En 2022 la posición de España sobre el Sahara provocó que Argelia suspendiera de manera unilateral el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad con España. Una importante decisión que afectó a nuestras empresas, y que ahora el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha decidido elevar al Parlamento Europeo para que se debata.

Cañas, inscrito en el grupo de liberales europeos, lo ha hecho presentando una pregunta parlamentaria escrita a la Comisión Europea sobre el "boicot" de Argelia a la empresa española. Y es que, según la pregunta presentada, este ataque contra los intereses económicos españoles ha supuesto pérdidas de 1.086,7 millones de euros a las empresas españolas. “La mayoría de las empresas afectadas son pymes que realizan envíos de manufacturas, además de grandes empresas agroalimentarias, tecnológicas y de infraestructuras”, según se afirma en la pregunta parlamentaria.

El vicepresidente de la Comisión y Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reclamado a Argelia que acabe con los obstáculos comerciales impuestos a España, ya que estos perjudican el Acuerdo de Asociación entre la UE y el país del Magreb. Sin embargo, la Comisión no ha aplicado medidas concretas para revertir esta situación.

Ante esta situación, el eurodiputado ha formulado dos preguntas a la Comisión Europea. La primera, sobre las medidas que va a implementar la Comisión para proteger a las empresas europeas afectadas, la mayoría de las cuales son pymes. La segunda, sobre si la Comisión va a adoptar medidas para proteger e implantar el Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia.

La Comisión Europea deberá responder a estas preguntas y tomar medidas concretas para proteger a las empresas europeas afectadas, así como garantizar la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia.

La suspensión unilateral del Tratado de Amistad con España por parte de Argelia no solo afecta a las empresas españolas, sino también a otras empresas europeas que operan en el país del Magreb. El eurodiputado indica que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de proteger los intereses de las empresas europeas y garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países.