Ya parece que no hay marcha atrás. Todo apunta a que finalmente la ley de vivienda, una de las vigas maestras de la legislatura, una norma icónica para el Gobierno de coalición, sí verá la luz. Esta vez sí. Y se espera que dentro de muy poco tiempo. El Ejecutivo está ultimando el texto definitivo con sus socios, y ya está únicamente a la espera de que lo avalen ERC y Bildu.

En el entorno más próximo al presidente, Pedro Sánchez, trasladaban estos últimos días el convencimiento total, absoluto, de que la ley de vivienda estaría lista antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, un desbloqueo que, de cuajar, daría oxígeno a la coalición tras meses de alta tensión a cuenta de la reforma del sí es sí y que sería un potente acicate para la activación de la izquierda en estos comicios. El propio Sánchez lo dio bastante por hecho este mismo jueves en un mitin en Cáceres: "Cada minuto que pasa en estos últimos días estoy más convencido de que esta legislatura también va alumbrar la primera ley de vivienda de la democracia".

Todas las partes guardan prudencia respecto al contenido, precisamente para asegurar que las conversaciones llegan a buen puerto

Ese mensaje de seguridad, de convicción de que esta vez la ley de vivienda sí saldrá aprobada, es corroborado por todas las partes implicadas en las negociaciones: PSOE, Podemos, ERC y EH Bildu. Los dos socios del Ejecutivo insisten en que todo está ya muy maduro, que son "razonablemente optimistas" y que confían en que el texto esté rematado en los "próximos días". "Estamos muy cerca. Esperamos que quede resuelto muy pronto", confirman a su vez desde ERC, que ya ha situado a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, al frente de las conversaciones, señal de que estas han llegado a su último tramo y de que el pacto está a la vuelta de la esquina. Los republicanos deslizan incluso que el anuncio puede ser inminente.

"Confiamos en que haya acuerdo pronto y se sigue trabajando con intensidad, como se ha hecho siempre, para poder cerrarlo lo antes posible", manifiestan por su parte desde el Ministerio de Transportes, impulsor de la medida, y que dirige Raquel Sánchez.

Los socialistas ya tienen el plácet de Unidas Podemos, que tras la llegada del proyecto de ley al Congreso se alineó con los independentistas vascos y catalanes para forzar enmiendas y ampliar el alcance de la norma. Así que ahora el texto está en manos de ERC y Bildu, sin los cuales no puede salir adelante, ya que el PNV, otro de los socios de investidura, está en este caso fuera, al entender que invade las competencias autonómicas. Los dos partidos reconocen que con ellos ya apenas queda el último recodo, los últimos flecos, que "las negociaciones hace semanas que son a tres, entre PSOE, EH Bildu y ERC". Eso sí, todas las partes guardan prudencia respecto al contenido, precisamente para asegurar que las conversaciones llegan a buen puerto.

La participación de Díaz

Uno de los últimos escollos era la limitación a la actualización de los alquileres. Podemos, ERC y Bildu querían topar las subidas de las rentas de manera permanente, pero los socialistas rechazaban esa fórmula: ofrecieron un fijo para 2024 —del 3%, un punto más que el que está vigente en 2023, y que se aprobó en el último paquete anticrisis por la guerra en Ucrania— y que luego esa limitación se fuera acomodando a la coyuntura económica.

Uno de los últimos escollos ha sido la actualización de los alquileres: el PSOE rechazó un tope permanente

Una vez rubricado el acuerdo, la tramitación en las Cortes del proyecto podría ser muy rápida: tras el paso por comisión, lo aprobaría el pleno del Congreso y de ahí la iniciativa marcharía al Senado para su respaldo final, salvo que introduzca cambios que le obliguen a retornar a la Cámara baja.

Por el ala socialista, las negociaciones las ha pilotado Transportes —aunque Economía también puso sus condiciones—, y por los morados, la interlocutora ha sido la líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Pero también ha funcionado un escalón por arriba en las conversaciones: entre el propio Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según indican en el entorno de esta: "Siempre lo han llevado Raquel y Ione, y el presidente y la vicepresidenta. Siempre". No todas las partes, sin embargo, ratifican esa versión. Desde Bildu, por ejemplo, subrayan que Díaz "no ha jugado ningún papel en toda la negociación y no ha participado en ninguna reunión, por mucho que ahora se quiera arrogar el tanto".

Las titulares de Transportes, Raquel Sánchez (i), y Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), flanquean a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 13 de diciembre de 2022, en la Moncloa. EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

Lo cierto es que si finalmente prospera el acuerdo, la ley será un importante balón de oxígeno para el Gobierno y sus socios. Para el Ejecutivo, porque le permite salir del bache del sí es sí a las puertas de la campaña del 28-M con un pacto de enorme relevancia, y que lleva demorándose desde el arranque de la legislatura. El consenso permitirá a ambos incidir en que la coalición, pese a sus constantes tensiones, tiene sentido y que los dos socios al final pueden lucir una importante hoja de servicios. Los morados han sido muy pertinaces en su exigencia de esta ley desde el comienzo de la andadura de la coalición y ahora verían recompensada esa presión. Para ERC y Bildu, también les posibilita anotarse el punto de su utilidad e influencia en el Gobierno a escasas semanas de las urnas.

Estará en el programa marco municipal del PSOE

El PSOE ya ha lanzado el mensaje de que la vivienda será uno de los ejes del viaje al 28-M. Este mismo jueves, el responsable de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, recordaba que se estaba convirtiendo en uno de los principales problemas para la ciudadanía, según el último barómetro del CIS —la vivienda se encuentra entre las ocho primeras inquietudes que afectan directamente a los españoles, por encima de la subida del recibo de la luz, la guerra de Ucrania o el funcionamiento de los servicios públicos—.

El PSOE propone que el parque de vivienda pública ofertado por los ayuntamientos sea "principalmente de alquiler" y con "un sistema público de precios de referencia"

De Celis presentaba en Ferraz los ejes de la conferencia municipal del PSOE que se abre este viernes en Valencia y explicaba algunas de las propuestas que los socialistas llevarán en su programa marco para las locales del 28-M. Entre ellas, que el parque de vivienda pública ofertado por los ayuntamientos sea "principalmente de alquiler" y con "un sistema público de precios de referencia", aunque justo este detalles es uno de los pilares de la ley de vivienda. Ese parque se nutriría de "viviendas ya construidas", adquiriéndolas, y no procederían ni de desahucios ni de entidades bancarias. Además, el PSOE propondrá impulsar la regulación de los pisos turísticos, para "frenar la expulsión de los vecinos por el encarecimiento de los alquileres" y plantea también ceder suelo público para el cohousing (vivienda colaborativa) destinado a personas mayores y "a un precio asequible".

Sánchez cerrará la convención municipal el domingo, con la que el PSOE esprintará definitivamente hacia el 28-M. La ley de vivienda sirve al partido para acentuar su confrontación con el PP, puesto que comunidades en sus manos y con zonas muy tensionadas, como Madrid, ya han advertido de que no aplicarán la limitación de precios de los alquileres que recoge la norma. El despliegue del texto, por tanto, será limitado, pero ese hecho permitirá al Ejecutivo precisamente contraponer su modelo al de los populares. Contrastar políticas.