El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está atravesando por su peor momento desde que ocupa el cargo. Y ha tenido situaciones muy complicadas, como cuando fue reprobado por el Congreso de los Diputados por los sucesos de la valla de Melilla, acaecidos el 24 de junio de 2022, y en los que murieron al menos 23 inmigrantes.

El ya abrasado ministro ha recibido esta semana un varapalo judicial sin precedentes. El Tribunal Supremo ha anulado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y ha dado la razón al recurrente en los aspectos fundamentales de su reclamación: el ministro pretendió conocer aspectos declarados secretos por la juez instructora y esa negativa a incumplir el mandato judicial fue la causa del cese fulminante; además, añade el Supremo, las razones argüidas por el ministro son falsas. Ahora, según establece la sentencia, el ministro tendrá que restituirle en su puesto e Interior deberá afrontar el pago de los emolumentos que ha dejado de percibir el coronel desde el mes de mayo de 2020, fecha en la que fue apartado de la jefatura de la Comandancia de Madrid.

En esas circunstancias, lo más natural hubiera sido dimitir. O, al menos, reconocer su error. Pero, en lugar de optar por la prudencia, Grande Marlaska ha lanzado una acusación gravísima contra el coronel, al insinuar en sede parlamentaria que éste hizo un mal uso de los fondos reservados durante su etapa como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad al autorizar el pago a confidentes en el llamado caso Kitchen, una operación que supuestamente se organizó desde Interior para arrebatarle a Luis Bárcenas información comprometida sobre el ex presidente Mariano Rajoy.

Así, como quien no quiere la cosa, el titular de Interior ha dejado caer que el coronel de la Guardia Civil cometió varios delitos: malversación, prevaricación, falta de neutralidad... No es extraño que el abogado de Pérez de los Cobos se esté planteando querellarse contra Grande-Marlaska. No es para menos.

Más allá de la estrategia jurídica que pueda elegir el coronel, lo que parece evidente es que la inquina, la falta de criterio y la obcecación de Grande- Marlaska, puestas de manifiesto en este paradigmático caso, le hacen incompatible con el puesto que ocupa.

Vayamos a los hechos. En cuanto a esta acusación espuria (mal uso de fondos reservados), sólo existen dos posibilidades: que el ministro hubiera tenido conocimiento de esos supuestos hechos antes de la destitución del coronel; o bien que esa información le hubiera llegado a posteriori.

Tras la sentencia del Supremo ningún ministro ha salido en defensa de Grande- Marlaska. El presidente está preocupado por este asunto y hasta El País le ha dedicado un editorial acusándole de "tropezar dos veces" en la misma piedra

En la primera de estas hipótesis, Grande- Marlaska debería haber esgrimido esos hechos como causa para la destitución del coronel. Pero no lo hizo. Muy al contrario, el ministro demostró una incoherencia y una inconsistencia argumental propia de los que no dicen la verdad. Primero dijo que el cese había sido consecuencia de una "reorganización de equipos"; después, que se debió a la "pérdida de confianza"; posteriormente, culpó al coronel de "filtración a la prensa" de documentos relativos a la investigación en marcha; a renglón seguido, le acusó de "falta de neutralidad política", y, por último, se ha sacado de la manga el mal uso de fondos reservados. Parafraseando a Groucho Marx, si no le gustan esos argumentos, el ministro puede inventarse otros.

Pero es más, si conocía ese mal uso de fondos reservados y no lo denunció, el propio Grande-Marlaska habría colaborado en el encubrimiento de un delito. ¡Cómo es posible que un juez se meta en un charco como este!

En la segunda de las hipótesis, que tuvo conocimiento de la supuesta colaboración de Pérez de los Cobos en la operación Kitchen después de la destitución, entonces es evidente que esa no puede haber sido su causa.

Por otra parte, Grande-Marlaska debe o debería saber que Pérez de los Cobos ya declaró el 23 de noviembre de 2021 ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que es el instructor de las causas que afectan al ex comisario Villarejo, entre las que está la pieza Kitchen. En su declaración como testigo ante el instructor, el coronel explicó que su función en relación a los fondos reservados era estrictamente la de "contable". Pérez de los Cobos ni conocía ni podía conocer las operaciones para las que tanto el DAO de la Policía como el de la Guardia Civil -sus únicos interlocutores para este menester- le solicitaban dichos fondos.

El coronel no ha sido procesado, ni siquiera imputado en la pieza Kitchen. Y ahora el ministro y ex juez de la Audiencia Nacional le atribuye comportamientos delictivos, enmendándole la plaza a García Castellón, por esos mismos hechos. ¿Se puede ser más torpe?

A todo ello hay que añadir que Pérez de los Cobos sigue siendo -desde el modesto puesto que ahora ocupa- un subordinado del ministro y, como tal y por pertenencia a un cuerpo de carácter militar, está obligado al silencio. Por tanto, no puede defenderse públicamente de las acusaciones de Grande- Marlaska, lo que añade al comportamiento del ministro un flagrante abuso de poder.

Pero hay algo peor para el todavía ministro. Y es que su empecinado comportamiento ha terminado por granjearle el rechazo de algunos ministros e incluso ha provocado disgusto en su principal valedor, el presidente Sánchez.

A Grande-Marlaska no le habrá pasado desapercibido que ninguno de sus compañeros del banco azul haya salido en su defensa tras conocerse la sentencia del Supremo. Ni uno sólo. Tampoco habrá pasado un detalle no menor, como es que el viernes, el editorial de El País (periódico muy en sintonía con Moncloa) le haya dedicado un editorial en el que le acusa de "tropezar dos veces" en la misma piedra.

A Grande-Marlaska le puede salvar el hecho de que Pedro Sánchez acaba de hacer una remodelación de su Gabinete (¿qué hubiese pasado si el presidente hubiera conocido antes la sentencia del Supremo?) y es muy poco probable que haga otra crisis antes de las elecciones generales del mes de diciembre.

Pero, de aquí a entonces, el ministro del Interior será un pato cojo, alguien poco fiable, y cuyo único activo para seguir en el Gobierno es la información que atesora sobre casos muy sensibles.