Los bomberos de España saldrán a las calles a manifestarse si el Congreso no da luz verde a su ley marco antes de que llegue el verano. Así lo han advertido esta misma semana los profesionales de la administración central y también los de las autonómicas y locales. El "bloqueo político" que mantiene en el aire su mandato marco ha provocado la crispación del Cuerpo con el Ministerio del Interior.

"Hemos agotado la vía institucional y no nos queda otra que presionar y salir a la calle", ha advertido Israel Naveso, el presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la asociación de bomberos más representativa que agrupa a los efectivos públicos de todas las administraciones, incluidos los de aeropuertos.

El avance fundamental de la nueva orden pasa por fijar como criterio principal el tiempo de respuesta más corto para acudir a una emergencia. Los agentes advierten de que se presenta un verano "muy duro" en cuanto a incendios y culpan a Interior de tener "atascada" la proposición de ley.

Según explican desde la CUBP, se trata de un "problema político" porque tanto los partidos nacionalistas vascos como los catalanes se oponen a sacar adelante la orden porque consideran que se invadirían sus competencias, mientras en muchas comunidades se mantiene un servicio de bomberos "low cost" basado en voluntarios.

Su tramitación comenzó hace ya tres años, en 2020, con el objetivo de coordinar todos los servicios de extinción de incendios y evitar así las trabas burocráticas que dificultan a los agentes actuar entre comunidades autónomas en incidencias graves. “Es una ley básica que regularía la profesión, que no supone beneficios económicos para los bomberos pero que solucionaría las barreras competenciales", especifica Naveso.

Según la CUBP, hay decenas de situaciones a diario en las que bomberos no pueden actuar por esta inseguridad jurídica. Por ejemplo, un incendio en vivienda en una localidad catalana fronteriza con Aragón, la dotación más cercana no podría moverse de su base porque la competencia es de Cataluña.

En cualquier caso, según el portavoz de Interior de Unidas Podemos en la comisión de Interior, Enrique Santiago, el escrito podrá entrar en vigor antes de las elecciones generales. Al parecer la norma ya cuenta con acuerdos en enmiendas y con los informes de los ministerios de Transportes y de Función Pública.

Un problema grave entre comunidades

El anuncio de hartazgo de los Bomberos llega en plena oleada de incendios. Si hace unas semanas lo que ardía era Castellón, donde se quemaron 4.700 hectáreas de terreno forestal durante siete días, ahora las llamas devoran Asturias. Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y agentes del medio natural siguen con los trabajos de revisión, seguimiento y remate (refrigeración de los puntos calientes dentro de las zonas quemadas) de los incendios forestales en cinco concejos, fundamentalmente en la zona occidental.

Este repunte incendios, que comenzó el pasado 23 de marzo y que ya se da por atajado, ha sido la peor de las registradas en la autonomía desde 2017 al haber arrasado unas 11.000 hectáreas.

En Castilla y León la situación, critican, es "cada vez peor", toda vez que la administración autonómica ha dejado de lado a estos funcionarios públicos que son agentes de la autoridad en beneficio de "voluntarios" que paradójicamente cobran por servicio y que, además, comienzan a rebelarse contra los políticos por sus condiciones laborales.

El problema aún es más grave en el caso de los aeropuertos, especialmente denuncian, desde que en 2010 se privatizó parcialmente AENA, por lo que los bomberos que prestan servicio en estas instalaciones están en un limbo jurídico que les resta competencias básicas al convertirles en "bomberos de empresa".

Incendios provocados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a sugerir este lunes la posibilidad de que los incendios de Asturias y de otras partes hayan podido ser provocados.

“Ha habido en algún momento de más de 130 focos distintos y, en cierta medida, estos anuncian la posibilidad de la intervención de una actuación criminal”, ha dicho el ministro, quien ha reiterado que de mediar “conductas penalmente relevantes”, esas personas serán detenidas y puestas a disposición judicial.

Marlaska ha afirmado que se trata de “conductas, en caso de acreditarse, de una gravedad manifiesta que ponen en riesgo la vida de las personas”, no únicamente de las zonas que arden, sino de servidores públicos como bomberos forestales, miembros de la UME o Guardia Civil, que se han involucrado en la extinción de las llamas.

“Vamos a dejar que se desarrolle la investigación y cualquier posibilidad de provocación o de conductas penalmente relevantes en este ámbito, evidentemente, van a ser perseguidas desde el minuto uno y sus supuestos autores enjuiciados, que a nadie le quepa la menor duda”, ha afirmado el ministro.