dicen en Ferraz

Este jueves, en La hora de La 1, en TVE, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, parecía abrir la puerta a un endurecimiento de la normativa. "El cuerpo de las mujeres ni se alquila ni se puede comprar [...]. Nosotros tenemos radicalmente claro que esa situación no puede permitirse en nuestro país. Y es verdad que una vez que ese niño se ha tenido, no podemos cargar las culpas al niño, y las administraciones tendremos que buscar una respuesta y una solución, y posiblemente tenemos que dar una vuelta a ese limbo en el que nos vienen niños de otros países, que se han tenido por gestación subrogada, y que no pueden ser los paganos de lo que han hecho sus padres".

López defendió que hay que "dar una vuelta" a la legislación actual para "impedir que nadie tenga o quiera irse al extranjero a buscar fórmulas de alquilar a una mujer para tener a sus niños y que eso no pueda permitirle que cuando llegue a España inscriban con toda normalidad a sus hijos o a sus hijas como si no hubiera pasado absolutamente nada". "Tenemos que reforzar nuestra propia legislación para impedir esto de irse fuera a comprar mujeres. En un país como el nuestro, esto no lo deberíamos permitir, se produzca donde se produzca. Y por lo tanto deberíamos, sin poner carga en el niño, intentar impedir que incluso tampoco en el extranjero se puedan hacer estas prácticas", sostuvo. Para el dirigente socialista, hay que explorar "cuál es la mejor fórmula" para que aquellos que buscan tener un bebé acudiendo a este procedimiento entiendan que es "imposible" en España, "aunque sea alquilando fuera el cuerpo de una mujer".

Fuentes del Grupo Socialista y de Ferraz enfatizaron a El Independiente posteriormente que no se pondrá ninguna iniciativa legal en marcha, que el portavoz simplemente estaba haciendo una "reflexión" en voz alta y que en todo momento hizo hincapié en que no se puede "hacer caer la responsabilidad en el menor". "El problema está en el debate social, debemos analizar de qué forma un ciudadano no puede concluir que los vientres de alquiler son una vía", explicaban. "No hemos dicho nada de que vayamos a cambiar nada, es humo", zanjaron desde Ferraz.

Feijóo echa el freno y dice ahora que abrir el debate no es una cuestión urgente

En la cúpula socialista miran en cambio hacia el PP, por "vivir en la indefinición desde los tiempos de Mariano Rajoy" en este asunto. El último giro sucedió el miércoles, a las horas de conocerse el caso de Obregón. La dirección nacional del PP se inclinó por abrir un debate para regular esta práctica con la exigencia de que sea altruista y que no exista "en ningún caso" una contraprestación económica directa o indirecta hacia la madre gestante.

"¿Son las mujeres meros recipientes?"

Pero este jueves, el líder de los conservadores, desde Lisboa, echó el freno: es partidario de abrir una discusión, dijo, pero "no ahora", porque "no es el momento" en la situación política del país, informa EFE. "Es evidente que el principal problema que tenemos en España en este momento no es cerrar este asunto. El principal problema que tenemos es parar la sangría de excarcelaciones y la sangría de rebaja de penas de los violadores y de los abusadores sexuales en España. Esto es lo urgente, esto es lo prioritario", agregó. El dirigente gallego sí insistió en que hay que debatir más adelante la inscripción en España de niños nacidos por gestación subrogada.

Para Bolaños, Feijóo puede decir "una cosa y la contraria", mientras que el PSOE ha mantenido siempre una postura contraria a "comerciar con el cuerpo de las mujeres"

"Rajoy, Pablo Casado, y ahora Cuca Gamarra en tiempos de Feijóo repiten el mismo mantra sin responder a la pregunta clave: ¿son las mujeres meros recipientes para gestar? —subrayan fuentes de Ferraz a este diario—. No es la primera vez que vemos al PP en verdaderas dificultades en lo que se refiere a su política hacia las mujeres. En Castilla y León se dejan llevar por la política medieval de Vox, y en Madrid están absolutamente despistados, propio de un partido que nunca ha sido feminista, y que vive de espaldas a realidades que no le interesan".

Feijóo, según aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no es que cambie de criterio sobre la gestación por sustitución, porque "para eso debería tener criterio para algo". Puede decir "una cosa y la contraria", mientras que los socialistas han mantenido siempre una postura contraria a "comerciar con el cuerpo de las mujeres".

El jefe de los conservadores, subrayó Bolaños minutos antes de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Madrid, "no sabe nada sobre nada", como ha demostrado, siguió, con la política internacional, la renovación del Poder Judicial, el derecho al aborto y, ahora, los vientres de alquiler. También la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, consideró "otro grave error histórico" de Feijóo que el PP se abra a la regulación de los vientres de alquiler.

Y es que en esta cuestión "no hay división" entre los miembros de la coalición, como recuerdan desde el Ministerio de Igualdad. Cuando se estaba redactando la reforma de la ley del aborto, recuerdan, Podemos quería que se incluyera la persecución en el extranjero de la gestación subrogada, pero Justicia "no lo veía y se cayó de la negociación", precisamente por la dificultad de castigar a quienes firman contratos privados en países donde esta práctica es legal.

Posición fijada desde 2017

Los socialistas fijaron su posición sobre la maternidad por sustitución, de manera taxativa, en el 39º Congreso Federal, en junio de 2017, en el cónclave que entronizó a Pedro Sánchez tras su lucha en primarias contra Susana Díaz. En los meses precedentes, se avivó una discusión interna al calor de un debate social que un entonces más pujante Ciudadanos defendía. Pero las feministas del partido se movilizaron y paralizaron en comisión la enmienda, defendida básicamente por el colectivo LGTBI, que abogaba por los vientres de alquiler. En el siguiente cónclave, el 40º Congreso Federal, de octubre de 2021, se analizaron enmiendas que pedían acabar con la instrucción que permite el registro de los niños nacidos por gestación subrogada. Pero ese cambio no prosperó.

La resolución congresual finalmente aprobada sí insta a "trabajar un marco legislativo que evite que se haga uso de la nacionalidad española para blanquear dicha violación de los derechos de las mujeres", ya que España "no puede contribuir a que las mujeres puedan ser explotadas en otros países por la ciudadanía española". También podía poner énfasis en las "empresas y agencias que mercantilizan con los cuerpos de las mujeres, y aquellas que actúan como intermediarias, prohibiendo y penalizando esta actividad". Este último punto está recogido en la nueva ley del aborto.

La filiación de los niños nacidos por subrogación está regulada por dos instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado: la del 5 de octubre de 2010, que promovió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para preservar el "interés del menor", y la del 18 de febrero de 2019, que actualizó las condiciones de filiación de estos bebés. Ni PSOE ni Unidas Podemos se plantean modificar esas instrucciones, porque "ambos socios", explican en Igualdad, "saben de la dificultad de dejar a niños y niñas en el limbo, en una situación complicada, es muy peliagudo", y España "defiende el interés superior del menor".

El debate interno en el PSOE está ahora mismo cerrado porque el colectivo LGTBI "respeta las resoluciones congresuales" y el apoyo a la práctica ha decaído

El debate interno en el PSOE está cerrado por ahora. "La gente del colectivo LGTBI que lo defendía tiene dudas y es consciente de que los casos altruistas son muy excepcionales. No habrá jaleo alguno en el PSOE y además respetamos las resoluciones congresuales", indica un representante del sector LGTBI del partido. El caso de Obregón, que a sus 68 años ha decidido recurrir a la gestación subrogada para mitigar el vacío por la trágica muerte de su hijo Aless, en mayo de 2020, a causa de un sarcoma de Ewing, ha "abierto los ojos" a muchos, prosigue. El Gobierno, por tanto, no se moverá de la prohibición de los vientres de alquiler —práctica vetada expresamente desde la ley de reproducción asistida de 2006—, pero tampoco pondrá más impedimentos para el registro de los bebés.