La Justicia española tiene en el horizonte uno de sus mayores problemas. En 10 años se habrá jubilado un tercio de los magistrados en ejercicio en la actualidad. Un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) advierte de que entre 2022 y 2031 se van a jubilar 1.764 jueces.

“Son la generación del baby boom”, apunta Sergio Oliva, miembro de la organización y autor del documento. “Los datos son los oficiales que se publican en el Boletín Oficial del Estado”. El juez hace un trabajo minucioso, de hormiguita, recopilando todos los nombres de compañeros que cuelgan la toga. Cada tres meses actualiza los datos en su cuenta de Twitter.

Según el estudio, en los próximos diez años 1.243 jueces van a cumplir 70 años, la edad forzosa para su jubilación, aunque pueden hacerlo a los 65 o pedir una prórroga para retirarse a los 72.

Los 1.243 jueces que cumplirán 70 años hasta 2031 suponen el 23% de la carrera judicial. No obstante, si se contabilizan las jubilaciones anticipadas, AJFV eleva el porcentaje hasta el 33%.

El estudio explica que en 2022 se han jubilado por ahora de forma anticipada 39 jueces: 26 lo han hecho de forma voluntaria, diez por incapacidad permanente absoluta y tres por incapacidad permanente total.

La conclusión es clara: hace falta ampliar la oferta de plazas a las que se puedan presentar los jueces para que no haya un mayor déficit de magistrados. España, pese a ser uno de los países que más invierte en Justicia a nivel europeo, es uno de los que menos jueces tiene por cada 100.000 habitantes: 11,2, por los 17,6 de la media europea. “Pero según mis cálculos, que por ahora siempre se han cumplido, será peor, y en 10 años estaremos en 10,6”, añade.

El problema es que para que entren más jueces hay que crear más juzgados. En el sistema español el magistrado va ligado a su puesto de trabajo. Crear un juzgado lleva años y miles de euros detrás.

Ley en el Congreso

Esta situación, la de llevar aparejado el cargo, podría solucionarse si finalmente se aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. En estos momentos se encuentra en fase de presentación de enmiendas, donde los partidos presentan cambios antes de que finalmente salga adelante o no.

La clave está en la creación de los Tribunales de Instancia, que sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales, tal y como se conocen hasta ahora. En la nueva organización los servicios que originariamente asistían a los distintos juzgados asistirían ahora al conjunto de jueces y magistrados integrados en un Tribunal de Instancia.

“De este modo, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios”, explicó el Gobierno en el momento de su presentación.
“Según me dicen los partidos, la idea es que esté aprobada antes de verano. Veremos a ver, porque lo haría todo mucho más fácil”, apunta Oliva.

Huelga en Justicia

Pero este no es el único problema que afronta la justicia española. Tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó durante dos meses, ahora los delegados de los sindicatos más representativos en la administración de Justicia han arrancado sus movilizaciones este pasado miércoles frente al Ministerio dirigido por Pilar Llop en la primera de varias movilizaciones para exigir mejoras retributivas y profesionales para todo el personal de Justicia.

Cerca de 1.000 delegados sindicales, según CSIF, comenzaron su protestas esta semana con la esperanza de que el Ministerio presente una oferta económico "concreta y razonable" para iniciar la negociación y "llegar a una solución pacífica", en palabras del responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán.

"Si ha habido un reconocimiento económico para un cuerpo tiene que haber un reconocimiento económico para el resto", ha señalado Jordán en relación al acuerdo alcanzado entre los letrados y Justicia, a quien el miembro de CSIF ha recordado que "una modificación en las retribuciones de un cuerpo tiene un efecto en cascada".

Si no se atienden las demandas sindicales, hay previstos paros parciales de tres horas con carácter indefinido a partir del próximo lunes, así como una huelga general durante todo el día y una gran manifestación en Madrid el miércoles que viene.

Así, finalizado el conflicto con los letrados de la administración de Justicia, el departamento de Llop tendrá que hacer frente durante las próximas semanas a nuevas presiones de asociaciones y sindicatos de funcionarios, jueces, fiscales y abogados.