Doñana. Parque nacional, el humedal más importante de España y uno de los más importantes de Europa, reserva de la biosfera, patrimonio mundial de la Unesco, entra en campaña. No se contaba con ello, pero la sequía de larga duración que está viviendo el país y su impacto en el mundo del campo y el plan de la Junta de Andalucía de legalizar un millar de hectáreas ilegales —cambiando la calificación de suelos forestales por su "consideración como agrícolas regables con agua superficial"— amenaza seriamente Doñana. Y se ha convertido en un poderoso objeto de debate político de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. Los socialistas calculan que, aunque su postura hoy contraria a ese indulto a más de mil hectáreas de regadío en la corona norte del parque pueda costarles algunos votos, la mayor erosión se la llevará el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Gobierno y partido percuten sobre él y sobre el PP, acusándoles de "atropello" medioambiental y advirtiéndole de que el Ejecutivo no se quedará de brazos cruzados y que llevará la ley andaluza, cuando se apruebe, al Tribunal Constitucional, que la congelaría durante al menos cinco meses.
El PSOE, tanto a nivel federal como regional, y también el Gobierno, empezando por el propio Pedro Sánchez, están combatiendo con dureza la proposición de ley que el Parlamento regional comenzó a tramitar el pasado miércoles con los votos de PP y Vox y que la Junta prevé tener aprobada ya en verano. "¿A qué tanta soberbia, por qué no reconocen el error?", señaló el presidente el jueves desde un mitin en Cáceres.
El mensaje diáfano es que el Ejecutivo hará lo que sea necesario para "salvar" Doñana. Desde luego, acudir al Constitucional
Recordó la evidencia científica sólida existente sobre el riesgo que corre este "paraíso natural", también cómo la Comisión Europea ha advertido a España de que puede imponer sanciones si se "perpetra este atropello", multas que el país tendría que pagar "con los impuestos de todos los ciudadanos". Doñana, dijo, "no es cortijo de nadie y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza". Doñana, en fin, "no se toca", había también repetido la víspera en otro acto de precampaña del 28-M en Burgos. El partido quiere además activar el voto joven, el de las generaciones más concienciadas con la emergencia climática y que han salido a las calles para pedir a los gobiernos compromisos más exigentes. Lo verde, el ecologismo, como gancho electoral.
El PP y Vox "han abierto la caja de los truenos", avisó esta semana también la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, uno de los puntales del Gobierno y mujer que goza de la plena confianza de Sánchez. El mensaje diáfano es que el Ejecutivo hará lo que sea necesario para "salvar" Doñana. Desde luego, acudir al TC, del que obtendrá, por lo pronto, la parálisis de la ley andaluza en cuanto esta quede aprobada por la Cámara autonómica. Por ahora, no se plantea ir a medidas más agresivas como la activación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía.
Que no se repita lo que ocurrió en Almería
Los socialistas están convencidos de que Moreno ha impulsado la proposición de ley, desoyendo las advertencias del Gobierno y de Bruselas, por la cercanía con el 28-M, por su ambición de poder conquistar la Diputación de Huelva y ganar terreno a la ultraderecha en el rural de la provincia. Para que no le ocurra, explica un dirigente onubense, lo que le pasó en Almería, donde Vox se ha hecho fuerte en el poniente, una zona pujante económicamente y sembrada de invernaderos. Hacerse con una entidad provincial —el PSOE gobierna seis de las ocho actualmente— no es poca cosa, porque sería privar al antiguo partido hegemónico de Andalucía de las únicas estructuras potentes de poder que aguanta tras ser desalojado de la Junta, que ocupó durante 37 años.
Doñana le va a costar muchos más votos a Moreno Bonilla que los que pueda ganar en el Condado. Ha abierto la caja de Pandora y le va a estallar en la cara", dicen en el entorno de Espadas
En Ferraz asumen que su posición puede acarrearles pérdidas de votos en los municipios más afectados por los regadíos ilegales, pero subrayan que la cúpula y el Gobierno "antepone el interés general", y que en todo caso el castigo no será muy doloroso. En el PSOE andaluz creen que podría estar en juego un diputado provincial, pero el partido goza de suficiente colchón en la institución: dispone ahora mismo de una holgada mayoría absoluta —16 miembros, frente a nueve del PP, uno de Unidas Podemos y otro de Ciudadanos—. Además, los municipios afectados directamente son solo cinco: Moguer, Rociana del Condado, Bonares —los tres gobernados por el PSOE con mayoría absoluta—, Almonte (lidera un grupo independiente y el PSOE cogobierna) y Lucena del Puerto (con un independiente también al frente), aunque en todos ellos venció el PP en las últimas autonómicas, las de junio de 2021.
"El tema de Doñana le va a costar muchos más votos a Moreno Bonilla que los que pueda ganar en el Condado. En la provincia de Huelva va a perder muchos más de los que pueda ganar en el Condado y por supuesto no le va a sumar en la capital", que el PSOE gobierna también con mayoría absoluta, señalan desde el entorno del líder regional, Juan Espadas. Consideran estas fuentes que el PP provincial ve "solo la pequeña realidad del Condado y su pugna con Vox". "Moreno tiene poco criterio en general, pero en esto especialmente está mal asesorado sobre la potencia que tiene la marca Doñana. Ha abierto la caja de Pandora y le va a estallar en la cara", continúan.
Es una crítica que se escucha estos días a cargos del PSOE de distintos escalones: que el presidente de la Junta ha calibrado mal. Que no se ha dado cuenta de que Doñana está bajo la lupa de la UE, que se ha dejado llevar por "su inexperiencia y su soberbia", pensando que la polémica "sería flor de un día". Y no ha sido así. Es más, la Comisión Europea insistió este jueves en que puede exigir a España, "si es necesario", la protección del Parque Nacional de Doñana y recordó que hay evidencias científicas y técnicas "sólidas" sobre los "efectos adversos" de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, informa EFE. Bruselas, pues, se asegurará de que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2021, tal y como remarcó el portavoz comunitario Tim McPhie.
La directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, ya remitió una carta el pasado 20 de marzo al embajador español ante la UE [aquí en PDF] en la que daba un mes a España para adoptar medidas y remarcaba que la proposición de ley andaluza es una "violación flagrante" de lo dispuesto en la sentencia del TJUE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal. De aprobarse, la Comisión estudiaría todo tipo de medidas, incluido un nuevo recurso ante el TJUE para que imponga a España "sanciones pecuniarias". Por eso, el ministerio de Ribera insistió en que la actitud de Moreno coloca a España ante el peligro de que Bruselas castigue a España como ya ha hecho con Hungría, Polonia o Italia, "congelar los fondos europeos", aduciendo un incumplimiento de la legalidad europea y un desafío a las leyes comunitarias.
Europa ya advirtió en marzo de que la propuesta andaluza era una "violación flagrante" del fallo del TJUE
Pero sobre todo los socialistas creen que el "atropello" medioambiental de Moreno le pasará factura porque está "engañando a los andaluces", ya que "no hay agua para legalizar 1.500 hectáreas de regadíos ilegales. No se puede prometer lo que no se tiene". Se han secado ya tres lagunas permanentes que había en Doñana, la reserva histórica del Guadalquivir está en el 25,6%, la más baja del país, se vive una larga sequía y este marzo de 2023 ha sido el segundo marzo más cálido del último siglo.
"Ya no es el yerno perfecto de la derecha"
Los socialistas creen que este caso ha erosionado la "credibilidad" de Moreno gravemente. "Ya no es el yerno perfecto de la derecha española. Es tan salvaje y tiene los mismos principios radicales de derechas que [Alfonso Fernández] Mañueco [presidente de Castilla y León, que gobierna con Vox]. Esto nos ha permitido desenmascararlo. No hay mal que por bien no venga", analiza un dirigente con muchos trienios en el PSOE-A. "Hacía falta que se le vieran las costuras, porque de moderado no tiene nada, es pura impostura", convergen desde el entorno de Espadas. Doñana, pues, ha servido, a ojos de los socialistas, la oportunidad para agrietar la imagen de un Juanma Moreno templado también en la prensa nacional. Ha sido Doñana, pues, lo que ha permitido hincar el diente al líder de la Junta, convienen en Ferraz.
El PSOE-A ha girado en un año, porque se abstuvo en la primera iniciativa y ahora votó en contra por haberse "roto el consenso"
Antes de las últimas autonómicas, las de junio de 2021, el Parlamento andaluz también tomó en consideración una proposición de ley para indultar más de mil hectáreas de regadío en la corona norte del parque, pero no se tramitó por la disolución de la Cámara y la convocatoria de los comicios. Entonces, el PSOE-A se abstuvo, para enfado de Ribera, pero este pasado miércoles votó en contra, alineado con el Gobierno central. El giro es evidente. En la dirección andaluza sostienen que aquella abstención simplemente significaba una apertura al diálogo, porque hay agricultores que sí "tienen razón" en su demanda de que se legalicen sus suelos. Pero habría que examinar "caso a caso" y con "consenso" de todos los implicados, algo que según el PSOE-A ha "roto por completo para tramitar por la vía de urgencia esta iniciativa mintiendo a los andaluces".
El PP alega que se trata de reconocer como agrícolas un millar de hectáreas de la zona norte, aunque sin permitir ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, muy mermado por los pozos ilegales —la Confederación Hidrográfica ha cerrado ya 1.129— y por la sequía. El derecho a riego se concederá, según la Junta, a través del agua superficial que llegue con el trasvase de los ríos Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, trasvase que está en una fase inicial de obras y que deben acometer el Estado y la Junta. La dirección del PSOE-A, sin embargo, recuerda que el agua del trasvase ya tiene destinatarios: los regantes que tiran de los acuíferos y que cuando esté construido recibirán agua superficial, pero "no es para ampliar zonas regables".
El pasado jueves, desde Ferraz, el secretario de Política Municipal, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, incidía en que la posición de su partido no ha cambiado: pasa por "seguir defendiendo la actualización del plan de 2014, plan consensuado y que se estaba ejecutando" y que paralizaron de forma unilateral PP y Vox. El partido, añadió, comparte la normativa europea y la sentencia del TJUE, y también coincide con la advertencia de que la proposición andaluza "deja prácticamente secos los acuíferos".
El PP pregunta cuál es la alternativa del Gobierno, y Transición muestra su marco de actuaciones de 356 millones. Para Ferraz, el PP se ha agarrado al "populismo cutre" para llevarse la Diputación de Huelva
El portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, preguntó este viernes a los socialistas cuál es la alternativa de Sánchez a "esas 600 familias de Huelva, víctimas del Gobierno socialista en la Junta durante tantos años, que crearon el problema y nunca quisieron solucionarlo". Pregunta a la que desde Transición responden señalando el marco de actuaciones para Doñana, anunciado a finales del año pasado y para el que el ministerio consignó un presupuesto de 356,3 millones de euros, de los que previó que el 33% estuviera en ejecución este 2023. Entre las medidas, presentadas por Ribera en Almonte, figura una partida de 100 millones de euros destinada a la compra fincas y de derechos de agua de los regantes que incidan desfavorablemente sobre el acuífero por la explotación agrícola intensiva.
"Doñana no es un problema de Juanma Moreno y del PSOE", concluyen en Ferraz, sino del presidente de la Junta y de Vox, que "se han puesto la capa del negacionismo científico y el populismo más cutre para ganar unos pocos votos y así tratar de quitar una Diputación al PSOE". "Pero su problema es con el resto de administraciones públicas, incluida la Unión Europea. La cacicada de Moreno Bonilla y Vox en Doñana traerá multas que pagaremos todos los españoles. No hay palabras para describir un ataque así a un lugar único, a un ecosistema sin parangón en Europa. Que vayan viendo en otras comunidades lo que son las alianzas del PP y la ultraderecha. Gestión caótica, atentados ecológicos y populismo cutre", remachan en el cuartel general de los socialistas. Doñana es un objeto más de campaña del 28-M, y el Gobierno y el PSOE no lo piensan desaprovechar.
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