El ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz y el ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero cambiaron el mismo artículo de la misma ley, el mismo día, provocando una situación insólita en el Boletín Oficial del Estado, que no puede afirmar cuál de los dos se encuentra actualmente en vigor.

Como adelantó en redes sociales el abogado laboralista Robert Gutiérrez, actualmente la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aparece en el BOE con dos redactados distintos de su artículo 16.c y una nota de aviso sobre la anomalía legislativa que ha provocado la descoordinación dentro del Gobierno.

El mencionado artículo hace referencia a las infracciones muy graves en el ámbito laboral, y cuenta actualmente con dos versiones distintas.

La que proviene del ministerio de Trabajo detalla como infracción muy grave lo siguiente: "Solicitar datos de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón de lengua, dentro del Estado español, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Sin embargo, la que procede del ministerio de Igualdad tiene un redactado distinto: "Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado."

Es decir, el texto resultante de la modificación de la Ley de Empleo por parte del ministerio de Trabajo considera infracción muy grave solicitar datos que hagan referencia a la salud del potencial empleado. Pero el texto que nace de la Ley Trans impulsada por el ministerio de Igualdad no lo hace.

El propio BOE hace constar esta anomalía con un mensaje de aviso: "Téngase en cuenta que se modifica la letra c) del apartado 1 por la disposición final 1.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, Ref. BOE-A-2023-5365 y, con la misma fecha de publicación oficial y entrada en vigor, se vuelve a modificar la letra c) por la disposición final 6.4 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366. Se muestran ambas redacciones."