El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves, 20 de abril, a la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual con una mayoría parlamentaria cimentada entre el PSOE, proponente de la modificación vía proposición de ley orgánica, y el PP. Desde el lunes, el acuerdo entre socialista y populares estaba atado, previa incorporación de las enmiendas propuestas por los de Cuca Gamarra en las Cortes en el dictamen definitivo. Unas enmiendas que para el PSOE suponen simplemente una mejora de "cuestiones técnicas", pero que el PP ha vendido como una "derogación" y un retorno al estadio anterior del Código Penal en este sentido.
En contra de la reforma de la ley del sí es sí, como estaba previsto, se han posicionado los socios de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, así como el resto de socios de investidura del PSOE, véase ERC o EH Bildu. La suma total ha sido de 233 votos a favor, 59 'noes', y 4 abstenciones para el dictamen. Al ser una reforma de ley orgánica, necesitaba mayoría absoluta superior a 176 escaños [hay un diputado menos desde mitad de legislatura al estar el escaño de Alberto Rodríguez, ex de Podemos, pendiente de pronunciamiento judicial]. La votación en conjunto ha sido la misma que la del dictamen. Vox no ha participado.
Durante el debate, la representante socialista de Igualdad, Andrea Fernández, ha trasladado a sus socios morados que "no hay humillación en trabajar por un consenso amplio", algo que responde a las palabras de la ministra de Igualdad tras conocerse el acuerdo con el PP este lunes. Lo valoró de "humillación" de las víctimas. El martes, tras la Comisión de Justicia que votó e incorporó las enmiendas finales al dictamen parlamentario, figuras del PSOE como la portavoz de Justicia Laura Berja o el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, recalcaron que la única humillación es la que están sufriendo las víctimas y no hacer nada por ellas. La idea defendida en el pleno de hoy por el PSOE ha sido que su actuación desde febrero, tras registrar la reforma en la Cámara baja, se ha guiado por la "responsabilidad" para "arreglar" una ley que ha atendido a un goteo imparable de reducciones de penas y excarcelaciones indeseadas que están causando dolor en las víctimas. "Entendemos la política como el ejercicio del consenso y no de la imposición, como el ejercicio del diálogo y no del insulto", ha recalcado Fernández para justificar su acuerdo con el PP.
La postura previa manifestada por Unidas Podemos, en boca de la diputada Lucía Muñoz, ha sido la de que, con este pacto entre Ferraz y Génova, los socialistas han "entregado los derechos de las mujeres a los reaccionarios". Para los morados, se vuelve "al modelo de la herida en lugar del consentimiento", junto a una derecha que se ha resistido a lo largo del tiempo, ha dicho, a considerar delito y violencia sexual actuaciones como el acoso callejero. "Es un día triste para la democracia y para el feminismo", ha lamentado.
Montero, responsable del ministerio del que sale la ley, que a partir de hoy queda reformada, también ha participado en el debate plenario. Ha arremetido con dureza contra el PSOE, pero, aun así, la coalición sigue a flote. "Hoy nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo mejor que sabemos hacer las feministas, seguir adelante". Al igual que Muñoz, la ministra ha valorado como retroceso "al esquema penal anterior" la reforma, después de tiempo trabajando "en una respuesta unitaria, buscando el acuerdo y cediendo por encima de nuestras posibilidades". Un esquema que diferenciaba entre abuso y agresión. Ahora, para Montero, "la credibilidad de las víctimas" vuelve a estar "en las heridas que sufran tras la agresión sexual. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien hay una pugna electoral paralela por la emergencia de Sumar y la hegemonía en la izquierda del PSOE, ha seguido la intervención desde su escaño frente a la ausencia de Pedro Sánchez, que ha viajado al Parque Nacional de Doñana para hacer una visita institucional.
De esa ausencia se ha hecho eco el PP tras acordar el cambio en el Código Penal con el PSOE. "Es el culpable y está ausente", ha clamado la portavoz del PP Cuca Gamarra. Ella ha intentado retratar a un Gobierno que estaba alertado de las consecuencias, ha dicho, y, con todo, aprobó la ley con una mayoría parlamentaria que dejó en evidencia al poder legislativo. Gamarra ha señalado que el presidente del Ejecutivo, pese al movimiento, no se guía por la sangría de rebajas de penas y el dolor de las víctimas y su entorno, sino por la "sangría electoral" de cara al 28-M y a las generales de diciembre. Vox, que ha destacado en el pleno por no participar en la votación, insiste en la necesidad de seguir la senda punitivista y reforzar aún más el Código Penal e incluir conceptos como la cadena perpetua.
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