Los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, serán exhumados este lunes 24 de abril. Así lo ha confirmado el Gobierno, en una noticia que ha adelantado la Cadena SER, y que se produce a consecuencia de la petición que la propia familia de José Antonio había realizado para sacar sus restos del Valle de los Caídos.

La familia de Primo de Rivera se adelantó al Gobierno y solicitó por su cuenta el pasado 10 de octubre que los restos de su antecesor fueran exhumados para ser trasladados posteriormente a un cementerio, sin especificar cuál.

Para ello, los Primo de Rivera ya habían solicitado los permisos necesarios tanto al abad del Valle de los Caídos como a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid.

Ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha confirmado este jueves en Barcelona que el Gobierno exhumará los restos de José Antonio Primo de Rivera de la basílica del Valle de los Caídos, el próximo lunes 24 de abril.

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Primo de Rivera será enterrado de nuevo en el cementerio de San Isidro, en Madrid, donde ya se encuentran los restos de varios familiares. El pasado mes de octubre su familia se adelantó a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y solicitó al Gobierno la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos. Este lunes 24 de abril se cumplen 120 años del nacimiento del fundador de Falange.

Los familiares solicitaron la salida de Primo de Rivera antes de que el valle --ahora llamado Cuelgamuros-- se convirtiera en cementerio civil con la entrada en vigor de la Ley de Memoria, que entró en vigor el pasado mes de octubre. De este modo querían cumplir la voluntad manifestada en su testamento.

"Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión Católica, Apostólica, Romana, que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz", señala una de las cláusulas, según recogía el comunicado emitido por la familia.

Cabe señalar que Primo de Rivera, como víctima de la Guerra Civil, tiene derecho a permanecer inhumado en el Valle de los Caídos bajo los preceptos de la nueva ley. Dicha norma, impide sin embargo que 
la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista en lugares preeminentes de acceso público.

Exhumación de Quipo de Llano

Bajo ese precepto, se ordenó la retirada de los restos mortales del general Gonzalo Queipo de Llano --que participó en el golpe de Estado de 1936-- y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, merced al requerimiento realizado por el Gobierno Central.

Por esta misma disposición de la norma, aún está por decidir si deben seguir el mismo camino el general José Moscardó y el teniente general Jaime Milans del Bosch, ya que ambos permanecen inhumados en el sepulcro del Alcázar de Toledo junto a otros 200 cuerpos aproximadamente.

Los dos forman parte del total de 1.785 personas que permanecieron encerradas en el interior del Alcázar de Toledo durante 68 días en el año 1936, hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil para el Ejército franquista.

Los monjes pendientes de un real decreto

Respecto a la congregación de monjes benedictinos que residen en el Valle, el Gobierno tiene que aprobar un real decreto que establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros, determinará su organización y funcionamiento y ordenará, entre otras cosas, si los monjes pueden permanecer o deben abandonar el lugar.

El Ejecutivo tenía intención de aprobar este real decreto "con la mayor celeridad posible", según indicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a Europa Press poco después de entrar en vigor la ley. Sin embargo ya han pasado seis meses sin que el Ministerio haya informado de avances en este punto.

Además, la Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes, "con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo" o hagan "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas", según recoge la ley.